- La eliminación del fuero no afectaría el ejercicio del cargo público. El nuevo sistema de justicia penal cuenta en su diseño con las garantías suficientes para el cumplimiento de los objetivos que todo régimen democrático espera de su proceso penal: el castigo del delincuente, el reconocimiento del inocente y la protección de la víctima del delito.
Es tiempo de que el fuero desaparezca de la Constitución, esto como parte fundamental del tránsito hacia un régimen político sin privilegios. Considero que estamos listos para que ningún representante popular o servidor público, el Presidente de la República incluido, goce de esta prerrogativa. Los privilegios deben desaparecer para abrir paso a una sociedad en donde exista una rendición total y efectiva de cuentas. No puede ignorarse el hecho de que en el imaginario social el fuero es sinónimo de impunidad. Para el común de la población, parece que la acción de la ley llega hasta donde el fuero comienza. La eliminación del fuero sería un paso significativo para recuperar la credibilidad de la clase política y de los políticos.
El fuero impide que los servidores públicos que lo poseen sean sometidos a proceso penal si no se cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, bajo la motivación “de proteger el ejercicio del cargo”. Este esquema se replica en las constituciones de los estados para los altos puesto en los poderes y órganos autónomos de las entidades federativas. Tal como se encuentra regulado, el fuero se ha convertido en un elemento que favorece la impunidad, más que en un medio legítimo para proteger a la función pública.
¿Por qué razón un servidor público que delinque debe gozar de privilegios? ¿Para qué establecer estas diferencias si se desea combatir la impunidad? El fuero mina la institucionalidad democrática y favorece la corrupción. Por el contrario, la eliminación de éste favorecería el combate a la corrupción, bajo el cual la ejemplaridad del proceso penal incrementaría su eficacia, pues todo servidor público sabría que en caso cometer un delito, el cargo, empleo o comisión no le depararía ninguna inmunidad procesal y sería sometido a juicio como cualquier persona.
La eliminación del fuero no afectaría el ejercicio del cargo público. El nuevo sistema de justicia penal cuenta en su diseño con las garantías suficientes para el cumplimiento de los objetivos que todo régimen democrático espera de su proceso penal: el castigo del delincuente, el reconocimiento del inocente y la protección de la víctima del delito. Es de esta forma en que debe protegerse a los altos servidores públicos de acusaciones infundadas o venganzas políticas, de la misma forma en que se protege a todos los ciudadanos de imputaciones delictuosas: mediante un proceso penal público, imparcial, que excluya pruebas fabricadas u obtenidas de manera ilícita, en el que el juez esté siempre presente y sólo ante él se desahoguen las probanzas respectivas.
La transición democrática en nuestro país no podrá realizarse si no se fortalece el Estado de Derecho. Esta dinámica sólo podrá materializarse si se implementa un esquema efectivo de rendición de cuentas, que pasa por la determinación de responsabilidades y el fincamiento de las sanciones correspondientes a los servidores públicos que incurran en el ilegal ejercicio de sus funciones. Este deber de rendición de cuentas es aún mayor en aquellos funcionarios que ocupan altos cargos, como es el caso descrito del Presidente de la República. XXX TWITTER: @MBarbosaMX
