La violencia y la inseguridad son flagelos de cualquier sociedad que deben ser combatidos por el Estado en todos los niveles para brindar la certidumbre básica de toda persona respecto a su vida, bienestar y propiedades. Cuando en un nivel de gobierno, en este caso el municipal, la violencia alcanza a las mismas autoridades encargadas de brindar protección y seguridad, el mensaje que reciben los gobernados es que nadie escapa al control impuesto en ese territorio, sea quien fuere la fuerza política o grupo delictivo de que se trate. Pareciera que nada puede hacerse para cambiar las cosas.
El sábado 23 de julio fue asesinado el alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Domingo López González, a manos de un grupo de opositores a su gobierno. Hubo cuatro muertos más, incluido el síndico de ese municipio, Narciso Lunes Hernández. Esa mañana un grupo de habitantes de 35 parajes del municipio de San Juan Chamula llegaron a la plaza central, exigiendo hablar con las autoridades municipales para comprometerlas a realizar obras de infraestructura municipal en sus comunidades, además de un pago en efectivo acordado con anterioridad para artesanas y artesanos de la región.
El origen de la protesta tiene que ver con los resultados electorales más recientes que, por primera vez en la historia local, no le favorecieron al PRI y, ahora, sus seguidores acusan al Presidente Municipal de falta de trasparencia en el destino de 100 millones de pesos que, presuntamente, se utilizaron de manera facciosa para favorecer a las localidades donde la población simpatiza con el PVEM, marginando a poblaciones bajo control priista. Es decir, la ruptura de la alianza PRI-PVEM alcanzó niveles de confrontación en el más grande municipio indígena de Chiapas que derivó en asesinatos.
Inaceptable que las pugnas partidarias y el desgobierno acrecentado por la nula intención de dirimir los conflictos mediante la utilización racional de la política, terminen mostrando que el camino elegido sea el de la violencia extrema. El gobernador Manuel Velasco Coello tiene la responsabilidad de actuar políticamente para la resolución de los conflictos y velar, también, por el cumplimiento irrestricto de la ley, sin distingo partidista. Es momento de que asuma a cabalidad su responsabilidad para preservar la estabilidad y tranquilidad en Chiapas.
Ese mismo sábado 23, pero por la noche, fue ejecutado el Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, de extracción perredista, cuando circulaba en su camioneta por el municipio de San Lucas, Michoacán, acompañado de su chofer y cuatro escoltas más. El artero asesinato del edil estuvo presidido de varias amenazas y exigencias de un grupo delictivo derivado de Los caballeros templarios, las cuales consistían en entregar 3 millones de pesos mensuales a dicho grupo y el cargo de Tesorero del Municipio. Para que no quedara duda había sido asesinado, días antes, un sobrino de Ambrosio Soto. Seguía él.
A pesar de las amenazas que Soto había denunciado, la respuesta de los gobiernos federal y estatal fue limitada. La protección de la policía federal se hizo presente pero el origen de las amenazas siguió impune. La zona de Tierra Caliente es parte de una región productora de amapola, parte de un corredor de transportación y distribución de droga que sigue estando en control de los grupos delictivos.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, manifestó que Ambrosio Soto había sido imprudente al circular por la noche a sabiendas de las amenazas en su contra. Cabe preguntar si un Presidente Municipal que se niega a cumplir las exigencias del crimen organizado, que denuncia las amenazas ante las autoridades estatales y federales, pero sobre todo da la cara para preservar la autoridad legítimamente alcanzada en las urnas, resulta ahora ser una persona que murió por su imprudencia y no por la valentía al intentar romper el círculo vicioso de amenazas, corrupción e impunidad. ¿A qué falta de prudencia se refiere el gobernador Astudillo? ¿A la prudencia de la complicidad?
Lamentables todas las muertes y lamentable también que los gobernadores de ambas entidades no destaquen por su compromiso de transformar para bien sus estados y pretendan administrar los conflictos, amenazas y violencia que azota a sus gobernados. XXX TWITTER: @SenLuisSanchez
