La falta de supervisión y estricto cumplimiento de la ley, reglamentos y normas oficiales mexicanas por parte de las autoridades municipales de Guadalajara y Tonalá, Jalisco, ha permitido la proliferación de centros de rehabilitación como los operados por la asociación “Despertar Espiritual”, denunció la senadora Angélica de la Peña.
Dijo que la intervención de dichos centros de rehabilitación no se debió a las autoridades municipales sino a la denuncia interpuesta por una mujer ante la Fiscalía General de Jalisco debido a que no le permitían llevarse a su familiar e incluso fue retenida hasta pagar una cantidad para ser liberadas, como dan cuenta medios de comunicación locales.
Indicó que si bien la la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), bajo el protocolo Sistema Vigía, elabora un registro de estos centros de rehabilitación y realiza inspecciones, las autoridades municipales no pueden eludir su responsabilidad.
La senadora del PRD resaltó que es muy preocupante que las autoridades de Guadalajara y Tonalá, incluidos los DIF municipales, desconozcan lo que ocurre al interior de los centros de rehabilitación y albergues instalados en su demarcación y carezcan de un programa de visitas sopresivas a fin de constatar que, en el caso de centros de rehabilitación, se cumpla al menos la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, referente a la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
Según información oficial, en Jalisco se encuentran instalados 173 albergues para adictos, 121 de ellos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, dato que dispara las alarmas, pues se encontraron internadas hasta ahora a 430 personas, 112 de ellas menores de 18 años de edad, quienes vivían en condiciones infrahumanas y recibían tratos crueles y probable tortura, situación que recuerda el caso de Rosa María Verduzco “Mamá Rosa” pero multiplicado.
Es urgente que las autoridades de Guadalajara y Tonalá asuman sus responsabilidades y apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables de supervisar el funcionamiento de los centros de rehabilitación y albergues, no sólo para cumplir con la norma oficial mexicana, sino especialmente las obligaciones que les impone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, finalizó la senadora Angélica de la Peña.
