Hoy tenemos la oportunidad de que el combate a la corrupción no quede en una condición discrecional política: Armando Ríos Piter


Piter

Intervención en tribuna del senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar posicionamiento a nombre del PRD sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Armando Ríos Piter (ARP): Con permiso, señor presidente.

 

Compañeras y compañeros, nosotros, de estas leyes que se están debatiendo el día de hoy en este dictamen, hemos sido muy puntales.

 

Nos hemos manifestado a favor del Sistema Nacional, la ley reglamentaria;, de la Ley Orgánica del Tribunal; planteamos una propuesta muy clara para la parte de la Fiscalía Anticorrupción, del tema que tiene que ver con el Código penal, y hemos mantenido un serio rechazo a la forma en que se presenta la Ley de Responsabilidades.

 

Creo que es importante reflexionar, compañeros y compañeras, que esta discusión posiblemente lleve en la mente de muchos mexicanos y mexicanas, no estos últimos episodios que han generado ese gran malestar social, sino seguramente es una de las grandes reflexiones a partir del 2000.

 

Yo recuerdo y tuve el alto honor de formar parte del gobierno de Vicente Fox, y recuerdo en aquella ocasión cuando ganó el Presidente Vicente Fox, la gran expectativa que tenían los mexicanos y las mexicanas era que las cosas iban a cambiar.

 

Ese fue en amplio sentido lo que generó el voto útil, una amplia participación; hace poco platicaba con las personas que han hecho estas encuestas de humor social, y decían que en aquel momento en el 200 la sociedad mexicana se proyectaba como una sociedad capaz de sentirse transformadora de las cosas.

 

Era –me lo decía é citando el estudio- era como si la sociedad mexicana estuviera en una especie de fiesta, tal vez de una borrachera de la felicidad que tenían los ciudadanos y las ciudadanas.

 

Sin embargo, esa felicidad poco a poco fue cayendo, y hoy en esa medición de humor social, de la que hemos escuchado recientemente por parte del Presidente de la República, pues no solamente no estamos en los niveles del 80 por ciento en los que aquel momento estuvo la sociedad mexicana, sino que hoy estamos en menos 20 por ciento.

 

De esa euforia que se tuvo en el 2000, hoy estamos en el estudio de humor social entre violencia y frustración. Es el estudio al que se refería recientemente el Presidente de la República.

 

Yo creo compañeros y compañeras que en gran medida tiene que ver con que la alternancia no logró resolver el problema de la corrupción; en lugar de que el gobierno de la alternancia pudiera pactar con la sociedad, con nuevos actores, una nueva forma de concebir las relaciones sociales en México, se prefirió pactar con los liderazgos sindicales de siempre.

 

Se prefirió mantener la lógica clientelar en el ejercicio de los programas de gobierno, se prefirió facilitarle a los aliados de la campaña los procesos a través de los impuestos, a través del presupuesto en lugar de lograr un nuevo pacto.

 

Un nuevo pacto –y cito al senador Alejandro Encinas- que pudiera cambiar la lógica de 70 años de régimen partidista, donde la corrupción era uno de los hilos que permitían que todo el tejido político y social funcionara.

 

Hoy a 16 años de aquella alternancia estoy convencido que este sistema debe de apostar a reconstruir esa relación en los que la transición se ha quedado estancada, y catapultar el país hacia delante.

 

Hoy, con un nuevo modelo como el que plantea este sistema, donde se tiene la posibilidad de coordinar las distintas instituciones que están abocadas en esta materia, tenemos la oportunidad que no se quede en una condición discrecional política el tema del combate a la corrupción, sino que se vuelva un tema sistémico, donde los distintos elementos del sistema puedan precisamente generar pesos y contra pesos.

 

Nunca más una Secretaría de la Función Pública que tenga una simple utilidad política, para tapar –tal vez- con una investigación que nadie cree quien compró una Casa Blanca, o para elaborar de manera inmediata testimonio, una investigación que termine llevando frente a la autoridad a aquel que ha caído de la gracia política y no aquel que ha utilizado de manera inadecuada los recursos públicos.

 

Esa es la visión del sistema, con una Auditoría Superior de la Federación que deje de ser (inaudible) las bancadas –y aunque se nos vaya la luz aquí nos vamos a quedar- Sistema Nacional Anticorrupción, donde la  Auditoría Superior de la Federación, compañeras y compañeros, deje de ser un instrumento de político ente las bancadas representadas en la Cámara de Diputados y se convierta verdaderamente en una entidad de investigación que permita revisar, no solamente al gobierno federal, sino cómo se está gastando el dinero ahí en las entidades federativas, esas que han sido reconocidas como la gran caja negra de los recursos públicos.

 

Con una Fiscalía Anticorrupción que siendo autónoma pueda como en el caso de Brasil o Guatemala, hacerle preguntas a los grandes del poder, que pueda de manera muy puntual  a través de un tribunal ejercer la labor jurisdiccional teniendo capacidad de tener un entramado mucho más sólido y mucho más consistente.

 

Y especialmente compañeros y compañeras, siendo un Sistema Nacional Anticorrupción presidido por los y las ciudadanas, darle la capacidad a los dueños del dinero, aquellos que financian la actividad gubernamental, aquellos que le pagan a los servidores públicos, quienes estén al frente de la acción en contra de la corrupción.

 

Aquellos que representen a los empresarios que quincena tras quincena, cuando pagan la raya y pagan los salarios, son los que cubren los impuestos al mismo tiempo que están generando empleos.

 

Que esos empresarios tengan capacidad de estar representados en ese sistema, para verificar verdaderamente que ese dinero de los impuestos, se esté gastando en lo que se tenga que gastar, y que no termine en la campaña de algún partido político –el que les guste- financiando algún candidato para beneficio de una camarilla o de un grupo, en lugar de que sea para el desarrollo del país.

 

Para que puedan esos ciudadanos y ciudadanas verificar que verdaderamente se le estén dando los programas a quienes los merecen, no a las clientelas que apoyan a tal o cual grupo, que a través de los padrones gubernamentales se tenga plena claridad de quien merece un programa y un acceso a un presupuesto público, y que no sea ya ese dinero, para atender a la clientela de un color político.

 

Si esto les suena compañeros y compañeras, pues es lo que estamos por votar, de esa dimensión tiene que ser el cambio.

 

Y nuestra preocupación como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es que no se haya querido avanzar –como lo dije antes- en el tema de las declaraciones.

 

Una declaración patrimonial, una declaración fiscal, y una declaración de intereses, por cada uno de los servidores y las servidoras públicas del país, que permita saber con cuántos recursos entra al desempeño de la labor que se le ha encomendado.

 

Si es un senador, o una senadora, si es un diputado o una diputada, que la gente sepa con qué entra, que la gente sepa cuánto está pagando de impuestos, y que la gente sepa cuáles son los intereses que representa, para que no tengamos ya, compañeros y compañeras, votaciones de la Ley de Ingresos, donde de repente aparecen senadores que amparados en un fuero y en la representación de su estado, y o en la representación popular, terminando votando a favor de los intereses que los financiaron en las campañas.

 

O de los intereses de los cuales han vivido legítimamente, durante tanto tiempo, pero que a la hora de votar no puedan ser los intereses que se representan.

 

Entonces compañeros y compañeras, el PRD está en contra de que no se quiera avanzar en esa declaración pública.

 

Yo estoy convencido de que si avanzamos en ese esquema, posiblemente habrá muchos vericuetos para que le algunos le den la vuelta, pero si hoy hay una iniciativa ciudadana con 640 mil firmas, creo que lo que podríamos empezar a hacer, es a reconstituir el pacto de confianza que hoy está gravemente perdido con la ciudadanía y solamente hay que voltear a ver el pasado 5 de junio, donde todos los partidos políticos perdimos; unos más, otros menos, pero donde la sociedad salió a decirnos que ya basta de esa corrupción que los agobia.

 

Por eso votaremos en contra de esa Ley de Responsabilidades.

 

Es cuanto señor presidente.

 

 

 

 

0-0-0