La nueva Fiscalía General de la República debe atender los retos actuales y contemplar en su diseño la vigilancia en materia de anticorrupción, la desaparición forzada o cometida por particulares, la atención a víctimas, el combate a la trata de personas y el respeto irrestricto de los derechos humanos, aseguró la senadora Angélica de la Peña.
En el foro: “Análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”, la Secretaria de la Comisión de Justicia reconoció que transitar de un sistema de procuración de justicia inquisitorio a un sistema garantista y dotar de autonomía a las procuradurías inscritas en el Poder Ejecutivo, tanto a nivel local como federal, es un proceso complejo.
En este sentido, dijo, es necesario que el Senado de la República lleve a cabo un análisis profundo y serio de la forma en que se debe configurar una nueva institución autónoma, como lo es la Fiscalía General de la República y sobre todo, poner especial atención en la designación del primer Fiscal General.
De la Peña Gómez aseguró que es necesaria una Fiscalía que defina los procesos periciales, con un esquema robusto para la protección y respeto de los derechos humanos y sistematicidad en la política criminal y la actuación criminal, frente a los nuevos retos.
“Al mismo tiempo, tenemos que avizorar con lo que también el Senado de la República ha hecho en materia contra la tortura, lo que estamos discutiendo ahora respecto a desaparición forzada o cometida por particulares, la revisión de la Ley de Atención a Víctimas, la revisión a la Ley contra la Trata de Personas, otras leyes que están en discusión”, apuntó.
Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltó la importancia de la definición del diseño institucional de la Fiscalía y a partir de ahí la construcción del marco jurídico que requiere.
“Debe ser una ingeniería institucional que tome en cuenta estructuras, formas, mecanismos, procedimientos; y ya que tengas ese diseño, entonces tiene sentido entrar a la discusión del marco normativo”, mencionó.
En materia de autonomía, señaló que lo que se debe tener en cuenta es que esta institución no tendrá la misma autonomía que los otros órganos autónomos; pues va a desempeñar una función sustantivamente diferente a la que llevan a cabo los otros órganos constitucionales autónomos.
“Lo que seguro le tenemos que garantizar son dos ejes de independencia: independencia política (…) e independencia presupuestal, de lo contrario quedará siempre políticamente condicionada”, indicó.
Por su parte, Rocío Culebro, representante de México Unido contra la delincuencia y diversas organizaciones más, señaló que en México existe la necesidad de constituir una fiscalía totalmente autónoma e independiente, que garantice una procuración de justicia imparcial y desvinculada del Ejecutivo.
Alertó que el problema de que se nombre Fiscal al actual Procurador acarreará una falta de legitimidad que puede derivarse en un mayor déficit de la Procuraduría, “estaremos condenando a una institución a vivir sus primeros años de vida a la defensiva”, apuntó.
Mientras que Ana Laura Magaloni Kerpel, Investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), destacó que se está ante una oportunidad histórica para construir un sistema de procuración de justicia eficaz, creíble y que sirva a la gobernabilidad democrática del país.
Coincidió en que el primer paso que se debe dar es definir el tipo de fiscalía que se quiere y la ruta para alcanzar los objetivos, y a partir de ahí construir todo el andamiaje jurídico que requiere para funcionar como se tiene pensado.
Aseguró que para que la nueva Fiscalía brinde buenos resultados a los ciudadanos es necesario que contenga tres elementos sustanciales: autonomía, con capacidad de control interno; orientación institucional que cuente con una estrategia operativa de gestión y comunicación institucional eficaz; y organización operativa con servicios periciales confiables, policías de investigación y un área de inteligencia criminal.
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