España experimenta un momento singular en su reciente historia política ante el reto de formas gobierno tras la realización de las elecciones generales del 26 de julio pasado. Después del fracaso para formar gobierno luego de los comicios del 20 diciembre de 2015, fue necesario convocar a nuevas elecciones y disolver las Cortes Generales, dando por terminada la XI legislatura, las más breve del periodo democrático español.
La irrupción en la escena político partidista de Unidos Podemos y Ciudadanos terminó con la hegemonía alternada entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esto significó una fragmentación parlamentaria que impide alcanzar la mayoría absoluta, 176 escaños, a un partido político por sí solo. La nueva era de minorías parlamentarias obliga a formas coaliciones posteriores a los resultados electorales para formar gobierno, ya no con pequeñas agrupaciones políticas nacionales o regionales, como ocurría antes, sino entre algunas de las cuatro formaciones políticas más votadas.
De tal modo, el Partido Popular y Ciudadanos explotar la viabilidad de un acuerdo para apoyar la investidura de Mariano Rajoy, en tanto que el PSOE mantiene la misma postura después de las elecciones de diciembre pasado: negar el apoyo a Rajoy. La agrupación Unidos Podemos, que obtuvo un magro avance de dos escaños entre diciembre y junio, vio caer sus altas expectativas y son llamados los responsables de impedir la investidura de Pedro Sánchez en marzo, situación que los convierte en poco confiables para un gran acuerdo.
Se construye, pues, un nuevo equilibrio político en España , donde el Congreso será un mayor contrapeso el Ejecutivo, dado que el partido más votado, el PP, tendrá una mayoría opositora en las Cortes Generales. La propuesta de Ciudadanos para un acuerdo con el PP haría posible el éxito de Rajoy en una segunda votación, cuando sólo se requiere de una mayoría simple para lograrlos, siempre y cuando alguna o ambas fuerzas políticas importantes, Podemos y PSOE, se abstengan.
El peso político de asumir una posición responsable para permitir la formación de gobierno y alejarse de una tercera elección, recae ene el PSOE, quien se mantiene cauto a la espera de la confirmación del acuerdo entre PP y Ciudadanos. Lo que se pide al PSOE es abstenerse en una segunda votación de investidura para dar paso al triunfo de Rajoy por la vía de una mayoría simple. La abstención representa para los socialistas la aceptación de la inviabilidad de formas un gobierno propio con ayuda de otra fuerza política, así como la negativa de afrontar el riesgo de propiciar una tercera elección.
No es tarea sencilla conducirse en el sinuosos camino de los acuerdos parlamentarios y de gobierno, lo cierto es que la decisión para establecer una fecha para la primera votación de investidura no puede esperar más y deberá realizarse antes que concluya agosto. El sistema parlamentario español se encuentra a prueba desde las elecciones del 20 de diciembre, ahora se avecina la oportunidad de desbloquear el camino para concretar un acuerdo político que permita a una mayoría parlamentaria nombrar Presidente y éste forme Gobierno.
La Constitución española de 1978 ha tenido apenas dos reformas, una en 1992 y otra en 2011. Después de afrontar esta crisis política, algunos analistas apuntan a una necesaria reformas constitucional que introduzca modificaciones que eliminen la posibilidad de un bloqueo en la segunda votación de investidura, cuando otros acuerdos se han agotado, de modo tal que los votos a favor sean los únicos que cuenten para definir el apoyo de un candidato, evitando el veto de hoy representa el voto negativo mayoritario.
Las lecciones del momento político español es algo del que hay que aprender para afrontar de mejor manera las propias decisiones políticas en México.
Vicepresidente del Senado de la República
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