Sin justicia no hay futuro / Excélsior


¿Qué tienen en común Afganistán, Liberia, Honduras, Bolivia y Venezuela? Pues que son los únicos países que están peor que México en cuanto a justicia penal se refiere. De acuerdo con información del Índice de Estado de Derecho 2016 del World Justice Project (WJP), nuestro país ocupa la posición 108 dentro de 113 países de todo el mundo, en el rubro específico de justicia criminal.

En cuanto al rubro de justicia civil, las cosas no son mucho mejores. Ahí aparecemos en el lugar 101 de 113, sólo por arriba de países como Sierra Leona, Etiopía, Nicaragua o Camboya.

¿Cuál es el significado de estas calificaciones tan bajas?

Hay una respuesta a nivel teórico. Como establece el documento del WJP, “un Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y la enfermedad, y protege a la gente de las injusticias… Es el fundamento para comunidades de paz, oportunidad y equidad…”, así que los últimos lugares de México en esta medición significan una gruesa losa de concreto encima de nuestras posibilidades reales de desarrollo.

La otra respuesta, a nivel práctico, la podemos observar en las calles. Y, para muestra, basta con voltear a ver dos eventos que ocurrieron justamente la semana pasada, la misma en la que se presentó el informe que refiero.

El primero es el asesinato del juez federal de 37 años, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien murió por un disparo de bala en la cabeza mientras hacía ejercicio en Metepec, Estado de México. No creo que exista imagen más terrible y elocuente, a la vez, para ilustrar el gravísimo momento que atraviesan las instituciones judiciales del país. La actividad criminal es una amenaza para la existencia de un verdadero Estado de derecho.

El segundo evento al que hago referencia es la “fuga” del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. ¿Cómo es posible que este personaje desaparezca así nada más? Más allá de una pifia de la PGR, creo que todo este asunto alrededor de la pérdida de los derechos partidistas de Duarte, y su “proceso judicial”, es un caso más del uso que se le da a la justicia: el show mediático. Veremos cuál es la conclusión de esta historia, pero todo indica que se trata de un personaje que cayó de la gracia del poder político y hoy es utilizado como chivo expiatorio. De la misma forma que Guillermo Padrés o, en otros tiempos, La Quina, cuya captura en 1989 fue calificada como “venganza política”, hasta por el legendario líder sindical Fidel Velázquez. Pero, ¿y todos los demás?

Según el informe del WJP, un Estado de derecho es un sistema en el cual prevalecen cuatro principios universales que se pueden resumir en lo siguiente: todas las entidades e individuos, públicos y privados, rinden cuentas frente a la ley; las leyes son claras, estables, se aplican parejo y protegen derechos fundamentales; el proceso de creación, administración y aplicación de la ley es accesible, justo y eficiente y, por último; la justicia es otorgada de forma pronta por funcionarios representativos de la sociedad, éticos e independientes, y que cuentan con los recursos suficientes para hacerlo. Pero cuando la realidad es como la mexicana, donde prevalece una justicia que se usa para simular realidades, ¿qué esperanzas de un mejor futuro tiene un país así? Si somos honestos, casi nulas.

Por eso urge generar esa posibilidad; y para ello se necesitan acciones radicales. Aquí dos de ellas:

1) Debemos refundar las procuradurías de Justicia de todo el país, comenzando por la federal. Convertirlas en verdaderos instrumentos de representación social, garantizar la calidad y objetividad de su labor investigadora y separarlas plenamente del sesgo político o corrupto que hasta ahora han tenido. Por eso, la semana pasada, firmamos, en conjunto, un desplegado para anunciar la batalla que daremos para lograr esta meta.

2) Tenemos que eliminar el fuero. Como hemos anunciado previamente, esta semana, junto con mis compañeros senadores del PRD, daremos inicio a un juicio de amparo frente a la negativa de la mesa directiva del Senado para reconocer la renuncia a nuestro fuero, que presentamos a finales de septiembre.

Esto es sólo el comienzo. Vivimos tiempos en los que acciones correctas deben contrarrestar acciones perversas. Es una ruta larga y de mucho esfuerzo, pero así tiene que ser. Una generación entera tiene que comprometerse a ello.