Intervención de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen por el que se condena los actos de violencia política contra las mujeres.
Lorena Cuéllar Cisneros (LCC): Con su permiso, señor presidente. Compañeras y Compañeros Senadores,
Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeras de la Comisión para la Igualdad de Género por sacar adelante el dictamen de la propuesta que traje a esta Tribuna sobre un tema bastante delicado en muchos lugares de nuestro país: la violencia política de género.
La ONU nos ha calificado como uno de los veinte peores países en cuestión de violencia de género, y, por ello recientemente fue presentado el protocolo para emitir la llamada “alerta de género”, siendo la primera de ellas en 2014, a causa de la violencia y muertes que se presentaron en Guanajuato y más tarde, en 2015 por la cantidad de defunciones en el Estado de México.
Esta problemática no se ha limitado sólo a feminicidios, violencia en el hogar, acoso laboral o abuso sexual, sino también en la violencia política de género, misma que se gesta con la intención de inhibir la participación política de las mujeres de forma activa en la toma de decisiones.
Este es un concepto que a nivel Latinoamérica se está presente desde el año 2 mil, en la lucha de varias Concejalas de Bolivia que evidenciaron el problema y propusieron medidas legislativas, dando como resultado la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
Nuestro país ha suscrito múltiples instrumentos internacionales sobre el derecho de las mujeres a participar en los asuntos y funciones públicas; nuestra Carta Magna y marco jurídico consagran el principio sustantivo de igualdad y equidad de género, y desde esta Cámara seguimos trabajando en Comisiones este tema.
Sin embargo, continúan presentándose casos de asesinato, desaparición, extorsión, intimidación y todo tipo de violencia hacia las mujeres que han sido precandidatas, candidatas, dirigentes, presidentas municipales, gobernadoras, colaboradoras o funcionarias en casi todas las entidades federativas a cualquier nivel de gobierno.
Tlaxcala es uno de los estados donde además de tener cifras alarmantes de atentados en contra de la integridad de mujeres, encontramos situaciones en donde autoridades y titulares presentan conductas discriminatorias que pueden ir desde los comentarios públicos de corte sexista hasta evitar autoritariamente su participación en funciones propias de la embestidura y responsabilidad pública.
Esto se encuentra ampliamente documentado en casos como el ocurrido en la Capital, donde el alcalde, limitó las funciones de su Síndico, a causa de que en ejercicio de sus funciones dicha funcionaria exhibió los excesos y opacidades del gobierno; teniendo como respuesta además de la violencia política en su contra, el ser presionada de manera económica socavando su ingreso y el de su personal.
Este lamentable acto, tuvo como respuesta el silencio y la omisión por parte del entonces Gobernador, mismo que siempre demostró su consentimiento a este tipo de actos deplorables, como en los recientes comicios electorales en el estado.
Acciones de este tipo favorecen a que muchas mujeres con una gran trayectoria desistan de sus actividades, vulnerando su derecho a participar en la vida pública de su comunidad.
La FEPADE reconoció este problema al tiempo de hacer notar la falta de legislación en la materia, por lo que emitió un protocolo en el que se establezcan las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con la intención de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.
Sin embargo, esto ha sido claramente insuficiente y cientos de delitos quedan impunes además de que se continúa violentando a mujeres día a día ante la falta de medidas coercitivas en la legislación y la coacción por parte del Estado.
Por lo anterior, doy la bienvenida a este dictamen, aunque reconozco que me hubiera gustado que el resolutivo tuviera mayor contundencia como la propuesta original.
Estamos dando otro paso necesario para intervenir más a fondo y llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de exhibir y castigar a los funcionarios que llevan a cabo estas conductas en los Gobiernos locales.
Es cuánto.
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