Senadores del PRD denunciaron que en la redacción final del dictamen sobre justicia cotidiana laboral se pretende limitar el principio de autonomía de huelga al establecer una verificación de la mayoría para el emplazamiento a huelga, situación que no fue contemplada ni por el Ejecutivo, ni en los foros que se llevaron a cabo sobre el tema.
Al fundamentar la postura del PRD, el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, reconoció la importancia de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana laboral.
Indicó que la falta de certeza en justicia laboral siempre ha sido un problema latente; por lo que reconoció como un gran avance la creación de centros de conciliación para justicia laboral local y del organismo descentralizado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, dijo, llama la atención la aparición en el dictamen final de circunstancias que no habían sido contempladas ni por el Ejecutivo en la iniciativa original, ni en los foros de consulta que se llevaron a cabo sobre el tema.
Reconoció que el que un sindicato pueda emplazar a huelga para la celebración de un contrato colectivo es un derecho ya establecido; pero en el dictamen presentado a comisiones unidas se pretenden establecer en la Constitución que para dicho emplazamiento sea necesario la verificación de una mayoría.
“La verificación de una mayoría del sindicato para poder hacer el emplazamiento, eso sí es algo nuevo, eso sí no ha sido motivo de consulta, eso no ha sido motivo de una toma de opinión de los diversos sectores laborales que representamos los distintos partidos políticos. Es una sorpresa”, aseveró.
Por ello, informó que el Grupo Parlamentario del PRD no avalará esta propuesta y propuso que este tema en específico sea sometido a una consulta o se tome en cuenta para una reforma en la ley secundaria y no en la Constitución.
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez aseguró que evidentemente adicionar preceptos unas horas antes de dictaminar en comisiones unidas crea un problema a la hora de votar el dictamen, pues independientemente de la decisión que tome el Grupo Parlamentario para hacer la reserva pertinente, las formas son totalmente inadecuadas.
Por lo que señaló resulta necesaria una revisión más amplia y con una mayor puntualidad del tema o regresar un precepto que prevalecía antes de la gran reforma en esta matrería de la Ley Federal del Trabajo en los setentas y el cual tiene que ver en la fracción 18 establecer un enunciado relacionado con la definición de las huelgas.
A su vez, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes señaló que para tener una reforma justa es cuestión de ajustar la redacción a algunas palabras, por lo que es muy apresurada la resolución y se debe de someter a la reflexión.
“Cuando está muy cerca de una reforma muy trascendental que requiere del mayor apoyo yo creo que vale la pena la reflexión, hacernos el espacio y abrir un poquito los esquemas para ver la conveniencia”, agregó.
Además, Fernández Fuentes refirió que también se deben de considerar la existencia de las llamadas listas negras, ya que cuando hay un movimiento laboral entonces se empieza a correr y a agredir a los trabajadores.
Para el senador Luis Sánchez las modificaciones a la fracción XVIII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional, al dictamen de justicia laboral incluidas a última hora, dan al traste con los avances de la propuesta, ya que cancelan el Derecho de Huelga.
“Estos cambios acaban de facto con el Derecho a Huelga, se volaron la barda, ya que este anhelo empresarial de limitar este derecho lo llevan ahora a la Constitución”, subrayó Sánchez Jiménez.
De la misma forma, los senadores Armado Ríos Piter y Zoé Robledo se manifestaron a favor de retirar la última modificación realizada al dictamen y dedicarle un análisis más detallado.
“Es muy importante resaltar que la iniciativa original que mandó el Presidente no traía el comentario particular (…) Entonces tendríamos que ver qué tipo de incentivos puede haber detrás de todo esto, y no me parece que el incentivo sea la regulación de los contratos blancos”, apuntó el senador Ríos Piter.
Mientras que el senador Zoé Robledo se dijo sorprendido de que el dictamen haya cambiado en pocas horas, cuando ya existía un consenso entre los diferentes grupos parlamentarios sobre el tema.
“Nos preocupa que esto simplemente redunda en el fortalecimiento constitucional de la práctica de los contratos de protección (…) y el establecimiento de más prerrequisitos para la creación de sindicatos y la firma de contratos colectivos por organizaciones sindicales auténticas, pueda tener una vulneración”, enfatizó Robledo.
Finalmente lamentó que estando frente a una reforma de gran envergadura y contando con el apoyo de todos los partidos políticos en el Senado, se haya decidido cambiar el dictamen.
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