Para la senadora Angélica de la Peña, la desigualdad social en México es enorme y crece cada vez más, y esta percepción la confirma el Reporte sobre la discriminación en México 2012, que elaboró la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y que expone una radiografía de la situación moral de nuestro país.
Con el propósito de revertir esta situación, propuso a la Comisión Permanente que se solicite al Titular del Ejecutivo Federal a que firme y remita a esta soberanía la Convención lnteramericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, a fin de ser aprobada a la brevedad.
Dijo que el hecho es que en nuestra sociedad, las autoridades, los agentes que representan a los gobiernos, quienes imparten justicia, o quienes ejercen todo tipo de profesiones, así como la mayoría de la gente discrimina a otros todos los días del modo más natural y desenfadado.
La discriminación se refuerza y se complementa con la desigualdad económica, pero repercute finalmente en la desigualdad de trato social a ciertos grupos y, por ende, en la restricción o violación de sus derechos y en la negación de oportunidades de desarrollo.
Expuso que los once grupos sociales víctimas de discriminación identificados en el estudio son: mujeres, ancianos, jóvenes, niño(a)s, indígenas, homosexuales y miembros de la comunidad LGBTTTI, enfermos y discapacitados, ancianos, extranjeros migrantes, creyentes no católicos.
El estudio advierte que incluso hace falta documentar la discriminación que sufren las personas afrodescendientes en nuestro país, así como analizar las formas discriminatorias en ámbitos como el transporte público y la alimentación.
La legisladora del PRD dijo que la discriminación en México abarca todos los ámbitos y comienza desde el lenguaje: los chistes y burlas, pasa por las instituciones de educación, de salud, por la procuración de justicia (en donde se refuerza), y abarca también el ámbito laboral, la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación, la simple apariencia y la vestimenta en la calle, la alimentación y, desde luego, toda la serie de costumbres y ritualizaciones sociales que se refuerzan en los espacios públicos, como los medios masivos de comunicación.
De la Peña Gómez advirtió que la desigualdad de trato social o discriminación mantiene a nuestra sociedad sumida en viejos atavismos autoritarios porque constituye, de facto, una negación de derechos y una ruptura del principio democrático mínimo: la igualdad formal de todos en un estado de derecho; pero además es todavía más grave porque muchas de las instituciones sociales y políticas no sólo no la combaten, la refuerzan, la validan y la imponen.
Resaltó que resulta urgente e impostergable, configurar en el plano normativo, tanto a nivel constitucional como legal en nuestro país, un auténtico ·derecho a la no discriminación, estableciendo los mecanismos necesarios para evitar su vulneración, por parte de las autoridades como también por parte de los particulares mismos, consagrando también los medios legislativos, administrativos y judiciales para garantizar su plena efectividad, incluyendo por supuesto, las llamadas acciones afirmativas o positivas, así · como igualmente medidas compensatorias que incidan en favor del logro de una igualdad de todas las personas, no sólo en el ámbito jurídico sino sobre todo también en el ámbito material.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña recordó que desde junio de 2013 ·se encuentra disponible para firma y ratificación de los Estados parte, la Convención lnteramericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, pues, como lo dice en sus considerandos, se encuentran alarmados por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de sexo, religión, orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales. A la fecha, esta Convención ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Panamá y Uruguay.
La propuesta fue turnada a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
