- El Gobierno Federal debe ser sensible ante la demanda de diálogo nacional sobre la educación.
- La reforma educativa será viable si participan todos los sectores de la educación, incluyendo a cada uno de los maestros.
Todavía es tiempo de que la reforma educativa avance hacia un amplio consenso si se abre un camino hacia un diálogo nacional entre el Gobierno Federal y todos los involucrados en el proceso educativo, incluyendo a los maestros, manifestó el Senador del PRD, Raúl Morón Orozco.
“No es con amenazas ni con despidos que la calidad educativa en México se volverá una realidad; es con un esfuerzo conjunto que se debe asumir el desafío que implica articular todas las visiones sobre el futuro de la educación en nuestro país”, abundó.
Morón Orozco recordó que la Secretaría de Educación Pública anunció el despido de 3 mil 119 de maestros de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, y el descuento de por lo menos 12 millones de pesos diarios, acciones tomadas con motivo del paro nacional, realizado desde el pasado 15 de mayo.
Por ejemplo, recapituló, en Michoacán la última evaluación convocó a 5 mil 687 docentes, de los cuales únicamente asistieron 752 en todo el estado; tomando en cuenta que estuvo “resguardada” por más de 3 mil policías; es decir, poco más del 15 por ciento.
Frente a estos hechos y a partir de las movilizaciones impulsadas en días recientes por el magisterio en todo el país, el Senador Raúl Morón se manifestó por un diálogo incluyente, amplio y verdadero, en aras de abonar a la generación de soluciones que permitan superar el conflicto en beneficio de la educación y de la sociedad en general.
“Exigimos que se respeten los derechos humanos y laborales de todo el magisterio; México atraviesa por una crisis en derechos humanos que no debe generar más atropellos y represión en la que el principal señalado de ello ha sido el Gobierno Federal”, sentenció.
En principio, dijo, asumimos que las diferencias existentes entre el Gobierno Federal y la base magisterial a partir de la reforma educativa del año 2013, parten de una visión distinta del modelo educativo del país, de la profesionalización docente y de sus mecanismos de evaluación del desempeño, entre los representantes del gobierno y el magisterio mexicano, lo que ha dificultado un adecuado entendimiento sobre los verdaderos fines de la educación y sobre el propósito superior de brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes de nuestro país, sin menoscabo de los derechos laborales de los docentes.
El Legislador del PRD reconoció que una obligación del Estado mexicano debe ser la implementación de políticas educativas y acciones formativas que garanticen el desarrollo del país, a partir de una educación básica y media superior que propicie mayores vocaciones científicas y tecnológicas en las presentes y futuras generaciones de mexicanos, con la participación de un magisterio mejor capacitado para enfrentar con éxito los desafíos competitivos del contexto global en pleno siglo XXI, del que México no puede sustraerse.
Sin embargo, consideró que el logro de dicho retos no puede imponerse de forma unilateral y, menos aún, con acciones autoritarias o represivas, sin escuchar las demandas, propuestas e inquietudes de la base magisterial y sus representantes.
“La evaluación docente debe ser, ante todo, una oportunidad para mejorar las capacidades formativas de los maestros mexicanos, para fortalecer su práctica profesional, favorecer sus condiciones de trabajo, reivindicar la posición social del docente y, sobre todo, para propiciar un desempeño magisterial a la altura de las exigencias que hoy nos demanda el desarrollo nacional, pero nunca un acto que ponga en riesgo la funcionalidad del sistema educativo, el derecho de nuestros niños a recibir educación de calidad, el cierre de las escuelas, el despido de los maestros o la alteración de la paz social”, mencionó.
Por ello, demandó que de manera urgente se establezca una mesa de diálogo nacional que ponga fin al paro magisterial en todo el país, que regularice el servicio educativo en aquellas entidades de la república que hoy forman parte del conflicto educativo y social, y que permita el análisis crítico, integral y reconstructivo de la actual reforma educativa y del proceso de evaluación del desempeño docente.
“Exigimos del Gobierno Federal y particularmente, del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, que cese de inmediato cualquier acción o intención de despido de las maestras y maestros en conflicto, en una señal de diálogo para la generación de los acuerdos que permitan poner fin al conflicto”, indicó.
México, dijo, demanda un Gobierno Federal y un magisterio nacional que caminen y actúen juntos, bajo el único propósito de trabajar por la formación del capital cultural y científico de nuestros hijos. Hoy más, que nunca, México nos necesita unidos.