El primero de julio de 1997 entró en vigor una nueva Ley del Seguro Social que establece un nuevo sistema de pensiones. El sistema público, de fondos colectivos de solidaridad intergeneracional y beneficios definidos, se sustituyó por otro sistema de pensiones de administración privada, basado en cuentas de capitalización individual, contribución definida y beneficios indefinidos, obligatorio para los trabajadores de nuevo ingreso al IMSS.
La revisión del régimen de pensiones más grande del país era evidentemente necesaria, de hecho, los ajustes paramétricos no se acometieron “a tiempo y en el tiempo” de acuerdo con la evolución de la economía, el empleo, los salarios y la demografía, de modo tal que, las cargas se repartieran y suavizaran de manera mucho más equitativa entre todas las generaciones.
Para quienes argumentamos contra una reforma vertical y “al vapor” considerando su calado, el debate no se trataba en “si reformar o no reformar”, sino sobre la naturaleza de la reforma y los actores e intereses que debían ponerse en el centro. No obstante, el modelo de reforma adoptado en 1995-96 para los trabajadores del sector privado, se ha venido imponiendo y generalizando sin un debate serio y responsable.
Se crearon dos nuevos negocios financieros en nuestro país, las Afores y las Instituciones de Seguros en Pensiones para la administración e inversión de los fondos de pensión y la venta a los trabajadores de nuevos productos en el mercado (rentas vitalicias y seguros de sobrevivencia), respectivamente.
No se creó un sistema de pensiones sino un sistema de ahorro. El nuevo sistema de pensiones IMSS no garantiza pensiones dignas. Esta, entre otras tendencias, colocan en la agenda nacional la necesidad de emprender cuanto antes la revisión y evaluación de la reforma de pensiones, lo que, inevitablemente, llevará a revisar el modelo económico y la estructura del mercado laboral en nuestro país.
Fernando Mayans Canabal
@SenadorMayans
