- El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas ha remitido al Estado mexicano diversas medidas cautelares a favor de familias de víctimas.
- La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores deben informar el avance en el cumplimiento de dichas medidas cautelares.
Para la senadora Angélica de la Peña la desaparición forzada de personas en México es un fenómeno que persiste debido a que los perpetradores actúan sin consecuencias jurídicas y una de las raíces de tal impunidad es la falta de personal con la capacitación específica en materia de investigación del delito, ni la Procuraduría General de la República ni las procuradurías locales cuentan con equipos profesionales multidisciplinarios que realicen investigaciones adecuadas.
Por ello presentó ante el pleno del Senado de la República un punto de acuerdo a fin de que que el Estado mexicano cumpla, através de la Secretaría de Gobernación y en coordinación con las instituciones pertinentes de los tres niveles de gobierno, con las solicitudes en materia de procedimientos de acción urgente e implementación de medidas cautelares que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas ha remitido al Estado mexicano.
Dijo que la falta, por parte de las autoridades mexicanas, de búsquedas efectivas de las personasdesaparecidas ha obligado a los familiares a buscar ayuda internacional, tanto al sistema interamericano de derechos humanos, como al Consejo de Derechos Humanos y al Comité contra la Desaparición Forzada.
La legisladora del PRD recordó que hace casi un año a instancia de diferentes organizaciones de la sociedad civil -entre ellas «Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C», ldheas y el «Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C, CMDHD», -el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas emitió 116 acciones urgentes en favor de las personas desaparecidas en el municipio de Iguala y municipios aledaños a éste en el estado de Guerrero, instando al Estado mexicano, entre otros, a:
1.- Tomar de inmediato todas las medidas que sean necesarias para investigar la suerte y el paradero de cada una de las personas desaparecidas y referidas en estas acciones urgentes;
2.- Informar a las familias de cada una de estas personas y al Comité sobre su respectiva suerte y paradero y tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlas, liberarlas y para permitir que sus familias y representantes tengan contacto inmediato con ellas;
3.- En caso que el paradero de alguna de estas personas no pueda ser aclarado, informar al Comité:Sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado parte para localizarlas; para aclarar sus supuestas desapariciones; y, para garantizar que estén bajo la protección de la ley; Sobre el resultado de estas acciones.
4.- Informar al Comité sobre las acciones tomadas por el Estado parte:Para investigar y sancionar a los perpetradores de las supuestas desapariciones de referencia, de conformidad con las obligaciones del Estado parte bajo la Convención; -Para permitir la plena participación de los familiares y allegados de cada una de las personas desaparecidas referidas en las presentes acciones urgentes en la investigación de sus desapariciones, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de las investigaciones en curso, de conformidad con el artículo 24 de la Convención.
Además de lo anterior, el Comité también ha emitido acciones urgentes por la desaparición forzada de personas en los estados de Sinaloa y Veracruz, instando al Estado mexicano a tomar diferentes medidas encaminadas relacionadas con el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas.
Asimismo, el Comité emitió medidas cautelares en favor de las personas dedicadas a la búsqueda de sus seres queridos en los estados de Guerrero y Veracruz, señalando la necesidad de protegerles de manera inmediata con el fin de permitirles seguir, en plena seguridad, con sus actividades de búsqueda de las personas desaparecidas.
Finalmente, en su propuesta, la senadora Angélica de la Peña también requiere a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las medidas que se han tomado en relación con los requerimientos emitidos por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, vinculadas tanto con los procedimientos de acción urgente como con la implementación de medidas precautorias, y, en su caso se señalen las razones de la falta de cumplimiento efectivo.
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