El PRD estará en contra de que no se quiera avanzar en el tema de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, para que la ciudadanía esté enterada de los recursos con los que cuenta quien la representa, sostuvo el senador Armando Ríos Piter.
Al posicionar a nombre del Grupo Parlamentario del PRD reiteró la posición de la fracción a favor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ríos Piter destacó el descontento social que existe hacia el desempeño de los funcionarios públicos y apuntó que con el nuevo modelo de combate a la corrupción que se plantea, se tiene la oportunidad de reconstruir ese pacto de confianza que está tan dañado.
“Que no se quede en una condición discrecional política el tema del combate a la corrupción, sino que se vuelva un tema sistémico donde los distintos elementos del sistema pueden generar pesos y contrapesos”, dijo.
El senador por Guerrero consideró que es una oportunidad para que La Secretaría de la Función Pública deje de tener una simple utilidad política, para tapar con una investigación quién compró una Casa Blanca o para elaborar un testimonio que termine llevando frente a la autoridad a aquel que ha caído de la gracia política y no aquel que ha utilizado de manera inadecuada los recursos públicos.
“Ésa es la visión del sistema, con una Auditoría Superior de la Federación que deje de ser un instrumento político entre las bancadas representadas en la Cámara de Diputados y se convierta verdaderamente en una entidad de investigación que permita revisar, no solamente al Gobierno federal, sino cómo se está gastando el dinero ahí en las entidades federativas”, agregó.
Es el momento, añadió, de contar con una Fiscalía Anticorrupción autónoma que pueda hacerle preguntas a los grandes del poder y, a través de un tribunal, ejercer la labor jurisdiccional.
“Y especialmente, compañeros y compañeras, siendo un Sistema Nacional Anticorrupción presidido por los y las ciudadanas, darle la capacidad a los dueños del dinero, aquellos que financian la actividad gubernamental, aquellos que le pagan a los servidores públicos, quienes estén al frente de la acción en contra de la corrupción”, aseveró.
Sin embargo, dijo, hay preocupación porque no se ha querido avanzar en el tema de las declaraciones: una declaración patrimonial, una declaración fiscal, y una declaración de intereses, por cada uno de los servidores y las servidoras públicas del país, que permita saber con cuántos recursos entra al desempeño de la labor que se le ha encomendado.
Por esa razón, el PRD votará en contra de la Ley de Responsabilidades porque no respeta el espíritu de la iniciativa de Ley 3de3 promovida por los ciudadanos.
“Si hoy hay una iniciativa ciudadana con 640 mil firmas, creo que lo que podríamos empezar a hacer, es a reconstituir el pacto de confianza que hoy está gravemente perdido con la ciudadanía y solamente hay que voltear a ver el pasado 5 de junio, donde todos los partidos políticos perdimos; unos más, otros menos, pero donde la sociedad salió a decirnos que ya basta de esa corrupción que los agobia”, concluyó.
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