Ministerios públicos deben proporcionar atención especializada a víctimas de abuso y maltrato infantil, exige la Peña Gómez


La senadora Angélica de la Peña alertó que México ha ascendido rápidamente en el ranking mundial hasta ocupar uno de los primeros sitios en violencia contra niñas, niños y adolescentes, desde la violencia física, el abuso sexual y el homicidio, “y cuando se trata de abuso sexual, los padres de las víctimas deben enfrentar múltiples trabas al intentar denunciar, como ocurrió en el caso del Colegio Montessori Matatena, en el que a pesar de las denuncias interpuestas y del resultado positivo de las pruebas que constatan el abuso sexual cometido a por lo menos tres niños, no se salvaguardó inmediatamente el interés superior de la niñez con la finalidad de garantizar los derechos de las y los alumnos y fue un mes después que se detuvo a uno de los probables responsables”.

 

Por lo anterior, propuso a la Comisión Permanente que la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de las 32 entidades federativasinstruyan a los Ministerios Públicos a:

 

  • Garantizar el interés superior de la niñez, el cual deberá ser considerado de manera primordial, en la toma de decisiones sobre una cuestión que involucre a niñas, niños y adolescentes;

 

  • Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza de la investigación y del procedimiento lo requiera; y;

 

  • Dar aviso a la Procuraduría de Protección a fin de garantizar la efectiva representación, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tal y como lo establece la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

En el punto de acuerdo presentado, la legisladora del PRD apuntó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reporta que México, Estados Unidos y Portugal tienen el número más alto de niños muertos por maltrato entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrado por 30 naciones.

 

La misma OCDEcoloca a México en el primer lugar, a nivel mundial, en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años; es decir, acorde a las estadísticas, 4.5 millones de infantes son víctimas de este ilícito, lo más grave es que sólo dos por ciento de los casos son conocidos.

 

De acuerdo a Unicef, en 2013 entre 55 y 62 por ciento de los niños en el país sufrió maltrato, y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una tercera parte de los hogares mexicanos padece violencia.  Y los estados que aparecen con mayor frecuencia en las primeras posiciones con más casos de maltrato infantil comprobado fueron Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

 

Por si la violencia por sí misma no fuera una problemática preocupante, el mismo organismo señala en su informe anual 2014 que México registra de los más bajos presupuestos para atender este mal social, sólo uno por ciento de los recursos destinados a la infancia se dedica a la protección contra violencia, abuso y explotación de infantes y adolescentes.

 

De la Peña Gómez recordó que la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2014, tiene como objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano forma parte.

 

Por tal motivo, resaltó, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que una vez que se identifica o sospecha de abuso sexual sean llevados a consulta médica inmediata y posteriormente a realizar la denuncia al Ministerio Público.

 

  • La atención hospitalaria que reciban debe ser de emergencia. El abuso sexual debe tratarse siempre como emergencia muestren o no lesión aparente y deben de recibir los servicios de profilaxis, anticonceptivos de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la Ley.

 

  • Tiene derecho a que se les reciba y atienda en cualquier institución de salud. No se les debe exigir condición previa de admisión.

 

  • Todos tienen acceso gratuito a la justicia. Además deben recibir medidas de ayuda, protección, atención y reparación del daño así como un trato igualitario sin discriminación y sin que se les soliciten requisitos para acceder a este derecho.

 

 

 

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