A propuesta de la senadora Angélica de la Peña Gómez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad la implementación de los protocolos necesarios para dar protección a los alcaldes que están siendo amenazados por la delincuencia organizada.
Durante la discusión del acuerdo sobre los asesinatos de presidentes municipales ocurridos en diversas entidades del país, la senadora del PRD también propuso que se lleve a cabo un análisis de riesgo y se establezcan acciones para la atención, prevención y persecución de las bandas delincuenciales que se han apoderado de territorios, afectando el Estado de Derecho.
Además solicitó a los Poderes Ejecutivos locales, que en función de sus atribuciones, prevengan hechos que ponen en entredicho la paz, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de las entidades que gobiernan.
De la Peña Gómez resaltó la imposibilidad que enfrentan muchos municipios que se ven amenazados y cooptados por la delincuencia organizada y que en algunos casos culminan con asesinatos de los presidentes municipales.
Informó que un análisis de la Asociación de Autoridades Locales de México señala que en la última década han sido asesinados 75 alcaldes, de los cuales 8 ocurrieron en la actual administración.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado indicó que además de controles sociales es necesario que los gobernadores asuman responsabilidades doctas, precisas, contundentes para evitar resultados como los ocurridos en diversos municipios del país, que reflejan una gran ingobernabilidad.
En ese sentido, dijo, la principal preocupación del PRD es respecto a la necesaria acción por parte del gobierno para que asuma la conducción y pueda atender la raíz de los conflictos.
Por su parte, el senador Zoé Robledo aseguró que para encontrar soluciones de fondo a esta problemática, se tiene que partir de un diagnóstico sobre la situación que padecen los alcaldes en México.
“Si el diagnóstico pasa por políticas públicas derivadas de la asignación de recursos escasos destinados a la obra pública o a programas sociales, pues entonces creo que la propuesta debe de acompañarse por una revisión exhaustiva de la ejecución de las políticas relacionadas a ese presupuesto”, apuntó.
Pero si el diagnóstico es de orden electoral y partidista, pues entonces, dijo, convendría trabajar de fondo en una reforma que suscriba territorialmente a los pueblos indígenas y permita que la vida con respeto a los usos y costumbres se empate al sistema político y al sistema partidista.
El representante por Chiapas aseveró que es necesario encauzar una ruta política que no busque destruir y que ofrezca opciones con soluciones distintas para cualquier otro rincón del país.
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