- Tras la jornada electoral, el Congreso de la Unión abrió un período extraordinario de sesiones, para discutir un amplio universo de temas
- Después de pasadas las votaciones, una pregunta que siempre le queda a la gente es: ¿qué tanto caso le harán los partidos al voto ciudadano?
Uno pensaría que después de cada elección, los políticos realizan un profundo proceso de reflexión y autocrítica, y toman decisiones para reconducir el camino. Sin embargo, hay ejemplos que demuestran lo contrario.
Esta semana, el Congreso de la Unión abrió un período extraordinario de sesiones, para discutir un amplio universo de temas: leyes anticorrupción, regulación para uso medicinal y científico de marihuana, mando mixto en seguridad pública, así como leyes relacionadas con el nuevo modelo de Justicia Penal Acusatorio.
Varios de estos temas están en el debate público desde hace tiempo, cuando en 2014, Enrique Peña Nieto, propuso iniciativas legislativas para atender la crisis de credibilidad derivada de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala; y el descubrimiento de la Casa Blanca, una propiedad de 7 millones de dólares, adquirida al mayor contratista de Peña cuando era gobernador mexiquense.
Pese a que después de casi dos años, estos temas siguen instalados en la opinión pública, como los mayores íconos del colapso que vive el país en cuanto a inseguridad y corrupción, la condena popular de “No entienden, que no entienden” sigue más vigente que nunca.
La discusión de siete leyes que comprenden el sistema nacional, tuvo como elemento de mayor atención social, la iniciativa ciudadana en materia de responsabilidades administrativas, mejor conocida como “3 de 3”. Con el respaldo de 634 mil firmas, el eje central fue mandatar a los servidores públicos a presentar de manera obligatoria y amplia, tres declaraciones: patrimonial, de intereses y la fiscal.
Sin embargo, pese al contundente mensaje del pasado 5 de junio, en que la alternancia en varios estados fue una clara manifestación de molestia por este cáncer, el PRI y el PVEM votaron en contra de la publicidad obligatoria de dichas declaraciones. El voto de estos partidos, aunado a la “extraña” omisión de senadores amlistas, actuaron en contra de la máxima publicidad que exigían los ciudadanos.
Pese a que en esta materia se logró una Fiscalía Anticorrupción Autónoma, que realice mejores investigaciones en la materia; se dotó de mayores facultades para que la Auditoría Superior de la Federación revise las cuentas de los gobiernos estatales; y se garantizó que los miembros del comité de participación ciudadana presidan el sistema, estos avances se vieron empañados por el empecinamiento de estos partidos de no atender el llamado de la gente y mantener sus fueros.
La crisis de corrupción, pero también de inseguridad y violencia que vive el país, se correlacionan con una política prohibicionista que ha fracasado.
Por ello, es preocupante que en el PRI y el gobierno federal, ubiquen como una de las principales causas de este revés la iniciativa que introdujo EPN para ampliar la cantidad de 5 a 28 gramos para consumo individual de marihuana; en lugar de entender el voto que obtuvo en contra en estados como Veracruz o Quintana Roo, como el resultado del malestar por corrupción y malos gobiernos.
Con gran entusiasmo, muchos leímos la iniciativa presidencial como el arranque para una discusión responsable en política de drogas, con visión de libertades y derechos humanos. Al frenar el debate y acotarlo exclusivamente a la parte medicinal y científica en el uso de cannabis, se pierde con ello la oportunidad de eliminar los mercados ilícitos, las carretadas de dinero que financian armas y muerte en el país.
Queda claro que se lee y entiende mal lo dicho por los ciudadanos a través de las urnas. Acabar con la corrupción requiere voluntad y compromiso, pero también de claridad en modificar las causas estructurales que hoy afectan al país.
