- Familiares de desaparecidos y desplazados puedan y deban ser prioridad para acceder a programas sociales ya existentes.
- Se debe crear la figura civil para reconocer la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición a través de la declaración especial de «Ausencia».
La senadora Iris Vianey Mendoza del GPPRD, a nombre propio y de varios legisladores de diversos grupos parlamentarios, así como de ONG´s; presentaron hace unos días, una Iniciativa compuesta de un amplio paquete que reforma 23 ordenamientos para generar la legislación que tutele integralmente los derechos de las víctimas en nuestro país.
La primera y más importante Miscelánea en Materia de Derechos Humanos que se presenta en la historia del Congreso de la Unión; la iniciativa es autónoma a las que se están discutiendo en comisiones.
Ahora en el marco del segundo aniversario de la Desaparición Forzada de los 43 Estudiantes Normalistas de Ayotzinapa; podemos exigir que esta iniciativa se tome con seriedad, independientemente a la reforma que se está dictaminando en comisiones del senado; estamos en tiempo de que se incluyan estos 23 ordenamientos que proponemos junto con algunos compañeros y con los integrantes de las Organizaciones que nos han acompañado en la elaboración de esta iniciativa.
Dentro de lo que se propone en esta iniciativa es, que «Los Desaparecidos», no sean declarados así, sino que se cree la figura civil para reconocer la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición a través de la declaración especial de «Ausencia», con el fin de ejercer los derechos patrimoniales y familiares de persona ausente y así salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
Asimismo en esta miscelánea se propone proteger los derechos a la salud y a la seguridad social de quienes mueren o son reportados como personas desaparecidas; también se exige recuperar condiciones dignas de vida y puedan las y los hijos de las víctimas mantener su actividad escolar, o si son desplazados por la violencia en sus zonas de origen, puedan contar con programas de vivienda y tener acceso a oportunidades de desarrollo económico y social.
Se plantea ampliar con representantes de colectivos de víctimas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como lograr que el registro administrativo de detenciones sea un instrumento generado en tiempo real; se propone reformar Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con el objetivo de aliviar la carga crediticia que significa para los familiares la muerte dolosa o la privación ilegal de la libertad de la persona que titulaba un crédito.
Basados en la experiencia concreta de las familias, quienes aportan contenido a combatir inhumaciones oficiales cargadas de irregularidades o clandestinas, se propone penalizar la atrocidad de la eliminación completa de los seres humanos, así como a regular procedimientos dignos para personas fallecidas sin identificar que se cuentan por miles.
Se requiere reformar las leyes respecto a la búsqueda y localización de personas desaparecidas o de personas secuestradas, «la información» sobre el uso de tarjetas bancarias, de teléfonos móviles, de huellas digitales, puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte.
Proponemos reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos pues ninguna regulación que se pretende sea realmente exigible y justiciable, puede omitir las responsabilidades de quienes, teniendo obligación de cumplir con las leyes, no lo hacen.
Por último cabe resaltar, que esta miscelánea demanda hacer exigibles y justiciables los derechos desde la perspectiva de los principios constitucionales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos y su ejercicio, así como de las obligaciones de las instituciones del Estado de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos, en este caso de las víctimas, con base en el principio pro persona.
Acompañan a la legisladora michoacana y son parte de esta iniciativa Santiago Corcuera, integrante del Comité contra las Desaparición Forzada de la ONU; Araceli Rodríguez Nava, representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; Carlos Trujillo Herrera, presidente de Familiares en Búsqueda; Roberto Villanueva, de Atención a Víctimas de Morelos y representante del Movimiento por la Paz y con Justicia Social; entre otros.
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