Iniciativa del senador Miguel Barbosa en materia de Seguridad Interior


Barbosa

CONTENIDO MÍNIMO DE UNA LEGISLACIÓN DEMOCRÁTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR

El Estado constitucional debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar en condiciones de normalidad las amenazas que afecten a la sociedad, la integridad y patrimonio de las personas, así como la funcionalidad de las instituciones. Sin embargo, cuando la amenaza sea de mayor intensidad, gravedad o amplitud -ya porque la misma se prolongue en el tiempo o abarque a sectores amplios de la población- será necesaria la implementación de medidas no sólo por los cuerpos civiles de seguridad, sino de manera excepcional por las Fuerzas Armadas.

Por tanto, la regulación normativa que atienda estas amenazas a la seguridad interior que se propone en la presente iniciativa contiene sustancialmente los siguientes elementos:

1.- ESTABLECIMIENTO NORMATIVO DEL REGRESO A LOS CUARTELES DE LAS FUERZAS ARMADAS. La discusión y emisión de una Ley de Seguridad Interior debe partir de la situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de seguridad pública.

Esto conduce a fijar en las disposiciones de la Ley una ruta crítica que, reconociendo esta realidad, plazos, condiciones y procedimientos para permitir un regreso gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles –Lo cual se realiza en el régimen transitorio de la presente iniciativa-.

Dicho regreso podría estar determinado por las siguientes condiciones:

  1. a) En un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley general en materia de seguridad pública, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizará una evaluación de las capacidades de los cuerpos policiacos en aquellos lugares donde actualmente la función de seguridad pública es realizada por las Fuerzas Armadas y fijar si la autoridad civil, sea federal, local o municipal cuenta ya con la fortaleza institucional para encargarse de la seguridad publica en el ámbito territorial respectivo.
  2. b) Si de los resultados de la evaluación resulta que la corporación policiaca cuenta con las capacidades y fortalezas institucionales para encargarse de la seguridad pública en el ámbito territorial respectivo, el Secretario Ejecutivo lo informará al Titular del Ejecutivo del nivel de gobierno respectivo para que la corporación policiaca asuma completamente la función de seguridad pública y al Titular del Ejecutivo Federal para que ordene a las Fuerzas Armadas su reincorporación a sus actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar.
  3. c) En caso de que la corporación policiaca en cuestión, después de la evaluación respectiva, no cuente aún con las capacidades requeridas, el Secretario Ejecutivo gestionará la aplicación del mecanismo de intervención de la policía municipal o estatal que corresponda en los términos de ley general respectiva.

2.- TENER UNA ACTIVACIÓN CLARAMENTE EXCEPCIONAL. Esto significa que la legislación debe tener como condición previa para su aplicación la constatación de la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender la amenaza a la seguridad interior.

Actualmente se encuentra en proceso legislativo una reforma constitucional –la cual fue aprobada por el Senado y la minuta respectiva está radicada en la Cámara de Diputados- en materia de mando mixto policial. Esta reforma propone que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá a su cargo una serie de procedimientos de intervención para garantizar la eficacia de las funciones policiales, los cuales aumentan gradualmente la intensidad de la intervención si la corporación policiaca no adquiere las capacidades necesarias para desempeñar su función. Dicha intervención podría ir desde la mera recomendación de acciones, pasando por la remoción de mandos, hasta la delegación de seguridad pública municipal a la estatal, o de ambas a la federación. En este último caso, la ley general determinará las condiciones y capacidades institucionales que los cuerpos policiacos municipales o estatales deberán adquirir para reasumir sus funciones.

Una Ley de Seguridad Interior que tenga una verdaderamente una aplicación de carácter excepcional debe contener en sus disposiciones el mecanismo por el que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determine que  una vez implementados todos los mecanismos de intervención que la ley general respectiva establece, no fue posible corregir la incapacidad de la corporación policiaca respectiva, lo que redunda en una afectación a la seguridad interior de un municipio, entidad federativa o región. Sólo hasta que se determine la insuficiencia de las corporaciones policiacas civiles, y solo hasta entonces, procederá el inicio del procedimiento para emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior y las medidas que se aplicarán para atender dicha afectación.

 

3.- RACIONALIDAD DE LAS MEDIDAS PARA ATENDER UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR. La ley debe establecer las características de las medidas para atender una afectación a la seguridad interior. Por tanto, dichas medidas deben ser:

  1. Temporales;
  2. Circunscritas a un municipio, entidad federativa, o región determinada;

III.        Proporcionales; es decir, debe existir una relación de fin a medio entre el evento que afecta la seguridad interior y las acciones adoptadas para solucionarlo.

  1. Respetuosas de los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución y los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
  2. No considerar, bajo ninguna circunstancia, como amenazas a la seguridad interior las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales, y
  3. Aun cuando cuenten con principios, supuestos de activación y criterios comunes determinados en la ley, el esquema propuesto permite que el plan de acción se base en un diagnóstico previo que permita diseñar un conjunto de acciones adecuadas para atender y neutralizar la afectación a la seguridad interior así como restablecer las condiciones que permitan regresar a las condiciones de normalidad institucional y orden constitucional anteriores a la existencia de afectación a la seguridad interior.

 

4.- CONTROL PARLAMENTARIO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y PENALES. La alteración de la paz pública por parte de grupos de la delincuencia organizada obedece en muchas ocasiones no sólo a su poder de fuego, sino a la captura o abierta colusión de los grupos criminales con diversas autoridades políticas del lugar.

Sustancialmente, la corrupción genera dos efectos que pueden aceptarse como los más graves para un régimen político:

1.- El primero consiste en la desviación o perversión de la función pública a cargo de la autoridad en la que esencialmente consiste el acto de corrupción. El mismo significa servicios públicos deficientes, agentes estatales que abusan de las personas en lugar de protegerlas, mal manejo del erario y carencia endémica de recursos públicos a causa del mismo, formación de elites económicas originadas en el contubernio con el poder político y no por una actividad económica o tecnológica innovadora, entre otras manifestaciones.

2.- El otro efecto es igualmente pernicioso: La ilegitimidad de las instituciones públicas corruptas. La autoridad venal carece de credibilidad y es generadora de rechazo popular, pues no es vista solución sino como una parte más de los diversos problemas que la sociedad enfrenta.

La ilegitimidad puede constituir un punto de quiebre para las instituciones representativas, ya que provoca que la toma de decisiones dentro del sistema democrático se complique a causa de esa falta de credibilidad que se arroja principalmente sobre los partidos, el Congreso y el gobierno mismo. Esta ilegitimidad de los actores del sistema termina contagiando a la decisión misma, la cual a ojos de la sociedad se vuelve cuestionable, poco creíble, ineficaz o de plano inaceptable.

Por tanto, la Ley de Seguridad Interior debe contener disposiciones que permitan al conocer al Consejo de Seguridad Nacional y a la Comisión Bicameral de la materia conocer un diagnostico en donde se determine la existencia o no de hechos de corrupción por parte de servidores públicos del nivel de gobierno respectivo y que la misma se relacione o haya sido causa de la afectación a la paz pública. El Congreso de la Unión, ya sea en Pleno de alguna de sus Cámaras o por medio de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, también podrá ejercer durante y después la atención a la afectación a la seguridad interior sus funciones de control parlamentario.

Dentro del esquema de un control parlamentario eficaz se propone que el Senado de la República formule objeción al Decreto del Titular del Ejecutivo Federal. Dicha objeción tendrá por efecto ordenar el regreso de los miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea a sus cuarteles.

Dicho informe deberá ser enviado a la Fiscalía General de la República, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que dichos entes públicos obren conforme a sus facultades constitucionales y legales en la determinación de las responsabilidades penales, administrativas y políticas a que haya lugar.


 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

 

Quien suscribe, Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, así como 8, fracción I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La sociedad mexicana se encuentra actualmente atrapada entre el asedio de los grupos de la delincuencia organizada -que se dedican no sólo al narcotráfico sino también al secuestro y la extorsión, entre otros delitos-, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policiacas, la actuación sin un marco legal claro de las Fuerzas Armadas en la labores de seguridad pública y la constante violación a derechos humanos por diversos cuerpos de seguridad, sean civiles o militares.

 

Así, no existe un conjunto de políticas articuladas en materia de seguridad, que se determine a partir de un diagnóstico que arroje claridad sobre la complejidad que representa la criminalidad común, la organizada y la vinculada a la corrupción gubernamental; que cuente con los soportes políticos suficientes –en el Congreso, en la sociedad civil, los partidos políticos y los gobiernos locales- que la hagan viable, sustentable y eficaz en el corto, mediano y largo plazo. En pocas palabras, a cuatro años de haber iniciado este gobierno ha sido incapaz de construir una política de Estado en materia de seguridad.

 

Por el contrario, lo que existe es un conjunto de decisiones inconexas que: A) Muestran improvisación –cuando ocurre un brote de violencia criminal en alguna entidad federativa, la respuesta estatal consiste en trasladar a ésta a las fuerzas federales (Ejército, Marina y Policía Federal), que éstas permanezcan ahí hasta en tanto los criminales se repliegan o explota otra crisis de inseguridad en otra entidad. Cuando se retiran, los grupos criminales retoman la misma intensidad de su actividad delictiva en la entidad-; B) Mantienen dinámicas provenientes del gobierno anterior que ya han mostrado su ineficacia e incluso sus efectos contraproducentes, como la consistente en basar los términos del éxito en el combate a los grupos criminales en su descabezamiento mediante la captura o eliminación de sus líderes sin priorizar del mismo modo la desarticulación total del grupo criminal. A lo largo de los últimos ocho años esta decisión ha provocado la fragmentación de varios grupos de la delincuencia organizada y el surgimiento de nuevos, los cuales en muchos casos abandonan o reducen su actividad en el narcotráfico y en cambio intensifican la comisión de delitos predatorios como el secuestro, la extorsión o la trata de personas. C) Parten de diagnósticos equivocados que confunden las causas de la capacidad de fuego y del poder corruptor del crimen organizado con sus efectos. El ejemplo más claro fue la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Titular del Ejecutivo Federal en diciembre 2014, que proponía, entre otras medidas, la intervención total o parcial –previa aprobación del Senado- por la Federación de aquellos gobiernos municipales de los que se contará con indicios de haber sido infiltrados por el crimen organizado, como si determinados gobiernos municipales fueran la causa del poder corruptor del crimen organizado y que por eso había que someterlos mediante una interdicción funcional desde la Constitución, cuando el fenómeno se explica precisamente a la inversa: La debilidad municipal es causada por la capacidad de la delincuencia organizada de corromper y capturar el funcionamiento de ese nivel de gobierno.

 

Estos factores, junto con la debilidad, corrupción e impunidad que padecen todos los eslabones de la cadena de justicia penal -policías, ministerios públicos, jueces y autoridades penitenciarias- a nivel federal pero sobre todo a nivel local, han provocado que la sociedad mexicana siga padeciendo los peores efectos de la ausencia de una política integral, legitima y sustentable en materia de seguridad: El aumento de homicidios dolosos en lo que va de este año -16 % respecto al mismo periodo de 2015 y 40 % respecto a 2014-; la persistencia de las tasas de secuestros, extorsiones, robo en transporte público –con modalidades terribles y novedosas, como lo son los casos de violación a mujeres en transporte foráneo de pasajeros-, los recurrentes casos de colusión de policías con grupos de la delincuencia organizada en la desaparición forzada de personas.

 

La reforma constitucional aprobada por el Senado en junio pasado y que se encuentra en la Cámara de Diputados para su discusión constituye un primer paso importante en la construcción de esa política de Estado. La conformación de cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno basada en la certificación de capacidades y su evaluación permanente para lograr altos estándares de profesionalización en el desempeño de sus funciones sin duda constituyen un cimiento sólido para la construcción corporaciones policiacas y eficaces.

 

El Estado constitucional debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar en condiciones de normalidad las amenazas que afecten a la sociedad, la integridad y patrimonio de las personas, así como la funcionalidad de las instituciones democráticas. Sin embargo, cuando la amenaza sea de una mayor intensidad, gravedad o amplitud -ya porque la misma se prolongue en el tiempo o abarque a sectores amplios de la población- puede ocurrir que la misma supere las capacidades de la autoridad que debe atender tal amenaza.

 

Por lo anterior, la presente iniciativa establece un andamiaje normativo para la implementación de medidas focalizadas en las que concurran diversas autoridades de manera coordinada o incluso, ante las limitaciones que alguna de ellas pueda padecer, que opere la sustitución de una autoridad por otra que cuente con las capacidades necesarias para enfrentar el evento que afecte la seguridad interior, sea del mismo nivel de gobierno o de uno diverso –federal, de una entidad federativa o municipal, según sea el caso-.

 

Esto ocurre para la atención a la población en caso de desastres naturales, epidemias y pandemias o en el caso de riesgo por sustancias radioactivas, químicas o armas biológicas, sino también de la amenaza que representan las actividades de grupos de la delincuencia organizada cuando los mismos han infiltrado o cooptado total o parcialmente alguna corporación policiaca federal, de una entidad federativa o de un municipio; influyen en el proceso de toma de decisiones de algún ente público municipal, de alguna entidad federativa o federal, y derivado de la comisión de delitos como homicidio, secuestro, extorsión o contra la salud en cualquiera de sus modalidades e hipótesis, alteren de manera grave el orden y la paz pública en algún municipio, entidad federativa o región determinada.

 

Cuando las corporaciones policiacas –federales, de una entidad federativa o municipio respectivo y así se determine por el diagnostico que realice el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, en colaboración con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- no cuenten con las capacidades institucionales para enfrentar la amenaza que representan las actividades delictivas referidas, de manera subsidiaria el Ejecutivo Federal podrá determinar la actuación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las labores de seguridad pública, en donde deberán respetar en todo momento los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia de los que el Estado mexicano forme parte, reservándose la investigación, persecución y sanción de los delitos quedan reservadas a la autoridad civil.

 

Por tanto, la regulación normativa que atienda estas amenazas a la seguridad interior que se propone en la presente iniciativa contiene sustancialmente los siguientes elementos:

 

1.- ESTABLECIMIENTO NORMATIVO DEL REGRESO A LOS CUARTELES DE LAS FUERZAS ARMADAS. La discusión y emisión de una Ley de Seguridad Interior debe partir de la situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de seguridad pública.

 

Esto conduce a fijar en las disposiciones de la Ley una ruta crítica que, reconociendo esta realidad, plazos, condiciones y procedimientos para permitir un regreso gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles –Lo cual se realiza en el régimen transitorio de la presente iniciativa-.

 

Dicho regreso podría estar determinado por las siguientes condiciones:

 

  1. En un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley general en materia de seguridad pública, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizará una evaluación de las capacidades de los cuerpos policiacos en aquellos lugares donde actualmente la función de seguridad pública es realizada por las Fuerzas Armadas y fijar si la autoridad civil, sea federal, local o municipal cuenta ya con la fortaleza institucional para encargarse de la seguridad publica en el ámbito territorial respectivo.

 

  1. Si de los resultados de la evaluación resulta que la corporación policiaca cuenta con las capacidades y fortalezas institucionales para encargarse de la seguridad pública en el ámbito territorial respectivo, el Secretario Ejecutivo lo informará al Titular del Ejecutivo del nivel de gobierno respectivo para que la corporación policiaca asuma completamente la función de seguridad pública y al Titular del Ejecutivo Federal para que ordene a las Fuerzas Armadas su reincorporación a sus actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar.

 

  1. En caso de que la corporación policiaca en cuestión, después de la evaluación respectiva, no cuente aún con las capacidades requeridas, el Secretario Ejecutivo gestionará la aplicación del mecanismo de intervención de la policía municipal o estatal que corresponda en los términos de ley general respectiva.

 

 

2.- TENER UNA ACTIVACIÓN CLARAMENTE EXCEPCIONAL. Esto significa que la legislación debe tener como condición previa para su aplicación la constatación de la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender la amenaza a la seguridad interior.

 

Actualmente se encuentra en proceso legislativo una reforma constitucional –la cual fue aprobada por el Senado y la minuta respectiva está radicada en la Cámara de Diputados- en materia de mando mixto policial. Esta reforma propone que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá a su cargo una serie de procedimientos de intervención para garantizar la eficacia de las funciones policiales, los cuales aumentan gradualmente la intensidad de la intervención si la corporación policiaca no adquiere las capacidades necesarias para desempeñar su función. Dicha intervención podría ir desde la mera recomendación de acciones, pasando por la remoción de mandos, hasta la delegación de seguridad pública municipal a la estatal, o de ambas a la federación. En este último caso, la ley general determinará las condiciones y capacidades institucionales que los cuerpos policiacos municipales o estatales deberán adquirir para reasumir sus funciones.

 

Una Ley de Seguridad Interior que tenga una verdaderamente una aplicación de carácter excepcional debe contener en sus disposiciones el mecanismo por el que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determine que  una vez implementados todos los mecanismos de intervención que la ley general respectiva establece, no fue posible corregir la incapacidad de la corporación policiaca respectiva, lo que redunda en una afectación a la seguridad interior de un municipio, entidad federativa o región. Sólo hasta que se determine la insuficiencia de las corporaciones policiacas civiles, y solo hasta entonces, procederá el inicio del procedimiento para emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior y las medidas que se aplicarán para atender dicha afectación.

 

3.- RACIONALIDAD DE LAS MEDIDAS PARA ATENDER UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR. La ley debe establecer las características de las medidas para atender una afectación a la seguridad interior. Por tanto, dichas medidas deben ser:

 

  1. Temporales;

 

  1. Circunscritas a un municipio, entidad federativa, o región determinada;

 

  • Proporcionales; es decir, debe existir una relación de fin a medio entre el evento que afecta la seguridad interior y las acciones adoptadas para solucionarlo.

 

  1. Respetuosas de los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución y los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

 

  1. No considerar, bajo ninguna circunstancia, como amenazas a la seguridad interior las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales, y

 

  1. Aun cuando cuenten con principios, supuestos de activación y criterios comunes determinados en la ley, el esquema propuesto permite que el plan de acción se base en un diagnóstico previo que permita diseñar un conjunto de acciones adecuadas para atender y neutralizar la afectación a la seguridad interior así como restablecer las condiciones que permitan regresar a las condiciones de normalidad institucional y orden constitucional anteriores a la existencia de afectación a la seguridad interior.

 

4.- CONTROL PARLAMENTARIO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y PENALES. La alteración de la paz pública por parte de grupos de la delincuencia organizada obedece en muchas ocasiones no sólo a su poder de fuego, sino a la captura o abierta colusión de los grupos criminales con diversas autoridades políticas del lugar.

 

Sustancialmente, la corrupción genera dos efectos que pueden aceptarse como los más graves para un régimen político:

 

1.- El primero consiste en la desviación o perversión de la función pública a cargo de la autoridad en la que esencialmente consiste el acto de corrupción. El mismo significa servicios públicos deficientes, agentes estatales que abusan de las personas en lugar de protegerlas, mal manejo del erario y carencia endémica de recursos públicos a causa del mismo, formación de elites económicas originadas en el contubernio con el poder político y no por una actividad económica o tecnológica innovadora, entre otras manifestaciones.

 

2.- El otro efecto es igualmente pernicioso: La ilegitimidad de las instituciones públicas corruptas. La autoridad venal carece de credibilidad y es generadora de rechazo popular, pues no es vista solución sino como una parte más de los diversos problemas que la sociedad enfrenta.

 

La ilegitimidad puede constituir un punto de quiebre para las instituciones representativas, ya que provoca que la toma de decisiones dentro del sistema democrático se complique a causa de esa falta de credibilidad que se arroja principalmente sobre los partidos, el Congreso y el gobierno mismo. Esta ilegitimidad de los actores del sistema termina contagiando a la decisión misma, la cual a ojos de la sociedad se vuelve cuestionable, poco creíble, ineficaz o de plano inaceptable.

 

Por tanto, la Ley de Seguridad Interior debe contener disposiciones que permitan al conocer al Consejo de Seguridad Nacional y a la Comisión Bicamaral de la materia conocer un diagnostico en donde se determine la existencia o no de hechos de corrupción por parte de servidores públicos del nivel de gobierno respectivo y que la misma se relacione o haya sido causa de la afectación a la paz pública. El Congreso de la Unión, ya sea en Pleno de alguna de sus Cámaras o por medio de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, también podrá ejercer durante y después la atención a la afectación a la seguridad interior sus funciones de control parlamentario.

 

Dentro del esquema de un control parlamentario eficaz se propone que el Senado de la República pueda formular objeción al Decreto del Titular del Ejecutivo Federal. Dicha objeción tendrá por efecto el regreso de los elementos del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea a sus cuarteles.

 

Dicho informe deberá ser enviado a la Fiscalía General de la República, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que dichos entes públicos obren conforme a sus facultades constitucionales y legales en la determinación de las responsabilidades penales, administrativas y políticas a que haya lugar.

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, de conformidad con el siguiente proyecto de

 

 

DECRETO

 

 

ÚNICO.-  Se expide la Ley de Seguridad Interior, para quedar como sigue:

 

 

 

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

 

 

CAPÍTULO I

OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY

 

Artículo 1.- El objeto de la presente Ley es la delimitación de las circunstancias que pueden generar afectaciones extraordinarias a la seguridad interior; la regulación de las medidas excepcionales que debe implementar el Estado para atención y resolución, así como la definición de las autoridades que deben participar en su ejecución.

 

Artículo 2.- La seguridad interior comprende la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en todo o en una parte del territorio nacional, así como la preservación colectiva de la integridad física y patrimonial de la población y el pleno goce de los derechos humanos y sus garantías, bajo los supuestos comprendidos en las fracciones I, III, IV y VI del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional.

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, constituyen acciones de seguridad interior las medidas excepcionales implementadas por el Estado mexicano para hacer frente a los actos y las circunstancias que puedan generar afectaciones extraordinarias a la seguridad interior.

 

Artículo 4.- Son actos que pueden provocar afectaciones a la seguridad interior, los definidos en las fracciones III, IV, V, VI, VIII, IX, XI y XII del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, cuando generan o se desarrollan bajo las siguientes circunstancias de riesgo, en un municipio, una entidad federativa o una región determinada:

 

  1. I. El impedimento de la ejecución regular de acciones por las autoridades competentes necesarias para la protección de la nación mexicana, frente a amenazas y riesgos internos derivados de la acción del hombre o de la naturaleza, con respecto de:

 

  1. La preservación colectiva de la integridad física y patrimonial de la población;
  2. La operación regular de la infraestructura básica de comunicaciones, salud y protección civil, y
  3. La provisión de los bienes o servicios socialmente indispensables;

 

  1. II. La alteración de la paz pública que amenaza en forma grave la vigencia de los derechos humanos y sus garantías;

 

III. La alteración del orden constitucional que socaba en forma grave y generalizada el funcionamiento regular de las instituciones de gobierno;

 

  1. IV. El impedimento o alteración de la forma democrática de organización política en los distintos órdenes de gobierno, y

 

  1. V. La generación de riesgo actual e inminente de secesión entre uno o más integrantes de la Federación señalados en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

No se considerará bajo ninguna circunstancia como actos que pueden provocar afectaciones a la seguridad interior las movilizaciones de protesta social o que tengan un motivo político-electoral.

 

Artículo 5.- Las medidas de seguridad interior decretadas de conformidad con las disposiciones de esta Ley serán de carácter estrictamente temporal.

 

El decreto que las regule establecerá su vigencia determinada, la que no podrá exceder de un año.

 

La vigencia podrá prorrogarse, una vez vencida, por decreto posterior con plena justificación de la necesidad mantener las medidas conforme a las disposiciones de esta Ley, previa evaluación y mediante la adecuación de las medidas conforme a los resultados obtenidos.

 

Artículo 6.- El decreto que regule las medidas excepcionales de seguridad interior deberá determinar expresamente el ámbito territorial al que habrá de circunscribirse su implementación, con plena justificación por cada comunidad, municipio, entidad federativa, región u otra unidad política territorial que dicho ámbito abarque.

 

En el caso de prórroga de la vigencia de las medidas, el decreto correspondiente deberá justificar nuevamente la necesidad de su aplicación por cada unidad política territorial, expresando los resultados de la evaluación y las adecuaciones que de éstos se desprenden, en los términos de esta Ley.

 

Artículo 7.- Ninguna de las medidas contenidas en el Decreto respectivo, ni su implementación, podrán restringir o suspender el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y su garantías, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de la materia.

 

Ninguna autoridad podrá interpretar o ejecutar las medidas contenidas en el Decreto de manera que tengan como efecto esa restricción o suspensión.

 

Artículo 8.- La restricción o suspensión de derechos y garantías precisará del ejercicio de las facultades que establece el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su legislación reglamentaria.

 

Artículo 9.- Además de los anteriores, el decreto por el que se establezcan medidas especiales de seguridad interior se regirá por los siguientes principios:

 

  1. Necesidad.- Debe contener únicamente las acciones que resulten necesarias para hacer frente a la circunstancia excepcional;

 

  1. Subsidiariedad.- Debe privilegiar las vías institucionales regulares de auxilio o soporte a las autoridades competentes para atender los actos y circunstancias que generan afectación o riesgo actual e inminente a la seguridad interior, en el orden legalmente establecido, antes de la implementación de medidas excepcionales, en cuyo caso, la ejecución de acciones por la autoridad federal en la vía subsidiaria deberá restringirse estrictamente a aquéllas que no puedan ser realizadas con efectividad por la autoridad competente;

 

III. Proporcionalidad.- El grado de intervención de las autoridades subsidiarias en el territorio y durante el tiempo determinados en el Decreto, los instrumentos y equipos que se implementarán, y el tipo y grado de fuerza legítima del Estado cuyo uso se dispone, deberán corresponder estrictamente a las circunstancias a enfrentar, considerando para ello el nivel de afectación a la seguridad interior generado o que puede generarse de forma actual e inminente, así como el potencial del riesgo a que se enfrentan las autoridades subsidiarias que ejecutarán el decreto;

 

  1. Legalidad.- Todas las normas jurídicas que determinan la legalidad de los actos de autoridad resultan aplicables a las acciones que desarrollen las autoridades involucradas en la implementación del Decreto;

 

  1. Transparencia.- Las acciones, sus consecuencias y las evaluaciones que se realicen se rigen bajo las reglas de la máxima publicidad, conforme a la legislación de la materia, y

 

  1. Anticorrupción y rendición de cuentas.- Las autoridades participantes, las acciones ejecutadas y los recursos ejercidos en el marco de la implementación del Decreto estarán sujetas a un régimen especial de fiscalización, control y rendición de cuentas, en los términos de esta Ley y disposiciones que regulan el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Artículo 10.- Las autoridades que implementen las acciones dispuestas por el Decreto deberán someter su actuación, en todo momento y sin excepción, a los protocolos vigentes emitidos por las autoridades civiles correspondientes en materias de:

 

  1. I. Preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías;

 

  1. II. Uso de la fuerza;

 

III. Detención;

 

  1. IV. Cadena de custodia;

 

  1. V. Aplicación de criterios de oportunidad;

 

  1. VI. Aplicación de medidas cautelares;

 

VII. Uso de medidas especiales de investigación, y

 

VIII. Los demás necesarios para regular la debida actuación de las autoridades que ejecutan las medidas de seguridad interior.

 

La actuación de las autoridades debe mantenerse siempre dentro del margen de sus atribuciones y en el ámbito de su estricta competencia.

 

De no estar vigente alguno de los protocolos descritos en este artículo, el Ejecutivo Federal deberá incluirlo como anexo a la emisión del Decreto. Los mismos, se ajustarán a los instrumentos internacionales en la materia de que se trate.

 

Artículo 11.- Los actos, procedimientos, resoluciones, planes, programas y acciones establecidos en el presente ordenamiento quedan excluidos de la regulación establecida en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por lo que para su impugnación serán procedentes el Juicio de Amparo y demás medios de control de regularidad constitucional dispuestos en la legislación correspondiente.

 

CAPITULO II

DECRETO DE MEDIDAS EXCEPCIONALES

PARA LA SEGURIDAD INTERIOR

 

Sección Primera

Formalidades para su emisión

 

Artículo 12.- Las medidas de seguridad interior que se realicen en forma excepcional a la acción regular de las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno, estarán determinadas por el Decreto que emita el titular del Poder Ejecutivo Federal, en los términos de la presente Ley.

 

El Decreto a que se refiere el párrafo anterior podrá ser emitido a solicitud expresa del titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa que su implementación afecte o de la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo de dicha entidad.

 

Artículo 13.- El Decreto motivará de forma amplia y exhaustiva la acreditación de las siguientes circunstancias de hecho:

 

  1. I. La afectación a la seguridad interior o el riesgo actual e inminente de que suceda, conforme a los actos y circunstancias definidos en el artículo 4;

 

  1. II. La parte del territorio nacional en el que se acreditan dichas circunstancias, y

 

III. La temporalidad estimada de vigencia del Decreto, la que no deberá ser superior a un año.

 

Sección Segunda

Objetivos

 

Artículo 14.- El objetivo fundamental del Decreto será la resolución de las afectaciones a la seguridad interior o del riesgo de que sucedan, en la parte del territorio de que se trate, así como el regreso a las circunstancias de normalidad institucional, bajo los siguientes condiciones:

 

  1. Recuperación de las condiciones objetivas de normalidad.- En casos en que las razones de la alteración de las condiciones de normalidad institucional no se deba a un detrimento del propio entramado, las medidas contenidas en el Decreto se dirigirán a recuperar las condiciones objetivas en que éste puede operar con normalidad;

 

  1. Recuperación del entramado institucional.- En casos en que la alteración de las condiciones de normalidad sí se debe a un detrimento del entramado institucional que debe enfrentar las circunstancias que ponen riesgo la seguridad interior, las acciones contenidas en el Decreto también deben dirigirse a la recuperación del propio entramado institucional, y

 

III. Tránsito programado a la normalidad institucional.- El Decreto debe contener los mecanismos, tiempos estimados y evaluación que permita determinar la recuperación de las condiciones objetivas e institucionales y el retorno a la actividad regular del ámbito de gobierno de que se trate.

 

Sección Tercera

Procedimiento para su emisión

 

Artículo 15.- El Titular del Ejecutivo Federal emitirá el Decreto a que se refiere este Capítulo conforme al procedimiento siguiente:

 

  1. Cuando se presente un evento o situación que, conforme a esta Ley, constituya una afectación extraordinaria a la seguridad interior, el auxilio y protección a la población es la función prioritaria de toda autoridad en los tres niveles de gobierno. Para cumplir con esta prioridad, las mismas actuarán de manera inmediata, conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables, hasta en tanto se emite el Decreto que contenga el plan, programas y acciones para atender las causas y consecuencias de la afectación;

 

  1. De manera simultánea a las acciones señaladas en la fracción anterior, el Secretario de Gobernación convocará a la brevedad a los integrantes del Consejo de Seguridad Interior a sesión;

 

III. El Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en coordinación y con la colaboración de las dependencias competentes, elaborará un diagnóstico que contendrá las causas de la afectación a la seguridad interior, las acciones inmediatas para proteger a la población, las medidas urgentes de contención, las autoridades encargadas de implementarlas y el esquema de coordinación entre las mismas.

 

También contendrá una propuesta de programa para superar o neutralizar la afectación, así como los demás elementos de análisis y propuestas de acciones y programas focalizados que establece esta Ley.

 

El diagnóstico se presentará en la primera sesión del Consejo de Seguridad Interior posterior a la convocatoria a que se refiere la fracción anterior. Si la complejidad de la afectación impide contar con diagnóstico completo en esta primera sesión, se contará al menos con uno de carácter preliminar, señalándose una fecha en la que se podrá contar con diagnóstico completo;

 

  1. Los integrantes del Consejo de Seguridad Interior y las autoridades convocadas podrán hacer uso de la voz en la sesión respectiva para abordar cuestiones relacionadas con la afectación a la seguridad interior que motivo la convocatoria;

 

  1. Presentados y analizados el o los diagnósticos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y una vez escuchadas las opiniones que en su caso hayan emitido los integrantes del Consejo de Seguridad Interior y consideradas las recomendaciones que emita la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el Titular del Ejecutivo Federal emitirá el Decreto de afectación a la seguridad interior, en el cual señalará las causas del mismo, los planes, programas y acciones que se adoptarán para superarlas, las autoridades que de manera coordinada o subsidiaria los implementarán, el ámbito geográfico de implementación, su temporalidad, los principios que deberán observar las autoridades, la periodicidad con la que se evaluarán el cumplimiento de objetivos y demás elementos establecidos en el presente Capítulo.

 

Artículo 16.- Las sesiones del Consejo de Seguridad Interior serán privadas y la información que ahí se aporte, genere o produzca será reservada, en los términos de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.

 

Sección Cuarta

Revisión, Evaluación y Control

 

Artículo 17.- El Decreto estará sujeto a mecanismos periódicos de revisión, para el seguimiento de las circunstancias que le dieron origen y, en su caso, su actualización, y de evaluación, para el seguimiento a los resultados obtenidos en su ejecución, respecto del cumplimiento de los objetivos establecidos en éste.

 

Los mecanismos de revisión y evaluación serán internos, conforme lo establezca expresamente el propio decreto, y externos, mediante acuerdo o convenio que suscriba el titular del Ejecutivo Federal con organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades sean acordes con la naturaleza de la afectación a que se hace frente.

 

Los mecanismos de revisión deberán instrumentarse, cuando menos, con una periodicidad trimestral.

 

Los mecanismos de evaluación deberán instrumentarse de forma intermedia, a los seis meses de iniciada la vigencia del Decreto, y final, al término de ésta.

 

Artículo 18.- Toda prorroga al Decreto deberá sustentarse en los resultados que arrojen los mecanismos de revisión y evaluación.

 

Artículo 19.- Toda actualización de las medidas contenidas en el Decreto, así como de los mecanismos dispuestos para su ejecución, deberán ser materia de decretos subsecuentes.

 

Artículo 20.- Los resultados que arrojen los mecanismos de evaluación serán de acceso público y deberán ser publicados por el Ejecutivo Federal y las organizaciones de la sociedad civil participantes en sus respectivos portales electrónicos.

 

Artículo 21.- Los actos, procedimientos, planes, programas, acciones y políticas establecidos en la presente Ley, así como su implementación, serán sujetos de control y evaluación parlamentario, el cual se realizará por medio de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional establecida en la ley respectiva.

 

Artículo 22.- El control y evaluación a que se refiere el artículo anterior podrá realizarse mediante:

 

  1. La citación a servidores públicos integrantes del Consejo de Seguridad Interior para que comparezcan ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. La comparecencia de los mismos se realizará bajo protesta de decir verdad;

 

  1. El requerimiento de informes a los integrantes del Consejo de Seguridad Interior sobre el procedimiento de emisión del Decreto, su implementación o los términos bajo los cuales fue atendida la afectación a la seguridad interior, y

 

III. La emisión de cualquier recomendación al Consejo de Seguridad Interior o al Titular del Ejecutivo Federal que considere pertinente.

 

Artículo 23.- El control y evaluación a cargo de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional será:

 

  1. Previo, cuando se realiza durante el procedimiento para la emisión del Decreto;

 

  1. II. Simultaneo, durante la implementación de los planes, programas y acciones establecidos en el Decreto, y

 

III. Posterior, una vez concluida la vigencia del Decreto.

 

CAPÍTULO III

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE ATENDER UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

 

Sección Primera

Disposiciones Generales

 

Artículo 24.- Todo ente público federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las Alcaldías de la Ciudad de México estará obligado a atender los casos de afectación a la seguridad interior y a proteger a las personas, sus bienes, la planta productiva y los servicios públicos de estas últimas, en el ámbito de su competencia, ya sea de manera coordinada o subsidiaría, conforme a lo establecido en la presente Ley.

 

Artículo 25.- La atención y coordinación en la implementación de acciones y programas para mantener la Seguridad Interior se realizará por medio de un Consejo de Seguridad Interior, que estará conformado por:

 

  1. El Titular del Ejecutivo Federal, quien lo presidirá;

 

  1. El Secretario de Gobernación, quien fungirá como Secretario Ejecutivo;

 

III. El Secretario de la Defensa Nacional;

 

  1. El Secretario de Marina;

 

  1. El Secretario de Salud;

 

  1. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

 

VII. El Secretario de la Función Pública;

 

VIII. El Secretario de Relaciones Exteriores;

 

  1. El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

 

  1. El Secretario de Energía;

 

  1. El Procurador General de la República;

 

XII. El Presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional;

 

XII. El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y

 

XIII. Los Gobernadores de las entidades federativas y los presidentes municipales de las zonas donde presente la afectación a la seguridad interior.

 

El Consejo de Seguridad Interior sesionará a convocatoria de su Secretario Ejecutivo, ya sea cuando surja un evento que a su juicio constituya una afectación a la seguridad interior o para dar seguimiento a la ejecución de planes, programas y acciones determinados en el Decreto respectivo. Los integrantes del Consejo de Seguridad Interior no podrán nombrar suplente. En caso de ausencia del Presidente, el Secretario Ejecutivo presidirá la reunión.

 

La subsidiariedad entre autoridades de un mismo nivel de gobierno o entre diversos niveles del mismo se regirá por lo dispuesto en la Sección siguiente.

 

Artículo 26.- El Secretario Ejecutivo promoverá en todo momento la coordinación entre los diversos niveles de gobierno para el funcionamiento eficaz del Consejo de Seguridad Interior y dará seguimiento puntual al cumplimiento de los acuerdos, programas y acciones determinadas al seno del mismo.

 

Artículo 27.- El decreto por el que se regulen medidas excepcionales de seguridad interior, así como los acuerdos, programas y acciones que determine el Consejo de Seguridad Interior, serán comunicados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para efecto de agilizar el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales de seguimiento, acompañamiento e investigación, así como los vínculos de colaboración por parte de las autoridades encargadas de la implementación de las medidas excepcionales con el órgano protector de los derechos humanos.

 

Sección Segunda

De la Subsidiariedad entre Autoridades

 

Artículo 28.- La subsidiariedad es la sustitución de una autoridad por otra en el ejercicio de una función legamente encomendada, ya sea por la debilidad institucional de aquella o porque la autoridad sustituta cuente con las capacidades idóneas para atender la afectación a la seguridad interior de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.

 

La subsidiariedad podrá ser:

 

  1. Intragubernamental: Cuando la sustitución se realiza entre autoridades de un mismo nivel de gobierno.

 

  1. Intergubernamental: Cuando la sustitución se realiza entre autoridades de diverso nivel de gobierno.

 

Artículo 29.- El Consejo de Seguridad Interior, cuando sea convocado para atender una afectación a la seguridad interior, conocerá un diagnóstico de la misma en el cual se determinarán las capacidades institucionales de la autoridad competente y si es necesario que se actúe de manera subsidiaria, ya sea intragubernamental o intergubernamentalmente.

 

El diagnóstico a que se refiere este artículo será realizado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con el auxilio en el análisis y obtención de información de la dependencias respectivas que integran el Consejo de Seguridad Interior y contendrá los lineamientos establecidos en el Capítulo siguiente.

 

Artículo 30.- Cuando la afectación a la seguridad interior provenga de la acción de personas en los supuestos establecidos en el artículo 4, los planes, programas y acciones que ordene el Consejo de Seguridad Interior para su atención y neutralización priorizarán la actuación de corporaciones policiacas civiles, determinando la subsidiariedad intergubernamental que establezca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Sólo en caso de que el diagnóstico a que refiere el artículo anterior concluya que las corporaciones policiales respectivas carecen de las capacidades institucionales para atender y neutralizar la amenaza a que se refiere el párrafo anterior, los planes, programas y acciones dispondrán la actuación de elementos de la Fuerza Armada permanente, bajo los límites y condiciones señalados en el Capítulo V y demás disposiciones de la presente Ley.

 

Artículo 31.- Tratándose de afectaciones a la seguridad interior derivadas de desastres naturales, epidemias o pandemias, cuando las circunstancias así lo requieran, las Fuerzas Armadas actuarán de manera inmediata en la aplicación del Plan DN-III, conforme a las disposiciones respectivas.

 

CAPÍTULO IV

DE LAS ACCIONES PARA ATENDER Y NEUTRALIZAR AFECTACIONES A LA SEGURIDAD INTERIOR

 

Sección Primera

De la Atención a la Población en Caso de Desastres Naturales, Epidemias y Pandemias

 

Artículo 32.- En caso de que la afectación a la seguridad interior consista en un desastre natural, epidemia o pandemia, el Decreto que el Titular del Ejecutivo Federal emita para atender y neutralizar a la misma deberá contener al menos las siguientes acciones:

 

  1. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo;

 

  1. Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas;

 

III. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y atención en refugios temporales;

 

  1. Coordinación de los servicios asistenciales;

 

  1. La suspensión de trabajos, actividades y servicios;

 

  1. La prestación de servicios públicos prioritarios que sean necesarios para preservar la salud y procurar la alimentación de la población afectada, y

 

VII. Las demás que en materia de protección civil determinen las disposiciones reglamentarias y la legislación correspondiente, tendientes a evitar que se generen o sigan causando daños.

 

El Decreto del Titular del Ejecutivo Federal, además del diagnóstico establecido en el artículo 29, deberá señalar con precisión las acciones que se adoptarán para atender la afectación, su temporalidad y la autoridad encargada de su coordinación y a las que se encomiende su implementación.

 

Artículo 33.- En el Decreto se dispondrá que las autoridades sanitarias competentes podrán utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias y pandemias, los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las disposiciones de la legislación y los reglamentos aplicables.

 

También dispondrá que las autoridades sanitarias determinarán los casos en que se deba proceder a la descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección, desinsectación, desinfestación u otras medidas de saneamiento de lugares, edificios, vehículos y objetos.

 

Sección Segunda

De la Atención a la Población en caso de riesgo por Sustancias Químicas o Radioactivas

 

Artículo 34.- Cuando en opinión de la Autoridad Nacional a que se refiere la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, de la Secretaría de Energía o de la Secretaría de Salud, en su caso, existan sustancias químicas o radioactivas que constituyan una afectación a la seguridad interior, ya sea por actividad humana o por un hecho de la naturaleza, el Decreto respectivo ordenará la implementación de una o varias de las medidas señaladas en el artículo 32 de esta Ley.

 

Sección Tercera

De la Neutralización de Amenazas Constituidas por Grupos de la Delincuencia Organizada en Municipios, Entidades Federativas o Regiones

 

Artículo 35.- Se considera que la actividad de la delincuencia organizada constituye una afectación a la seguridad interior cuando se cuente con información que indique que:

 

  1. Ha infiltrado o cooptado total o parcialmente alguna corporación policiaca federal, de una entidad federativa o de un municipio;

 

  1. Influye en el proceso de toma de decisiones de algún ente público municipal, de alguna entidad federativa o federal, y

 

III. Derivado de la comisión de delitos como homicidio, secuestro, extorsión o contra la salud en cualquiera de sus modalidades e hipótesis, alteren de manera grave el orden y la paz pública en algún municipio, entidad federativa o región determinada.

 

La actualización de alguno de los supuestos anteriores se determinará en el diagnóstico que establece el artículo 29 de la presente Ley, a partir de información de inteligencia que será recolectada y procesada por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, con el auxilio de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad.

 

Toda autoridad que cuente con información relativa a la recolectada conforme al párrafo anterior, deberá ponerla a disposición del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional.

 

Artículo 36.- Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacional de los que el Estado mexicano forma parte.

 

Serán aplicables a todo método de obtención de información de inteligencia los controles judiciales que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece para las técnicas de investigación respectivas.

 

Artículo 37.- En la elaboración del diagnóstico a que se refiere el artículo 29 de esta Ley participará también el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y contendrá un análisis en el que evalúe:

 

  1. Las capacidades institucionales de las corporaciones policiacas municipales y de la entidad federativa respectiva, así como de la federal, para enfrentar y neutralizar al o a los grupos de la delincuencia organizada cuya actividad constituya la afectación a la seguridad interior respectiva;

 

  1. El estado de fuerza, capacidades y dinámicas delictivas del o de los grupos de la delincuencia organizada de que se trate, así como el grado de vulneración que perpetran sobre la población;

 

III. De ser el caso, la vinculación, infiltración o cooptación que ejerzan sobre funcionarios de alguno de los tres niveles de gobierno, y

 

  1. Una propuesta de programa de acción para neutralizar al o a los grupos de la delincuencia organizada de que se trate y que contendrá los lineamientos señalados en el artículo siguiente.

 

Artículo 38.- La propuesta de Programa de Acción se presentará ante el Consejo de Seguridad Interior y deberá ser aprobado por el Titular del Ejecutivo Federal y contendrá al menos lo siguiente:

 

  1. La determinación de si alguna corporación policiaca cuenta con las capacidades institucionales para neutralizar al o a los grupos de la delincuencia organizada de que se trate y de ser el caso, la corporación que cuente con dichas capacidades;

 

  1. La delimitación de los vínculos o complicidades a desarticular entre los miembros de la delincuencia organizada y servidores públicos federales, locales u municipales;

 

III. Una teoría de impacto que permita conocer los efectos que producirán cada una de las acciones que se realizarán para neutralizar al grupo o grupos de la delincuencia organizada;

 

  1. Las bases de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para implementar el Programa así como la designación del servidor público encargado de la implementación, quien reportará al Secretario Ejecutivo y al Titular del Ejecutivo Federal;

 

  1. En caso de que las corporaciones policiacas no cuenten con las capacidades institucionales para enfrentar y neutralizar al o a los grupos de la delincuencia organizada, podrá determinarse de manera excepcional y temporal la participación de elementos de la Fuerza Armada permanente en la implementación del Programa de Acción, bajo los límites establecidos en el Capítulo V de esta Ley, y

 

  1. El conjunto de acciones que los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipales realizarán para depurar y fortalecer a las corporaciones policiacas con el objetivo de construir las capacidades institucionales necesarias para enfrentar al o a los grupos de la delincuencia organizada. También se fijarán los plazos para que el Secretario Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública realice la verificación y evaluación del cumplimiento de objetivos para lograr el fortalecimiento de las corporaciones respectivas, a efecto de privilegiar la actuación de las autoridades policiacas de carácter civil en la implementación del Decreto.

 

Artículo 39.- En caso de que el gobierno de la entidad federativa o municipio cuya corporación policiaca, a causa de su incapacidad institucional, sea suplida en forma subsidiaria por una autoridad federal, no cumpla con los objetivos referidos en la fracción VI del artículo anterior, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con base en el informe que remita el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descontará del rubro de participaciones federales en el ramo de seguridad pública al gobierno de la entidad federativa o del municipio respectivo el monto que corresponda por la prestación del servicio de seguridad pública que realiza la federación.

 

El descuento de la partida mencionada cesará cuando el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determine que el gobierno de la entidad federativa o del municipio respectivo ha cumplido con los objetivos de fortalecimiento institucional de la corporación policiaca respectiva y ésta cuenta con las capacidades institucionales para enfrentar y neutralizar al o a los grupos de la delincuencia organizada de que se trate.

 

Artículo 40.- En el caso de lo dispuesto por la fracción V del artículo 38, si el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determina que las corporaciones policiacas respectivas han adquirido las capacidades institucionales para neutralizar al o a los grupos de la delincuencia organizada que constituyen la afectación a la seguridad interior, lo informará al Titular del Ejecutivo Federal para que éste ordene el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para realizar actividades que sólo tengan conexión con la disciplina militar.

 

Capítulo V

Disposición de elementos de la Fuerza Armada permanente

 

Sección Primera

Límites de la participación de elementos de la Fuerza Armada permanente

 

Artículo 41.- En aquellos casos excepcionales en que las autoridades civiles competentes para la seguridad interior, en virtud de la legislación ordinaria o del Decreto emitido en términos de esta Ley, resulten insuficientes para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 14, el titular del Poder Ejecutivo Federal, en uso de la atribución que le confiere la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá disponer de elementos de la Fuerza Armada permanente para el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional.

 

Artículo 42.- En los supuestos excepcionales de disposición de elementos de la Fuerza Armada permanentes para el restablecimiento de la seguridad interior el Decreto y su ejecución se ajustarán, además de lo dispuesto en el Capítulo anterior, a las siguientes normas:

 

  1. a) La conducción de las fuerzas armadas y civiles de seguridad, queda en responsabilidad del titular del Ejecutivo Federal, bajo la asesoría permanente del Consejo de Seguridad Interior, y

 

  1. b) Se establecerá un esquema de mando único de las fuerzas armadas, las fuerzas policiales o la fuerza de seguridad combinada que en su caso se determine en el Decreto y se designará un mando operacional de carácter civil para el ámbito territorial determinado en mismo, en quien recaerá la responsabilidad de las acciones que se ejerciten.

 

Artículo 43.- En el caso particular de las acciones de seguridad pública que se emprendan conforme al Decreto, los elementos de la Fuerza Armada permanente podrán realizar operaciones de prevención del delito y de respaldo de la autoridad civil responsable en aquéllas acciones dirigidas a la detención, mediante la ejecución de órdenes de aprehensión o en flagrancia, de personas indiciadas en investigaciones delictivas.

 

Las acciones dirigidas a la investigación, persecución y sanción de los delitos quedan reservadas a la autoridad civil.

 

Artículo 44.- Toda acción, procedimiento, resolución u operativo deberá realizarse invariablemente mediante el respeto irrestricto de los derechos humanos y sus garantías. El uso de técnicas de investigación quedará regulado de conformidad con las leyes federales de la materia y sujeto al control judicial previsto en las mismas.

 

Sección Segunda

Del control parlamentario sobre la participación de elementos de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad interior

 

Artículo 45.- El Senado de la República podrá objetar la participación de elementos de la Fuerza Armada permanente que disponga el Decreto de medidas excepcionales para la seguridad interior.

 

La objeción podrá emitirse en todo momento durante la vigencia del Decreto y deberá aprobarse por el voto de la mayoría de los integrantes del Senado de la República, a propuesta de cualquiera de ellos.

 

La objeción deberá fundarse en la ausencia o modificación de las circunstancias y condiciones que dispone la sección anterior, la falta de efectividad que se observe en la ejecución de las medidas respectivas dispuestas en el Decreto o en el cumplimiento de los objetivos definidos en el artículo 14 de esta Ley, o bien, la insuficiencia en la justificación contenida en el propio Decreto para el uso en tareas de seguridad interior de elementos de la Fuerza Armada permanente.

 

Artículo 46.- Emitida la objeción, el titular del Ejecutivo Federal deberá publicar, en un plazo que no exceda de 15 días hábiles, las adecuaciones al Decreto que resulten necesarias y la orden general para el regreso de los elementos de la Fuerza Armada permanente a sus cuarteles, para el desempeño de actividades con estricta conexión con la disciplina militar.

 

CAPÍTULO VI

DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

 

Sección Primera

De la Determinación de Responsabilidades de los Servidores Públicos

 

Artículo 47.- Cuando la afectación a la seguridad interior sea causada por la actuación de grupos de la delincuencia organizada, tanto el Centro de Investigación y Seguridad Nacional como el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública incluirán en el diagnóstico a que se refiere el artículo 29 un apartado que permita establecer la probable colusión de miembros del crimen organizado con servidores públicos de algún nivel de gobierno.

 

Artículo 48.- En caso de que exista la probable colusión de algún servidor público con la delincuencia organizada, el diagnóstico se remitirá a la Fiscalía General de la República, a las Cámaras del Congreso de la Unión, al Congreso de la entidad federativa respectiva y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que se realicen las investigaciones y procedimientos respectivos y se determinen las responsabilidades penales, políticas y administrativas a que haya lugar.

 

Artículo 49.- La Fiscalía General de la República y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción remitirán un informe trimestral a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre los avances en los procedimientos así como en la investigación y persecución de los hechos de corrupción que hayan causado o se relacionen con la afectación a la seguridad interior.

 

Sección Segunda

De la Fiscalización y la Rendición de Cuentas

 

Artículo 50.- Cuando se destinen recursos federales o deuda pública local con garantía federal para la atención y solución del evento que constituya la afectación a la seguridad interior, sea para la reconstrucción o rehabilitación de infraestructura que haya sido dañada por un desastre natural, la atención de la población por riesgo epidemiológico o para programas para prevención social de la violencia, la Auditoria Superior de la Federación ejercerá tanto la fiscalización de la gestión financiera de esos recursos como las auditorias de desempeño sobre los programas en que se hayan aplicado conforme a la ley correspondiente.

 

También realizará la fiscalización del ejercicio en curso, en los términos que señala la ley respectiva.

 

Artículo 51.- Si del ejercicio de la fiscalización y auditorias se desprende la probable comisión de una falta administrativa, la Auditoria Superior de la Federación iniciará los procedimientos respectivos e impondrá las sanciones a que haya lugar o remitirá el expediente respectivo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que éste obre conforme a sus facultades cuando se trate de faltas administrativas graves.

 

En caso de que se desprenda la probable comisión de algún hecho relacionado con el delito de corrupción, la propia Auditoria Superior de la Federación presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada.

 

Artículo 52.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos y documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los objetivos de los programas de los entes públicos que atendieron la afectación a la seguridad interior, así como a la demás información que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información.

 

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

SEGUNDO.- Dentro de los seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y de las leyes generales que reglamentan la reforma constitucional en materia de seguridad pública, el Consejo de Seguridad Interior en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizarán un diagnóstico para determinar el estado de fuerza y las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública federal, de las entidades federativas y de los municipios donde las Fuerzas Armadas se encuentran realizando labores de seguridad pública.

 

En dicho diagnóstico se determinará si la autoridad civil, sea federal, local o municipal cuenta ya con la fortaleza institucional para encargarse de la seguridad pública en el ámbito territorial respectivo.

 

Si de los resultados de la evaluación resulta que la corporación policiaca cuenta con las capacidades y fortalezas institucionales para encargarse de la seguridad pública en el ámbito territorial respectivo, el Secretario Ejecutivo lo informará al Titular del Ejecutivo del nivel de gobierno respectivo para que la corporación policiaca asuma completamente la función de seguridad pública y al Titular del Ejecutivo Federal para que ordene a las Fuerzas Armadas su reincorporación a sus actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar.

 

En caso de que la corporación policiaca en cuestión, después de la evaluación respectiva, no cuente aún con las capacidades requeridas, el Secretario Ejecutivo gestionará la aplicación del mecanismo de intervención de la policía municipal o estatal que corresponda en los términos de ley general respectiva.

 

La persistencia de las condiciones que hacen necesaria la participación de la Fuerza Armada permanente en el auxilio de las labores de seguridad pública requerirá la expedición de un Decreto en términos de lo dispuesto por esta Ley.

 

TERCERO.- En caso de que el gobierno de la entidad federativa o municipio cuya corporación policiaca, a causa de su incapacidad institucional, haya sido sustituida por una autoridad federal civil o militar, no cumpla con los objetivos referidos en la fracción VI del artículo 38 de la presente Ley después de un segundo diagnóstico que se realizará seis meses después del mencionado en el artículo transitorio anterior, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con base en el informe que remita el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descontará del rubro de participaciones federales en el ramo de seguridad pública al gobierno de la entidad federativa o del municipio respectivo el monto que corresponda por la prestación del servicio de seguridad pública que realiza la federación.

 

El descuento de la partida mencionada cesará cuando el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determine que el gobierno de la entidad federativa o del municipio respectivo ha cumplido con los objetivos de fortalecimiento institucional de la corporación policiaca respectiva y ésta cuenta con las capacidades institucionales para enfrentar y neutralizar al o a los grupos de la delincuencia organizada de que se trate.

 

CUARTO.- Las investigaciones, procedimientos y juicios en materia penal, administrativa o por presuntas violaciones a derechos humanos incoados en contra de miembros de la Fuerzas Armadas, derivados de su probable participación en hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán su tramitación conforme a la legislación vigente en el momento en que tuvo lugar el hecho.

 

Las resoluciones derivadas de procedimientos o juicios como los mencionados en el párrafo anterior que tengan ya el carácter de cosa juzgada seguirán surtiendo plenamente sus efectos legales.

 

 

Senado de la República, 10 de enero de 2017.

 

 

 

SUSCRIBE

 

 

 

 

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA