El naufragio del gobierno de Peña Nieto, además de ser evidente en las crisis políticas que ha precipitado y en su impopularidad –sólo el 29% de los mexicanos lo aprueba, según los datos de la encuesta de Buendía y Laredo publicada en El Universal el pasado 4 de julio–, lo es en los saldos de sus reformas estelares. Es el caso de la energética, los beneficios ofrecidos se transfiguraron en sacrificios exigidos, a juzgar por los recientes anuncios de alzas en los precios de gasolinas y energía eléctrica.
El 12 de agosto de 2013, en reunión del Pacto por México, Peña Nieto afirmó ante sus aliados: “si llevamos a cabo esta Reforma, bajará el precio de la luz y el gas […] habrá una mayor oferta de electricidad y a menor costo”. Esa sería –según el gobierno y sus corifeos– la consecuencia directa del tránsito al “libre mercado”.
Para nosotros era claro que si se privatizaban los energéticos del país se crearía un enorme faltante presupuestal, mismo que el gobierno trataría de subsanar aumentando las tarifas de electricidad, gasolina y gas.
Pese a la estrategia de mercadeo consistente en la manipulación demagógica de los precios, la realidad nos ha dado la razón. El engaño y el fracaso están a la vista.
1. La luz. Con bombo y platillo, el gobierno anunció reducciones en las tarifas de energía eléctrica apenas a inicios de este año. En palabras del secretario de Hacienda, esto obedecía al incremento en la eficiencia productiva (El Financiero, 30/12/15). Siete meses después, rectifican de manera drástica. El pasado 1 de julio la Comisión Federal de Electricidad anunció un incremento de las tarifas industriales entre 2 y 5%, las de sector comercial entre 5 y 7% y las de sector residencial de alto consumo en 6.8%.
Aunque no lo acepten, demuestran que la previa disminución de las tarifas fue un ardid político, sostenible apenas por la baja en el precio de combustibles necesarios para producir electricidad –lo que no tiene que ver con la reforma ni con eficiencia supuestamente derivada de ésta.
Esto puede constatarse en el hecho de que los costos de operación de la CFE no han hecho más que aumentar; en 2015, perdió más de 35 mil millones en sus gastos de operación –6.5 veces más que en 2014– y en lo que va de este año ha perdido más de tres veces lo que perdió en el mismo lapso del año pasado (13 mil 696 millones de pesos, según la propia CFE). ¿Dónde está la eficiencia mencionada?
2. La gasolina. Pese a que en 2015 se anunció el fin de los gasolinazos, el gobierno notificó otro para julio, un incremento de 24 y 34 centavos al litro de gasolina magna y premium, respectivamente. Aunque el gobierno sostenga que la causa es el incremento internacional de los precios del petróleo –lo que resulta falaz pues, sólo por ejemplo, en Estados Unidos la gasolina se vende en 10.54 pesos por litro–, la verdad es que no fue sostenible el engaño de bajar la gasolina 40 centavos en 2015 como presunto resultado de la reforma.
Lo cierto es que, para hacerlo, el gobierno tuvo que manipular la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y cobrarlo en una menor proporción de lo indicado por la ley (de hacerlo correctamente, se habría propiciado un incremento del precio). Es decir, para bajar el precio tuvieron que profundizar la baja recaudación. Eso, aunado al desmantelamiento del aparato productivo nacional y la liberación de las importaciones desde abril, incrementa los costos en pesos a causa del tipo de cambio. Lo cierto es que, como resultado de la reforma, las gasolinas no pararán de subir, lo que será peor en 2018 con la liberación total de los precios.
La situación del gas LP no es mejor: mientras más disminuye su precio en el mundo –lo ha hecho en un notable 36% los dos últimos años en Estados Unidos, de donde proviene buena parte del que importamos–, en México incrementa 9%.
Es claro que las reformas estructurales han profundizado los daños que causa el modelo económico en lugar de morigerarlos.
La autora es senadora de la República.
Twitter:@Dolores_PL
