La Constitución establece facultades impositivas para cada orden de gobierno, señalando expresamente las materias exclusivas de la Federación y de municipios, previendo un régimen de facultades fraccionarias para las entidades federativas.
Hoy día existe la concurrencia impositiva en aquellas materias no exclusivas, ni prohibidas para alguno de los tres órdenes de gobierno, entre las cuales se encuentran fuentes impositivas con un importante potencial recaudatorio (renta, ventas finales, valor agregado, hidrocarburos, producción y servicios, entre otras).
Como precedente, hay que recordar que después de diversas Convenciones para homologar y llegar a acuerdos sobre la recaudación y distribución de recursos en 1976 se estableció el compromiso de proponer al Congreso de la Unión la expedición de una nueva Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados para regular las relaciones en este campo y fortalecer las finanzas públicas.
Para 1997 se modifica la naturaleza de la coordinación intergubernamental de tipo fiscal a una de tipo hacendario. Para 2007, se realizaron cambios en los mecanismos de distribución de las participaciones.
El nivel de vida de un estado, depende de su productividad, por lo cual es necesario que las entidades federativas tengan mayores recursos, así como incentivos. Esto llevaría a generar mejores condiciones de vida, mayores ingresos públicos que serían destinados a gasto social, a fin de disminuir la brecha de desigualdad y pobreza. La actual fórmula de distribución de las participaciones federales, privilegia procesos inerciales, además de privilegiar de acuerdo a la cantidad de personas que habitan en una entidad, dejando aún lado el que estados que tienen menos población, pero que son más productivos.
En el Senado de la República impulso una iniciativa que tiene como fin la modificación de la fórmula del Fondo General de Participaciones con el objeto de promover y privilegiar la productividad y mejorar la distribución de la riqueza entre la población vulnerable, mediante el incremento de los ingresos de las entidades federativas y su uso en gasto social.
