Ante la debilidad del sistema penitenciario mexicano para resguardar en prisión a Joaquín Guzmán Loera, su extradición, después de desahogados los procedimientos judiciales y con la aplicación de los tratados internacionales respectivos, debe verse como una acción necesaria.
Pero hay que recordar que Joaquín Guzmán Loera mantiene pendiente la conclusión de causas penales en tribunales mexicanos y la compurgación de las condenas que tiene dictadas y pendientes de ello.
Queda pendiente en México conocer información sobre sus cómplices, y sobre el esquema político y económico que le permitió construir todo un imperio en el crimen.
No hay que festejar que el Estado Mexicano no fue capaz de procesar al mayor delincuente que ha existido en México y no fue capaz de garantizar su aprisionamiento.
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