La privatización del petróleo mexicano, disfrazada en forma de contratos de asociación y otros artilugios, sigue cobrando forma, aunque los beneficios para el país son todavía dudosos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, que ofreció resultados inmediatos, ahora no suelta la cantaleta de que las reformas profundas llevan años, cuando no décadas, en materializarse.
Hace unos días se concretó la primera asociación de Petróleos Mexicanos con empresas privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas que fueron asignadas a la empresa del Estado en el marco de la Ronda Cero.
El área licitada, conocida como Campo Trión, se ubica en aguas profundas del Golfo de México, donde Pemex ha realizado inversiones exploratorias que le llevaron a estimar que existen 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (de las llamadas Reservas 3P). En perspectiva, ese volumen casi equivale al resto de las áreas asignadas hasta ahora en el marco de la reforma energética (500 millones de barriles).
El contrato de marras es de licencia y supone una participación minoritaria de Pemex (de 40 por ciento), en tanto que la empresa privada se quedará con 60 por ciento y con la operación del proyecto.
Las autoridades no han precisado cuál será, de haberla, la participación operativa de Pemex.
La Secretaría de Hacienda estableció un bono a la firma del contrato por 570 millones de dólares, para compensar las inversiones realizada por Pemex.
En las bases de la licitación se fijó un porcentaje mínimo adicional de las regalías establecidas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, de 3 por ciento y, en caso de empate, un bono adicional a la firma del contrato.
Dado que los dos postores ofrecieron el mismo 4 por ciento de regalías adicionales, se recurrió al desempate. La compañía BP Exploración México ofreció un bono adicional de 606 millones de dólares, en tanto que BHP Billiton Petróleo Operación de México, puso en la mesa 624 millones de dólares, con lo que fue declarada ganadora.
Nueve de cada diez dólares del bono adicional serán para Pemex y el resto irá al Fondo Mexicano del Petróleo.
Al final, Pemex recibirá mil 132 millones de dólares, más el 40 por ciento de las utilidades netas que genere el proyecto.
Asimismo, el gobierno federal recibirá el 11.5 por ciento del valor del petróleo por concepto de regalías, cuando el precio sea menor a 48 dólares por barril, más un porcentaje adicional cuando el precio sea mayor. Además, recibirá las cuotas que establece la ley para la fase exploratoria y de producción, así como el Impuesto Sobre la Renta.
Durante las tres décadas de vida del proyecto se estima una inversión total de 11 mil millones de dólares (367 millones de dólares anuales en promedio). En principio, se entiende que Pemex deberá aportar el 40 por ciento de esta inversión, por tener este porcentaje de participación en el proyecto.
También se estima que hacia los años 2023 o 2024 se alcance una producción de 120 mil barriles diarios, equivalente a 6 por ciento de la producción actual.
La empresa ganadora, BHP Billiton (de capital australiano y británico) ya opera en aguas profundas del Golfo de México, dentro de áreas propiedad de Estados Unidos.
En el contrato y sus detalles es donde veremos los derechos y obligaciones de los socios, así como los beneficios posibles que obtendrá la empresa pública que quieren destruir las políticas de este gobierno, aunque declaren lo contrario.
Se prevé que la firma del contrato se lleve a cabo en los próximos 90 días. Será el momento de analizar su contenido para que el país tenga claros cuáles son los derechos y las obligaciones de los socios y, claro, cuáles son los posibles beneficios para Pemex. ¿Será un ganar-ganar, como dicen los entusiastas de la reforma energética o simplemente estaremos frente a un atajo de la privatización?
La autora es senadora de la República.
Twitter:@Dolores_PL
