¿Jueces sin rostro? / Revista Siempre


Medida extrema

Por Miguel Barbosa Huerta

¿En verdad ha llegado a México el terrible momento, como en Colombia en los años noventa del siglo pasado, de que los jueces oculten sus rostros para impartir justicia en los delitos del crimen organizado? ¿Qué mecanismos de protección tendrían que aplicarse para garantizar la seguridad de los jueces?

En la mañana del pasado lunes 17 de octubre, el juez federal Vicente Antonio Bermúdez fue asesinado mientras se ejercitaba cerca de su domicilio, en Metepec, Estado de México. Un hombre se acercó por detrás hasta unos escasos centímetros de distancia y cuando estuvo listo disparó en una sola ocasión a la parte posterior de la cabeza del juez federal. En el pavimento quedó tendido el cuerpo del hombre responsable de juzgar a algunos de los implicados en los casos más relevantes de la lucha contra el crimen organizado en los años recientes.

El país exige castigo a los responsables de este crimen. Nuestra absoluta solidaridad con los familiares del juez y nuestro apoyo al ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como a todos los integrantes del Poder Judicial. Este asesinato debe marcar un antes y un después. Debe significar, primero, que no exista impunidad; y segundo, el mejoramiento sustancial de las condiciones de seguridad y de los apoyo con los cuales los jueces deben contar.

El asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez no es el primer atentado en contra de un integrante del Poder Judicial en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en varios artículos y notas se hace un detallado recuento de los casos; sin embargo, la relevancia de este crimen está en que ocurrió en los momentos donde la escalada de violencia en el país ha llegado a niveles inimaginables hace algunos años, y cuando el nivel de credibilidad de las autoridades se encuentra en uno de sus niveles más bajos. Para bien de la justicia y del país, este asesinato no debe quedar impune. Si las autoridades no presentan resultados en poco tiempo, quedará instalada la percepción de que en México existe licencia para matar; que la impunidad afecta por igual desde a un ciudadano común hasta, como ya ocurrió, a un juez federal.

¿Qué hacer ante el escenario que se instala después del asesinato de este juez? ¿Cuáles son las acciones que los poderes públicos deben poner en práctica? El gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene el enorme reto de llegar a fondo en esta investigación y hacerlo de manera rápida. No se trata de una frase retórica que se repite ante cada delito, sino una necesidad del Estado mexicano. Cualquier retraso o estancamiento en la investigación afectará a la Procuraduría, en particular; y al gobierno mexicano, en general.

El Poder Legislativo debe asumir decisiones importantes. El Parlamento tiene la responsabilidad de dotar al Poder Judicial de herramientas legales para cumplir con su trabajo. En este sentido, tal y como lo consideran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversos especialistas en materia de seguridad, es el momento de analizar con responsabilidad incluir la figura de jueces sin rostro para combatir el crimen organizado y para evitar que asesinatos como los de este lunes se repitan.

Los jueces sin rostro existieron y desaparecieron, de acuerdo con diversos datos proporcionados por especialistas, en Perú en 1981, y en naciones como Colombia e Italia, dos países que han padecido los estragos de la violencia y el crimen.

La existencia de jueces sin rostro sería nuevo en México. Por supuesto, no hablamos de todos los casos y de todos los jueces, sino solo aquellos que tengan que impartir justicia a casos especiales y circunstancias excepcionales. Me refiero a los procesos en contra de hombres y de mujeres con un inmenso poder, dinero y recursos para presionar, comprar o eliminar a quienes pretendan presentarlos ante la ley. Los jueces sin rostros fueron una medida extrema, que tuvo un propósito específico.

Incluir a los jueces sin rostro en nuestra legislación no sería una propuesta que pueda presentarse a la ligera o que se realice al calor del asesinato de este juez federal. Deben considerarse todas las implicaciones que pudiera tener en el desarrollo del debido proceso la existencia de los jueces sin rostro. También deben analizarse otros mecanismos para garantizar la protección hacia los jueces.

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República ha decidido iniciar la elaboración de una iniciativa de ley para determinar los mecanismos de protección que garanticen el trabajo, la seguridad y, lo más importante, la vida de los jueces y magistrados. Una propuesta en donde se analicen con responsabilidad todas las posibilidades.

@MBarbosaMX

Coordinador Parlamentario del PRD en el Senado de la República