Imagina que de repente alguien llega y sin mediación alguna te dice “la casa en la que vives no te pertenece y te la vamos a quitar, y si la quieres, vas a tener que competir por ella”. Estoy convencido que todos sin excepción reclamaríamos, y veríamos en este hecho, una clara injusticia.
Pues ahora imagina que vives en la sierra oaxaqueña o guerrerense, lugares donde prevalece la pobreza y marginación. En estos sitios las plazas de maestros representan un verdadero patrimonio familiar; significan la posibilidad de supervivencia económica, de salir adelante, y hasta de dejar una herencia a los hijos.
Muchos consideran que la compra y herencia de plazas es un “un derecho adquirido”, y por años, fue el propio Estado mexicano, quien a través de las autoridades y sindicatos, permitió y auspició la compra-venta de las mismas, en una lógica de hacer uso clientelar del magisterio. Consentir “privilegios” a cambio de su uso político y social.
Hace poco realicé esta reflexión frente a algunas organizaciones que defienden la reforma educativa y critican la movilización del magisterio. Y el principal argumento para revirar el planteamiento es que los padres de familia que quieren una mejor educación para sus hijos, no lo consentirían.
Pues hoy, en la creencia respecto a la compra, herencia de plazas y otros privilegios del magisterio, está el centro del conflicto entre maestros y gobierno. La reforma educativa arrojó muchas incertidumbres sobre estos temas, y la ausencia de diálogo verdadero, impide aclarar el panorama.
Podemos estar o no de acuerdo con las demandas de la CNTE. Podríamos coincidir con el punto de vista de los padres de familia, quienes aún sin estar organizados, defienden la validez de la actual ley. Lo que no podemos ignorar es que ambas posiciones existen, y tienen que acercarse.
Sin descalificar los distintos argumentos, cada actor tiene su razón. Cada ángulo del conflicto requiere de un proceso de conciliación y para que esto sea posible, es indispensable ponerse en los zapatos del otro.
No se puede pensar en una real reforma educativa sin haber contemplado el punto de vista de los maestros, y sobre todo, se debe poner en el eje del debate la calidad de la educación que ofrece el Estado a las niñas y niños del país.
En su momento, apoyé la reforma constitucional en materia educativa, convencido de la necesidad de cambiar el actual modelo, y con esto garantizar la calidad de la educación pública que reciben millones de niñas y niños. Pero también voté en contra de las leyes secundarias, sobre todo, la Ley del Servicio Profesional Docente, pues dicho ordenamiento se construyó sin atender las voces inconformes de los maestros.
Es tiempo de cambiar la lógica de un diálogo que hasta hoy, ha sido infructuoso. Debemos buscar la implementación consensuada de un nuevo modelo educativo. Arrancar un nuevo acercamiento con la consigna de ponernos en los zapatos del otro y entender el sentir de la contraparte.
Nadie pone en duda la necesidad de evaluar a los maestros, pero ésta debe “humanizarse” y entender las diversas realidades a las que se enfrenta cada docente. Debemos reflexionar sobre el ambiente en que desarrollan su trabajo, con las carencias y retos que enfrentan día con día; tanto ellos como sus alumnos y alumnas.
Hasta hoy, el gobierno ha quedado a deber en su capacidad de mediación.
Es necesario un espacio de confianza, para escuchar y retomar la ruta. El Senado de la República podría ser el espacio neutral, para armonizar la pluralidad del conflicto.
No se trata de echar abajo la reforma educativa. Hay que poner en primer lugar la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños, pero es necesario tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro para entender las razones profundas de cada parte, y sostener un verdadero diálogo que determine un mejor futuro educativo para el país.
