Propone Luis Humberto Fernández homologar las normas de adquisición de las instituciones del Estado mexicano


Intervención en tribuna del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Obras Públicas.  

 

Luis Humberto Fernández Fuentes (LHFF): Muchas gracias, senador presidente.

 

Con su venia. La iniciativa que pongo a consideración de sus señorías, es derivada de que en este momento nuestro país está viviendo una gran limitación económica y es pertinente una gran austeridad.

 

Sin embargo, estas políticas de austeridad no han sido –y se ha comentado desde esta tribuna- ni parejas y a veces tampoco pertinentes, hemos o se ha excluido de estos recortes al Poder Judicial de la Federación, a los organismos autónomos, han tenido en el mayor de los casos, ajustes simbólicos y tampoco el Poder Legislativo.

 

Entonces estamos frente a un marco de seguridad en el que no todas las instituciones del Estado mexicano se ajustan igual, pero lo que es más importante y es materia de esta iniciativa, es que hay muy importantes asimetrías en cómo gastan las diferentes entidades del Estado mexicano.

 

Nos encontramos que el Poder Ejecutivo está limitado en unos procedimientos muy estrictos y muy claros en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del sector público y en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la mismas, pero otras entidades como son los otros poderes y los organismos autónomos, cuentan con normativas internas que no necesariamente son tan rigurosas.

 

Como ustedes saben la Constitución nos pone de manera muy clara los principios sobre los cuales se debe de contratar y la norma debe de ser las licitaciones.

 

Bajo este tenor es de resaltar que los dos Poderes, el Poder Legislativo y el Judicial, y los autónomos tienen normas menos rigurosas y en consecuencia y en gran medida tiene una facultad para regular sus procesos que es muy laxa y genera gran disparidad en los mecanismos de contratación.

 

En ese sentido, esta discrepancia –muy probablemente- se traduce en elementos que podríamos ahorrarnos.

 

Baste revisar en las p{aginas de internet del Poder Judicial y encontraremos como se compra.

 

Hay un caso que nos encontramos en los medios, una compra del INE donde renta inmuebles en la ciudad de México, de los cuales 8 se hicieron por adjudicación directa con un importe de muchos millones de pesos, sin que haya un procedimiento tan riguroso como se estaría obligado.

 

La regla es que se debe comprar a través de licitaciones, sin embargo observamos que cada año se incrementa el porcentaje de las excepciones; el informe del resultado de la cuenta pública nos establece que en el periodo de 2009 al 2014 las licitaciones públicas disminuyeron a una tasa media anual de 12.6 por ciento, mientras que las adjudicaciones directas han aumentado a una tasa anual de 11.9 por ciento.

 

En justicia debo afirmar que los ejemplos aquí mencionados no constituyen ninguna ilegalidad en la mayoría de los casos; simplemente estamos ante procesos laxos y criterios normativos confusos, pero a lo mejor apegados a derecho.

 

No se pretende juzgar a funcionario o instituciones actuales, ya que así se han venido realizando las compras; pero lo que tenemos que observar es si hay un voluntad de cambio hacia la transparencia y el rigor administrativo o una defensa del estatus quo cómodo y funcional.

 

La presente iniciativa tiene como objeto hacer una administración eficiente donde todas las instituciones del Estado mexicano gasten mejor, con mayor transparencia, lo que nos va a llevar a que con mayor seguridad gastemos menos.

 

Esto lo podremos lograr trabajando en hacer procedimientos que sean parejos para todas las entidades del Estado mexicano y conlleve a una política de homologación de estos procesos.

 

La propuesta afectaría –como ya lo comentamos- a los Poderes de la Unión y los organismos autónomos; en ningún caso constituye ninguna invasión ni ninguna alteración a la división de poderos o a la autonomía de un organismo, ya que no se violenta en lo que se refiere a sus disposiciones sustantivas.

 

Ni tampoco implica un poder extra de ningún otro poder, solamente pretende contribuir con procedimientos uniformes, a que todas las entidades ayuden a mejorar su administración y transparencia en el destino de recursos.

 

La presente iniciativa se enmarca en el conjunto de las leyes anticorrupción, que ha aprobado esta soberanía.

 

Y por último y para concluir, quisiera decirles que no tienen ningún sentido abonar a fueros administrativos o a regímenes de excepción.

 

La transparencia no choca ni colisiona con la independencia o la autonomía.

 

Es cuanto.

 

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