En la actual situación, donde todo parece estar sujeto con alfileres, México no resistiría una nueva crisis de violación de derechos humanos. Imagínense lo que ocurriría si en los meses que le faltan a la actual administración se presentara otra noche negra como la de Iguala, hace dos años. Los efectos en estos momentos serían incalculables. Las posibilidades de que un hecho así se presente, por desgracia, son elevadas, porque en el tablero de la gobernabilidad mexicana existen muchos puntos de conflicto y, principalmente, por la espiral de la falta de liderazgo y de credibilidad en la cual ha quedado atrapado el presidente.
En general, la existencia de un Estado de derecho implica el desarrollo de la acción del Estado de conformidad con la Constitución y las leyes, de modo tal que se garantice el funcionamiento responsable de quienes ejercen el poder. Esto es la teoría, ante la cruda realidad resulta pertinente preguntarse: ¿México puede considerarse como Estado de derecho?
La respuesta no puede ser a la ligera. En nuestro país existen muchas leyes, códigos y reglamentos. La duda está en si estos ordenamientos se cumplen o si el Estado, las instituciones y los titulares, tienen la posibilidad de hacerlos cumplir. Por momentos, parece que no. Sería lamentable que continuara la percepción de que en nuestro país se hacen leyes para no cumplirse, o peor aún, que las autoridades no saben aplicar la ley, que en un extremo son omisas, y en el otro, represoras. En estos momentos, las autoridades mexicanas tienen el enorme reto de aplicar la ley y, al mismo tiempo, respetar la vigencia plena de los derechos humanos.
En 2011 y después de una intensa y larga lucha social, el Congreso de la Unión realizó cambios sustanciales en materia de derechos humanos, los cuales pasaron a formar parte muy importante de nuestra Constitución. El déficit social en esta importante materia aún es enorme.
En nuestro país la vigencia del Estado de derecho, común en los regímenes democráticos, está en duda, tan es así, que el respeto a los derechos fundamentales continúa siendo una de las demandas principales de la sociedad. La violación a los derechos humanos se ha documentado de manera contundente, así lo han establecido documentos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de las comisiones estatales y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En estas observaciones, señalamientos o informes, el gobierno, más que resolver los problemas de fondo, se ha dedicado a polemizar con las instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos. El resultado de esta polémica no ha favorecido la credibilidad de las instituciones, ni ha propiciado cambios de fondo el comportamiento de las autoridades.
Las autoridades no pueden permanecer sin hacer nada ante violaciones flagrantes a la ley, pero el ejercicio legítimo de la fuerza debe hacerse sin denigrar, torturar, desaparecer o asesinar a los implicados. En lo que va de la presente administración, hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México; Iguala, Guerrero; Tanhuato, Michoacán; Nochixtlán, Oaxaca, son ejemplos de violación a los derechos humanos en los cuales integrantes de la policía o de las Fuerzas Armadas se han visto involucrados y cuya participación no ha sido aclarada de manera satisfactoria. Cada uno de estos acontecimientos hubiera motivado cambios de fondo en las cadenas de mando de las corporaciones policiales y del Ejército. En México no ha ocurrido nada.
La posición omisa, opaca o negligente en la cual han incurrido algunas autoridades, daña la credibilidad del Estado mexicano, mina la actuación de las instituciones y pone en duda la posibilidad de que en México exista un Estado de derecho.
Las circunstancias de violencia e inseguridad que ahora se presentan de nuevo en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Tamaulipas, Puebla y otras entidades del país indican que a escala estatal y federal se deben tomar acciones contundentes para garantizar la vigencia del Estado de derecho, de no hacerlo, el país entraría en un momento crítico. No podemos permitir que esto ocurra. Debemos afrontar el reto de aplicar la ley y hacerlo respetando los derechos humanos.
No podemos, no debemos renunciar a que México sea un país de leyes y de derechos, por más difícil y adverso que sea el escenario actual. Nuestra sociedad merece tener instituciones y servidores públicos capaces de cumplir y hacer cumplir las leyes con firmeza, sí, pero sin utilizar la fuerza o la violencia excesiva y mucho menos, reprimir. Merecemos que las autoridades respeten rigurosamente los principios constitucionales, obedezcan las leyes, que establezcan un comportamiento imparcial y profesional. Queremos servidores públicos honestos, y por qué no, corteses.
