Mediante una reforma del artículo 102 de la Constitución Politicade los Estados Unidos Mexicanos, la senadora perredista Angélica de la Peña propuso la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses como un órgano constitucionalmente autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto prestar a la ciudadanía y a los intervinientes en el procedimientos penal, los servicios medico legales y de ciencias forenses que requieran con el soporte científico y técnico.
Dijo que ante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio en todo el país, uno de los retos fundamentales para las y los profesionales encargados de la actividad pericial lo es sin duda la oralidad; sin embargo, la mayor parte de quienes desempeñan actualmente esta actividad no están habituados para exponer su dictamen en un juicio oral.
No está por demás señalar a manera de ejemplo que los laboratorios de criminalística, en algunos estados de la República, presentan un atraso tecnológico considerable, lo que hace que los resultados obtenidos no presenten la certeza probabilística requerida por la ciencia.
La legisladora destacó que otro factor importante en la problemática es la falta de unidad de criterios que existe en la profesionalización de los expertos en diversas materias, ya que los programas de formación de peritos profesionales o técnicos, no están homologados a nivel nacional, lo que genera una formación desarticulada y es importante señalar que en ocasiones ni siquiera existen estos programas de formación y que los peritos ingresan a las instituciones de procuración de justicia sin tener una formación inicial, ni programas profesionales de reclutamiento y selección.
Aunado a lo anterior, en la actualidad todavía no se establecen con debida claridad los programas de certificación pericial que como está señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es de carácter obligatorio y debe ser otorgada por los Centros de Control de Confianza, con base en las normas de competencia laboral, donde el perito demuestre su aptitud para desempeñar las funciones inherentes a su cargo; es importante manifestar que a nivel federal, ya existen en el ámbito pericial normas de competencia, sin embargo se desconoce si ya existen acuerdos a nivel nacional para que su aplicación se dé en todas las entidades federativas o bien si ya las instituciones estatales de procuración de justicia cuentan con normas de competencia profesional que permitan certificar en el corto plazo a sus peritos.
Ante la gravedad de las desapariciones en nuestro país, esta propuesta toma en consideración las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas hicieron al Estado mexicano a raíz de los lamentables acontecimientos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
“Se trata de un problema que enfrentan tanto autoridades federales como locales, de ahí la importancia de un instituto forense altamente especializado que permita la coordinación con la Procuraduría General de la República y la de las entidades federativas en temas como son el tratamiento de las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas, así como su depuración; los mecanismo de búsqueda y la implementación de protocolos, entre otros aspectos que son de trascendencia para las investigaciones”, explicó de la Peña Gómez.
Añadió que un organismo forense independiente y autónomo es unademanda de diversas organizaciones de la sociedad civil y familias que buscan a sus familiares que han sido víctimas de desaparición forzada.
Cabe destacar que la persona titular del Instituto, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada, por un periodo de cinco años, y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de la Constitución.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña consideró que al contar con un organismo constitucional autónomo en materia de servicios periciales, se podrán unificar los recursos humanos, materiales y de infraestructura operativa que actualmente se encuentran dispersos, lo que permitirá una orientación del personal de acuerdo a las necesidades de cada caso; la adquisición de equipo especializado y la capacitación especializada en cada una de las materias periciales y su certificación por competencias o materia de especialización, lo cual evitará discrecionalidad en el desempeño de las actividades.
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