Para que las reformas tengan éxito se requieren servidores públicos mejor capacitados, apunta Luis Humberto Fernández


Para que el propósito de las recientes reformas se convierta en una realidad, es necesario que los actores encargados de su realización cuenten con la capacidad y conocimiento que su labor amerita, sostuvo el senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

 

En ese sentido, el legislador del PRD afirmó que la mejor y más eficiente manera de fortalecer al Estado es la formación y capacitación de servidores públicos y ése es el objeto de estudio de la ciencia de la administración pública.

 

Destacó que México pasa por un momento donde los problemas desbordan la capacidad del gobierno, y donde existe la necesidad de mayores márgenes de legitimidad ante una mayor capacidad corruptora del crimen y de muchos proveedores, donde los privilegios se restauran y la ignorancia parece una marca de quienes ejercen el poder.

 

Por ello, dijo “la ciencia de la administración pública en México tiene un compromiso: salir de la comodidad de las aulas e iniciar un proceso profundo de transformación nacional desde el conocimiento”.

 

Fernández Fuentes aseguró que la enseñanza de la administración pública debe ser la fuente de las ideas que sean la base para la transformación y la preparación de los gobernantes y administradores que sirvan a los ciudadanos y al Estado.

 

“La administración pública le ha dado forma a la práctica administrativa contemporánea; su visión de orden, burocracia, legalidad, profesionalismo y división del trabajo generaron la estabilidad y la confianza para el florecimiento de la democracia, el Estado de derecho y los negocios en México”, agregó.

 

Sin embargo, apuntó, la capacitación de los servidores públicos requiere un enfoque acorde a la exigencia de soluciones en el entorno complejo del siglo XXI.

 

Finalmente, el legislador advirtió que el acceso al servicio público y sus recursos no puede seguir sobre la base del sectarismo, el favor y el privilegio; marginando al conocimiento, las capacidades y el mérito de esta decisión es un alto riesgo para el Estado mexicano.

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