- El Ejecutivo cometió un grave error político y puso en evidencia su falta de sensibilidad, cuando el Consejero Jurídico de la Presidencia, a nombre de éste, únicamente observó el Artículo 32 y sus relacionados.
Con relación a la corrección y mejoramiento del sistema anticorrupción, el Presidente sólo escuchó a los empresarios y no a los ciudadanos. Cometió un error político, al observar (vetar), el artículo 32, sus relacionados y no el 29 de la Ley General de Responsabilidades.
La aprobación de las leyes contra la corrupción es un tema que requiere de un amplio consenso y legitimidad social, no únicamente de mayorías legislativas. Como parte del combate a la corrupción, la sociedad desea que los servidores públicos transparenten su patrimonio, sus intereses y sus impuestos. Se trata de una demanda que tiene como origen las grandes fortunas construidas al amparo del poder, del tráfico de influencias y de los favoritismos. En el reciente periodo extraordinario de sesiones se aprobó un conjunto de reformas que fortalecen la capacidad institucional para combatir la corrupción; sin embargo, la parte fundamental de la demanda ciudadana de máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de pago de impuestos, quedaron pendientes.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tenía la gran oportunidad de contribuir al cumplimento de esta demanda. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales podía observar (vetar) de manera parcial la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que contiene elementos de la iniciativa Ley 3de3, en lo referente a los artículos 29 y 32. ¿Con qué propósitos? El artículo 29 para incorporar la reserva que los grupos parlamentarios del PRD y del PAN presentamos para la máxima publicidad de las tres declaraciones: la fiscal, la patrimonial y la de intereses, para que este principio, el de máxima publicidad, quedara incorporado en la ley.
El artículo 32 debe mejorarse en la redacción, porque así como quedó no es útil y sólo sirve como un elemento de evasión. Por supuesto que no se trata que los becarios, los beneficiarios de programas sociales presenten su declaración 3 de 3. Pero sí que los particulares o las personas jurídicas que hagan negocios con el Gobierno mediante contratos mercantiles, queden obligados. Los empresarios han dado múltiples muestras de estar a favor de la transparencia y el combate a la corrupción. Los empresarios no piden inmunidad en contra de una ley, sino que ésta sea de utilidad para la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Los empresarios habían manifestado estar por la 3 de 3 completa. El Ejecutivo cometió un grave error político y puso en evidencia su falta de sensibilidad, cuando el Consejero Jurídico de la Presidencia, a nombre de éste, únicamente observó el Artículo 32 y sus relacionados.
Debemos tener claro que el ambiente social que se ha construido alrededor del resultado de la reforma anticorrupción, gira en torno a dos artículos, no únicamente a uno. Debe resaltarse que toda la reforma anticorrupción expresa un esfuerzo legislativo muy importante, para la construcción de un andamiaje amplio y robusto que no puede quedar bajo la denominación de ser un mal sistema. Lamentable la decisión del Presidente de sólo atiende a una parte de la sociedad. XXX TWITTER: @MBarbosaMX
