Ante la sobrepoblación y el autogobierno que imperan en sistema penitenaciario nacional, la senadora Angélica de la Peña urgió a los tres órdenes de gobierno el diseño e implementación de un programa que establezca y homologue el perfil profesional del personal de instituciones penitenciarias en todo el país.
Este esquema de profesionalización, continuó la legisladora del PRD, debe incluir la renivelación salarial, la reducción del horario de trabajo y el incremento de la plantilla de trabajadores penitenciarios, con especial énfasis en el personal de custodios.
En abril de 2016, según el Sistema Penitenciario Mexicano, había 242,279 personas como población interna en los centros de privación de libertad, mientras que los custodios de primer nivel jerárquico son 554 y 1691 son de nivel intermedio.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado recordó que organizaciones de la sociedad civil y expertos han insistido en que la reinserción social sólo será posible con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y para ello se requiere que el sistema penitenciario cuente con personal profesional, cuya selección y capacitación cumpla con los más altos estándares internacionales
Resaltó que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también debe establecerse que el Sistema de Justicia Penal reconozca con su propia autonomía los subsistemas de Prevención del delito, Procuración de justicia, Administración de justicia, Ejecución de penas y Seguimiento pospenitenciario, y que se delimite el Sistema de Seguridad Pública a la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los mismos, así como a la sanción de infracciones administrativas, como lo prevé el artículo 21 constitucional.
De la Peña Gómez comentó que la CNDH ha recomendado la armonización del Sistema Nacional de Seguridad con el citado precepto constitucional y la modificación de las referencias al Sistema Penitenciario previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las funciones de ejecución de la pena y reinserción social, vinculadas a la Seguridad Pública.
La función penitenciaria debe comprenderse como un servicio público diferenciado del policial y debe incorporar a personas formadas profesionalmente con vocación para prestar ese servicio, que conozcan sobre el mismo y se orienten al desarrollo de los medios que prevé el artículo 18 constitucional para el logro del objetivo de la reinserción social.
En este sentido, la senadora Angélica de la Peña concluyó insistiendo que custodios profesionales y respetuosos de los derechos humanos no sólo son compatibles con un sistema de disciplina y una delimitación específica de sus funciones, sino que son necesarios para concretar el objetivo de la reinserción social.
