En su carácter de Coordinador de la Comisión de Seguridad de la Comisión Nacional de Gobernadores, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, celebró el dictamen por el que se endurecen las sanciones para la portación y posesión de armas de fuego, propuesta del senador Luis Humberto Fernández Fuentes.
En reunión de trabajo entre la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Justicia y el Jefe de Gobierno, en la que estuvo presente el senador Miguel Barbosa Huerta, el senador Fernández Fuentes reconoció que las actuales sanciones a la portación y posesión ilegal de armas de fuego no constituyen un desincentivo para los delincuentes.
Por ello aseguró que el dictamen que hoy se aprobará por la Cámara de Senadores será de gran utilidad en este tema y para la pacificación de todo el país.
Explicó que la reforma dotará de un marco regulatorio que reclasifica las figuras penales, incrementa la punibilidad y sanción administrativa en materia de portación y posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso y destino de armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso, sin licencia y sin manifestación a la autoridad competente.
“En los hechos, consideró, el criterio actual es totalmente flexible y permisivo para la configuración de conductas delictivas y para el incremento del número de homicidios, así como de delitos relacionados y conexos relacionados a armas de fuego, tráfico de armas, cartuchos y explosivos”, indicó.
Aclaró que no se pretende limitar el derecho constitucional a la portación de armas, sino sancionar de manera efectiva su portación ilegal. “No se proponen nuevos delitos, únicamente darle eficacia a la sanción de los que ya existen”, enfatizó.
Por su parte, el Jefe de Gobierno señaló que es una necesidad de todo el país elevar las sanciones a la portación y posesión ilegal de armas de fuego, y dijo que el reforzamiento de un marco regulatorio en esta materia va ser de beneficio para la seguridad de la nación.
Informó que tan sólo en la Ciudad de México el 47 por ciento de los homicidios están vinculado de riñas callejeras en las que hay la existencia de armas que se portaban de manera ilegal.
“Estoy seguro que en todas las entidades encontraremos una mejor forma de actuar de la procuración y la administración de la justicia para bien de la sociedad. A ninguna sociedad le conviene tener a personas armadas ilegalmente en su convivencia”, indicó.
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