Ayotzinapa, 20 meses / El Financiero


Este 26 de mayo se cumplieron 20 meses de la tragedia de Iguala y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A casi dos años, el gobierno federal y las autoridades estatales y municipales siguen siendo los principales responsables del desaseo y de las dudas generadas por una investigación orientada más a darle “carpetazo” a uno de los sucesos más trágicos de la historia reciente y no a conocer la verdad de los hechos.

Poco o nada se avanzó en estos 20 meses para mitigar el dolor de los familiares y por lograr la justicia y la verdad. La tragedia de Iguala dejó 180 víctimas directas, 6 ejecutados, 40 heridos, 80 víctimas perseguidas y 43 estudiantes que siguen en calidad de desaparecidos.

Después de casi un año de trabajo de investigación impecable, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminaron en los peores términos con el gobierno federal, pero no con la sociedad.

Gracias al trabajo del GIEI se demostró que la “verdad histórica” es una versión endeble; que hubo siembra de evidencias, tortura a los principales implicados y una cerrazón inexplicable para contar con el testimonio de todos los cuerpos policiacos y militares involucrados en los hechos.

El GIEI rompió con el círculo de la mentira impuesta desde el poder, pero no pudo romper con las complicidades, la negligencia y los graves crímenes que están en torno a este expediente. Ganaron una credibilidad enorme frente a la sociedad, lo que generó una de las peores actitudes de autoritarismo del régimen priista: en lugar de tomar sus informes como hojas de ruta para investigar, se dedicaron a desacreditarlos, cuando fue el propio Estado mexicano el que los invitó.

El primer mandatario Enrique Peña Nieto, en entrevista reciente con La Jornada, declaró que “no entiende” en qué momento su administración pasó a ser la responsable de los sucesos de Iguala.

Como si no fuera el jefe del Estado y del gobierno mexicanos, Peña Nieto se cubrió en una aparente sorpresa para no tomar la responsabilidad frente al caso: la PGR atrajo la investigación ante la clara corrupción del gobierno de Guerrero; la presidencia mexicana se comprometió a resolver la situación y le prometió a los familiares estar de su lado. En los hechos, ha sucedido todo lo contrario.

A 20 meses de los sucesos, los familiares de los 43 normalistas, los estudiantes sobrevivientes y decenas de organizaciones sociales y mexicanos que los hemos apoyado en su batalla, han emprendido lo que podemos denominar la tercera fase por la justicia en el caso Ayotzinapa.

Esta tercera fase tiene como características principales las siguientes:

1.-Insistir en relevar a los principales responsables de ensuciar la investigación y “sembrar” evidencias en la PGR, especialmente, al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

2.-Rechazar la propuesta del gobierno federal para que el mecanismo especial de seguimiento del caso Iguala sea de sólo seis meses. Exigieron que este mecanismo tenga una temporalidad indefinida o hasta que concluyan las investigaciones.

3.-Continuar las movilizaciones, dirigiendo su demanda hacia los gobiernos extranjeros, socios de México. En 20 meses Ayotzinapa se ha vuelto uno de los puntos más negativos de la imagen de nuestro país en el extranjero.

4.-Los jóvenes estudiantes están realizando brigadas para entregar cartas a las embajadas de Alemania, Rumania, Cuba, Noruega, Estados Unidos, entre otras.

Ayotzinapa es una tragedia de todos los mexicanos. Ni perdón ni olvido hasta que exista justicia.

La autora es senadora de la República.

Twitter:@Dolores_PL