Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez para referirse al dictamen de la Primera Comisión que contiene punto de acuerdo por el que se considera sin materia la proposición que solicitaba al Ejecutivo Federal ejercer el mandato constitucional del apartado C del artículo 72 constitucional.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Con su venia, señora presidenta.
Estamos frente a una crónica anunciada, un Código militar de Procedimientos Penales que se discutió en Cámara de Diputados como Cámara de origen, con votación efectivamente de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática argumentando por qué era necesario votar en contra; plasmaron preocupaciones que compartimos totalmente en el Senado de la República cuando correspondió la revisión de la minuta.
Y ya muy tarde, las últimas horas prácticamente del periodo ordinario de sesiones se vota sin que haya la disposición para escuchar las preocupaciones que estamos vertiendo; por cierto, preocupaciones que además también ha estado señalando de manera pertinente, de manera formal, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que nosotros debiésemos atender porque estamos frente a preocupaciones que están inscritas como situaciones no aceptables en los tratados internacionales y también en las propias sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto contra el Estado parte México de la Convención Americana para los Derechos Humanos.
Es importante señalar que si bien el punto de acuerdo resultaba atípico porque es pedirle al Ejecutivo que vetara una ley a partir de que tenía una mayoría en el Congreso y, entonces, la solicitud de una minoría es que pudiera atender desde su potestad que no aprobara para tener la revisión de algunos puntos importantes que son de nuestra preocupación.
Menciono solamente algunos, la invasión de comunicaciones privadas o aspectos graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar. Es algo verdaderamente inaceptable; así como aquellos actos de investigación tan amplios que no requieren de control judicial; todo ello no sólo contraviene nuestro texto constitucional, insisto, sino tratados internacionales en la materia.
Es importante señalar, por ejemplo, que en el dictamen, las víctimas, la potestad como son consideradas nos parece verdaderamente poco aceptable, donde no se garantiza la reparación integral del daño; igualmente la comparecencia de las personas, testigos o expertos, en los procedimientos militares sin ninguna regulación para que la misma comparecencia se produzca de forma que contribuya a la justicia sin poner en riesgo el derecho de las personas a no ser sometidas a jurisdicción militar alguna.
Termino señalando finalmente que estamos en contra de que la Primera Comisión haya resuelto de forma negativa este dictamen, sabemos que estamos prácticamente a unos días de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación y el haber determinado no escuchar a posibilidad de que el Presidente vetara la iniciativa, insisto, es algo atípico porque no se puede ir en contra de la determinación una mayoría de la decisión de la propia mayoría, sin embargo, anunciamos que vamos a presentar ahora que está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación este Código militar de Procedimientos Penales, presentaremos las reformas conducentes y convocaremos a todos los expertos, y convocaremos a todas las personalidades interesadas y convocaremos a quienes tengamos que convocar en el ámbito internacional y nacional para que sigamos reflexionando sobre lo que acabaron ustedes de decidir hace apenas unos días, semanas, al final del periodo ordinario de sesiones.
Nos parece verdaderamente grave que este Código Militar de Procedimientos Penales que va a entrar en vigor ahora, y por las prisas de que entre en vigor ahora el 18 de junio, no se revise de manera puntual cuestiones que son violatorias a los derechos humanos y a los tratados internacionales.
De tal manera que no podemos dejar de atender el que tenemos que discutir de manera puntual que lo que estemos resolviendo en reformas o en nuevas leyes, cuiden y garanticemos, porque estamos obligados a ello, a que no estemos poniendo preceptos que simplemente van a servir de justificación de violaciones graves a los derechos humanos.
Es como si México no aprendiera de tanta recomendación y tanto señalamiento que le hacen a nuestro país y todavía seguimos poniendo en una situación de vulnerabilidad a las fuerzas armadas como es el caso.
Muchas gracias por su atención.
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