Intervención en tribuna del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.
Luis Humberto Fernández Fuentes (LHFF): Con su venia, señora Presidente
La fuerza del Sistema Nacional de Anticorrupción radica, en gran parte, en la posibilidad de generar sanciones efectivas.
Hoy, estaremos aprobando un catálogo de delitos más amplio y efectivo y con mayores posibilidades de sancionar a los corruptos, esta ley es una respuesta responsable y progresista, que ha implicado muchas horas de estudio y de debate.
Y es por ello que quiero agradecer y reconocer de manera muy especial a los equipos técnicos que nos han apoyado en la elaboración de estas propuestas.
Hay que resaltar que en esta reforma se reconoce por el consenso y acuerdo de los grupos parlamentarios, quienes trabajaron de manera coordinada con la sociedad civil, con gran apertura, para lograr una legislación constitucional de carácter integral, y que se adecua a las nuevas necesidades de todo el sistema.
Los mexicanos exigen que los corruptos sean castigados de manera contundente, como lo merecen verdaderamente, por su traición no sólo al cargo público que con toda honestidad deberían haber ostentado, sino a todo el país.
El contenido de esta iniciativa atiende de manera precisa las recomendaciones que el marco internacional nos señala, y puedo afirmar con seguridad que es representativa del Estado, delaten de las acciones penales en todo el mundo.
Voy a hacer una muy breve capitulación de los hechos considero un avance, pero no quiero traer esto sin reconocer un tema.
Hay dos formas de ver la historia reciente de nuestro país.
Una de ellas es agarrar los hechos como una forma de agraviarnos entre nosotros; la otra forma es aprender de ellos y buscar la forma para evitarlos y reflejarlos en leyes.
Creo que la ley que hoy estamos aprobando refleja que podemos aprender de las lecciones recientes de la historia de nuestro país.
Por eso, nuestro Grupo Parlamentario propuso, además de esta iniciativa, las reformas que consideramos de avanzada en materia combate a la corrupción, tenemos hoy -de aprobarse por sus señorías- un régimen sancionatorio más severo para los altos servidores públicos.
Ningún régimen de gobierno puede ser democrático si no sanciona de manera severa a los más altos rangos; esto es: se introduce el criterio sancionador en el que se le da mayor castigo a quien tenga a mayor responsabilidad.
Esta propuesta que ahora se aprobará aumentará la pena de manera sustantiva, a aquellos servidores públicos que hayan sido sujetos a la ratificación de nombramiento por una de las Cámaras.
Esto es, las más altas jerarquías de nuestro país.
Tenemos nuevos supuestos para los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades que consisten en:
Sanción penal a los involucrados en casos de tráfico de influencias desde el Poder Legislativo. Se propone imponer una pena al legislador federal que en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, distinta a la que le corresponda por el pago o compensación de su encargo.
O el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas empresas como condicionante de esta gestión
Al sancionar esta conducta, todos los partidos decimos no a los moches.
También incluimos sanciones a la persona moral que al ser de un contrato, permiso, asignación o concesión de un bien o servicio público, falsee u oculte información sobre la explotación de la misma.
Al particular que, en su carácter de contratista, permisionario, asignatario; titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero, se le sancionará.
También se sanciona al servidor público que siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación.
Esto nos da un gran resultado, con esto esperamos ya no más casos de empresas multimillonarias que lucran indebidamente con las relaciones que tienen con los servidores públicos y se aprovechan de manera ilegal de los bienes del Estado o abusan de los usuarios de un servicio público.
Tanto el particular como el servidor público cómplice que no vigile debidamente esta concesión, con este Código Penal, irán a la cárcel.
Podría continuar en los beneficios de esta ley, pero baste decir que se necesitan reglas claras y precisas que castiguen a quienes ejerzan o beneficien este ejercicio de poder corrupto.
Este es el objetivo de estas reformas al Código Penal que estamos por aprobar.
Este Código Penal, es una ley pertinente y aplicable, por eso esta propuesta se presenta fundada en la necesidad de reforzar el estado de derecho y la legalidad.
De sancionar de manera contundente a los funcionarios públicos que cometan o se vean implicados en actos de corrupción y en perjuicio de toda la sociedad.
Pero sobre todo, se propone porque es lo correcto y porque significa una avance sustantivo en el avance a la corrupción
Es cuanto.
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