Aceptar el veto del Presidente resulta el gesto más claro de un gobierno entregado a los intereses empresariales y alejado de los intereses de la gente y la sociedad, sostuvo la senadora Dolores Padierna, por lo que presentó reservas a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37 y 73 del proyecto de dictamen que contiene las observaciones del Ejecutivo a la Ley General de Responsabilidades.
Al fundamentar las reservas, la vicecoordinadora de los senadores del PRD aseguró que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está sometido a los intereses de los grandes grupos oligárquicos y poderosos económicamente.
“El veto parcial de Peña Nieto a la Ley 3de3 responde claramente al requerimiento de los grandes empresarios toda vez que la obligación de presentar declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal a particulares resultaba inoperante para ellos”, dijo.
Padierna Luna señaló que el PRD no está de acuerdo en dejar fuera a los grandes oligarcas en la articulación de un sistema nacional anticorrupción que cruce información, que pueda darle seguimiento a la evolución de sus ingresos, al patrimonio de los servidores públicos y a las grandes ganancias de los empresarios que surgen cada sexenio.
En ese sentido, las reservas presentadas ante el pleno del Senado proponían obligar a presentar su declaración de situación de patrimonial y de intereses a las personas morales que contraten a mediano y largo plazo con entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios, la ejecución de obra pública, obra asociada a proyectos de infraestructura o de servicios públicos.
Así como a las personas físicas que participen directamente y por cuenta o en interés de las personas morales en los procesos de contrataciones públicas.
La senadora apuntó también que debe eliminarse el fuero de todos los servidores públicos, gobernadores, legisladores “y muy en especial del Presidente de la República que se ampara en su fuero, en la impunidad de su cargo, para incluso falsear la realidad y mentir a la sociedad”.
Por otro lado, Dolores Padierna demandó iniciar el diálogo y la negociación de Reforma Educativa por vías democráticas que pongan freno a la polarización y haya gobernabilidad.
“Ante las exigencias de la población, en particular de los maestros, se responde que la ley no se negocia, pero acto seguido el Presidente veta la Ley de Responsabilidades Administrativas y con ello impide que los grandes empresarios sean regulados para inhibir la corrupción”, subrayó.
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