Presenta Angélica de la Peña informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos


En medio de una situación muy complicada para el país, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República trabaja para tener México de mejores leyes que garanticen la protección de los derechos humanos para todos los mexicanos, aseguró la senadora Angélica de la Peña Gómez.

 

En el marco de la presentación del informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos que preside la legisladora del PRD, de la Peña Gómez destacó que el Primer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura de la Cámara Alta fue muy intenso.

 

Reconoció que no es fácil llegar a concretar las voluntades políticas para una reforma Constitucional ni para leyes secundarias, sin embargo la Comisión de Derechos Humanos en el último año logró la aprobación de cinco ordenamientos, dos de los cuales ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

 

En primer término, de la Peña Gómez destacó que durante 2015 y 2016 la Comisión a su cargo logró sacar adelante la ley de Ejecución Penal, la cual norma el funcionamiento, organización y conducción de los centros de privación de libertad, así como la conducción de sus autoridades, para garantizar la reinserción social.

 

“Éste es un trabajo muy importante porque estuvimos durante 2 o 3 años dirimiendo con las distintas instancias gubernamentales para lograr que esta ley vaya armonizada con el nuevo Sistema Jurídico Mexicano (…) y recoge las recomendaciones de organismos internaciones en este tema”, detalló.

 

Informó que también se logró la aprobación y publicación en el DOF del decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, la cual garantiza un sistema más benigno que pueda determinar acciones de prevención y sobre todo de reinserción de los jóvenes que infringen la ley.

 

“La Ley de Justicia Penal para Adolescentes tiene en su diseño, como parte fundamental, la Convención de los Derechos de la Niñez. De tal manera que estamos tomando la gran experiencia que se tienen sobre todo en la región Latinoamericana”, indicó.

 

Además, dijo, se aprobó en el Senado la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de suspensión de derechos humanos y sus garantías, la cual era un pendiente de la reforma constitucional de junio de 2011, y que ahora está en comisiones de la Cámara de Diputados.

 

Asimismo, se logró la aprobación en el Pleno de la Cámara Alta de la  Ley Reglamentaria al Artículo 33 Constitucional, que concede al Ejecutivo la facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras que realicen actividades políticas.

 

En ese sentido, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que se apreste al análisis y la aprobación de estos dos temas, así como a la aprobación del dictamen en materia de tortura y otros tratos crueles y degradantes.

 

“No es un tema fácil, pero México da un paso importante al reconocer que la tortura es un delito grave y es un delito que tiene que imprescriptible y tiene que cumplir, en el caso de la legislación mexicana, con los tratados que México ha aprobado”, mencionó.

 

Por otro lado, destacó que entre los méritos de la minuta de la Ley Contra la Tortura destaca la creación del Registro Nacional de Personas Detenidas, elemento fundamental para la prevención de la tortura.

 

Y la redefinición del mecanismo de prevención de la tortura, el cual está inscrito en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que lograr un sistema integrado por los 33 organismos de defensas de derechos humanos y la coordinación con las instituciones gubernamentales resultaría de gran relevancia.

 

Por su parte, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, reconoció el trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y se sumó al exhorto para que la Cámara de Diputados dictamine las minutas que tiene pendientes.

 

Señaló que son varios los aspectos que se pueden destacar y los avances registrados, no obstante, dijo, hay temas pendientes en la agenda legislativa que demandan atención con urgencia, tales como la conclusión de los procesos legislativos de los artículos 29 y 33 constitucionales.
Así como la armonización normativa para que los organismos de derechos humanos gocen de los recursos y capacidades para el desempeño de sus funciones, al igual que la atención a recomendaciones hechas por la CNDH en diferentes materias.

 

En el informe de actividades también se contó con la presencia de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación; Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos; María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; José Guadalupe Medina Romero, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR; y de Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros.

 

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