Propone Fernando Mayans una Política de estado para reparación, atención y prevención de daños ocasionados por industria de hidrocarburos


Intervención en tribuna del senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos.

 

Fernando Mayans Canabal (FMC): Gracias, presidente.

 

Con la venia de la sala, al pueblo de México, al pueblo de Tabasco con mucho amor y cariño.

 

Compañeras y compañeros senadores, es innegable la enorme aportación que para la riqueza nacional, le ha significado el desarrollo de la industria petrolera en los estados de Tabasco y Campeche.

 

En el caso de Tabasco, mi estado bello, este desarrollo se traduce en que actualmente mi estado es el primer productor nacional de gas y el segundo productor nacional de crudo.

 

No obstante, este importante crecimiento y su valor en la economía nacional han tenido grandes costos sociales y ambientales. Es evidente, que a mayor número de instalaciones, mayor número de accidentes y siniestros potenciales.

 

Es por ello que se mantiene como un gran pendiente dentro del sector energético, la atención y la resolución no sólo de los impactos ambientales sino también de los pasivos sociales provocados por el desarrollo de esta industria.

 

Los pasivos sociales se conforman con aquellas afectaciones derivadas de la actividad petrolera que han sido denunciadas en diversos momentos por los ciudadanos en contra de la ahora empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos, Pemex.

 

Como parte de estas afectaciones, se vislumbran de manera general la merma en la producción agrícola, contaminación de suelo, aire y agua; muerte de semovientes;  inducción y retención de agua; daños activos de producción, pesca, agricultura y ganadería; deterioro a infraestructura pública y vivienda.

 

También resaltan los derrames de crudo que han sido desafortunadamente una constante que afecta recursos naturales y actividades productivas.

 

Estos derrames representan quizá la afectación más alarmante e impactante para la población.

 

Así tenemos, que conforme a cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Tabasco ocupó el primer lugar en derrames de petróleo crudo, en virtud de que el volumen derramado en 442 eventos ocurridos en la entidad representa el 40% del total nacional.

 

Estas afectaciones han generado reclamaciones por parte de los ciudadanos afectados ante PEMEX como primera instancia y ante la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobierno de Tabasco.

 

Es claro, que la ausencia de atención y resolución a las mismas constituyen una problemática que representa la cara indeseable y perjudicial de la industria petrolera.

 

Como parte de este tipo de afectaciones y pasivos sociales de la industria petrolera en la entidad generados por la actividad de PEMEX en la entidad, destaca como ejemplo emblemático: el incidente del Pozo Terra 123, ubicado en el ejido El Sitio, Nacajuca, Tabasco, el cual ocurrió en fecha 27 de octubre de 2013.

 

Este evento generó, compañeras y compañeros, tan sólo 43 mil, 43 mil reclamaciones por daños a vivienda, a cultivos y mortandad de peces que fueron dictaminadas improcedentes en 1 a instancia por PEMEX.

 

Con la presente iniciativa que presento, propongo: Primero, establecer la Política de estado que contemple la reparación, atención y prevención de estos daños sociales, (pasivos sociales) ocasionados por la industria de los hidrocarburos cuyo

diseño, ejecución y cumplimiento, se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo, y se sujete al cumplimiento de la ley.

 

Dicha Política debe comprender el diseño y ejecución de Programas Integrales, que incluyan acciones encaminadas a atender, resarcir y prevenir dichos pasivos.

 

Impulsar a partir de la previsión legal de estos Programas Integrales de Reparación, la coordinación de acciones entre la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y las empresas productivas del estado, principalmente de PEMEX, las entidades y dependencias competentes de los gobiernos de las entidades federativas correspondientes.

 

En concreto, se propone la adición de un Capítulo V BIS denominado «De la Política Nacional de Reparación Social y sus Programas Integrales», al Título Cuarto, «Disposiciones aplicables a la Industria de Hidrocarburos», de la Ley de Hidrocarburos.

 

Además, se propone que en la realización de los estudios de impacto ambiental de las actividades derivadas de contratos y asignaciones respecto a dicha industria, se prevea también la coordinación de las dependencias competentes de los gobiernos estatales para que coadyuven en la prevención de afectaciones económicas-sociales a poblaciones, comunidades y grupo sociales.

 

Considerando, que los daños o pasivos sociales, constituyen una asignatura pendiente muy importante no sólo para Tabasco sino también para otros estados con vocación petrolera y para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos en la era de la post-reforma energética, y de acuerdo al artículo 25 de nuestra Ley Fundamental, la planeación democrática nacional debe recoger las aspiraciones y

demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo.

 

En ese tenor, proponemos dos disposiciones transitorias para que la Secretaría de Energía dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, inicie el proceso de diseño y ejecución de los Programas Integrales de Reparación Social en coordinación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, así como con las dependencias competentes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor actividad en la industria de hidrocarburos, con el objeto de identificar y atender los daños o pasivos sociales, y brindar respuesta con acciones resarcitorias e indemnizatorias a las comunidades y grupos sociales que han sido afectados.

 

El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, adecuará el Plan Nacional de Desarrollo para incluir la Política Nacional de Reparación Social en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas que correspondan, y en su caso, con la participación de los municipios.

 

 

Compañeras y compañeros senadores, aquí estamos todos para luchar por la justicia; los pueblos donde se ha extraído el petróleo, con la gran contaminación, han perdido su tierra, se han contaminado sus lagunas y sus peces mueres.

 

Y ahora no hay trabajo, no hay producción del campo y la gente tiene hambre y requiere que este Senado de la República le haga justicia.

 

Yo le pido a la Presidencia de la Mesa Directiva se inserte la versión íntegra de mi propuesta en el diario de los debates.

 

Espero, senadoras y senadores- ante el pueblo de México que apoyen esta iniciativa, porque el pueblo ya no está aguantando mucho el que no tenga justicia y el que tenga que migrar a otros países porque no tienen fuete de trabajo, hay hambre, hay mucha necesidad en las comunidades.

 

Y mi estado que se ha caracterizado por ser un estado rico: agua, tierra, petróleo y gas; el petróleo a las comunidades, al pueblo, simplemente no lo ha ayudado.

 

Y le hemos entregado mucho dinero, toneladas de dinero al gobierno federal y estamos esperando, todavía, que nos devuelvan una parte de lo que tanto Tabasco le ha dado al pueblo de México.

 

Por su atención muchas gracias.

 

 

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