El senador Zoé Robledo propuso aplicar la “muerte civil” a aquellos servidores públicos o particulares que hayan sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan, para que no puedan volver a aparecer en la vida pública.
A través de una iniciativa, el senador del Grupo Parlamentario del PRD destacó la importancia de que el Sistema Nacional Anticorrupción cuente con normas que deberán fortalecerse constantemente para que estén a la altura de las circunstancias y le otorguen potencia y viabilidad a las normas constitucionales.
En ese sentido, apuntó, su propuesta es oportuna y complementaria a las acciones que se han tomado en torno al combate a la corrupción.
“El Sistema Nacional Anticorrupción abrió la puerta identificar la corrupción, para investigar la corrupción; la muerte civil puede funcionar como su mejor castigo. Somos muy intolerantes, pero somos muy flexibles con el corrupto. Con el tiempo olvidamos si el corrupto se convierte en un astuto, en un hábil, en alguien capaz de burlar al sistema y hacer lo que le venga en su voluntad”, dijo.
Esta iniciativa, expresó, pretende complementar los supuestos de sanción contenidos en el título décimo de los hechos por delitos de corrupción, del libro segundo del Código Penal Federal, en lo que se refiere a reincidencias por delitos relacionados con hechos de corrupción.
“Con esta iniciativa se busca potenciar la fuerza del Estado a través de anteponer la racionalidad de la ley frente a la fuerza de los intereses fácticos, a través de una institución jurídica utilizada para suspender los derechos civiles y el reconocimiento de la calidad de ciudadano”, señaló.
Zoé Robledo explicó que en su iniciativa, la “muerte civil” es considerada como una pena accesoria a personas involucradas en la reincidencia en la comisión de delitos por hechos de corrupción.
El senador chiapaneco expuso que se trata de una inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión pública, pero también para participar en adquisiciones, en arrendamientos u obras públicas, en concesiones, en prestación de servicios o de uso de bienes de dominio de la Federación.
“De la misma manera como a un pirómano se le impide estar cerca de cerillos y de encendedores, la muerte civil pretende impedir que un funcionario vuelva a estar cerca del dinero de los mexicanos”, expresó.
Aseguró que quien haya estado sentenciado por actos de corrupción, nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el gobierno federal, estatal o a nivel municipal.
Igualmente procederá la suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso relacionados con actividades relacionados con conductas ilícitas que dan origen a la condena.
Finalmente, Zoé Robledo consideró que si el problema de la corrupción en México es severo, es hora de que su solución sea equivalentemente rigurosa y severa.
“Son tiempos complicados para nuestro país y lo peor que podemos hacer es volvernos nuestros propios enemigos, la corrupción es la rapiña autodestructiva, es el canibalismo más vil, no podemos aceptar más este tipo de conductas”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
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