Periodo extraordinario ya — La Crónica de Hoy


La aprobación de las leyes que permitan crear el Sistema Nacional Anticorrupción fue el gran pendiente legislativo que se atoró en las discusiones de comisiones del Senado de la República. Existe un reclamo social generalizado a todo el Congreso que exige, con toda razón, la realización inmediata de un periodo extraordinario de sesiones para cumplir el mandato constitucional y aprobar las leyes correspondientes antes del 28 de mayo, plazo fijado en el segundo transitorio de la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción promulgada el 27 de mayo de 2015.

La sociedad organizada y políticamente activa está jugando un papel importante en la confección, discusión y presión para sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción. Han trabajado sin distingo político, conscientes de que dejar la tarea a las fuerzas partidarias representadas en el Congreso no será suficiente para generar el articulado legal y el entramado administrativo que resulte eficaz y eficiente para desmontar la pirámide de corrupción que existe en nuestro país.

En esta batalla contra la corrupción los principales partidos de oposición, PAN y PRD, decidieron formar un frente legislativo a favor de construir la legislación más avanzada, coherente y efectiva que dote al Sistema Nacional Anticorrupción de fuerza real, de mecanismos claros de aplicación de la ley, de organismos eficaces y eficientes para investigar y combatir la corrupción, en suma, de evitar construir un elefante blanco inoperante que no signifique peligro para las enraizadas redes de corrupción y prevalezca la impunidad sobre la ley.

Quienes impidieron, de un modo u otro, la concreción de los dictámenes correspondientes para llevar al pleno del Senado el tema Anticorrupción fueron los legisladores del PRI y Verde Ecologista. Son ellos los que se han opuesto al contenido íntegro de la ley 3 de 3 que miles de firmas de ciudadanos avalan; insisten en que el Fiscal Anticorrupción sea propuesto por el Presidente aun cuando todos sabemos que esto implica tener un fiscal a modo y que se realicen falsas investigaciones como fue el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto y la Secretaría de la Función Pública; no aceptan modificar el alcance del fuero constitucional a cuyo amparo están verdaderos ladrones de cuello blanco gozando de impunidad. En suma, los legisladores del PRI-PVEM tiene una alianza pero no con la sociedad sino para proteger y solapar sus propias redes de corrupción y tráfico de influencias con las que operan procesos electorales, gestiones legislativas y favores políticos para beneficio de los suyos.

En su primera sesión, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió un punto de acuerdo de las y los senadores del PRD para realizar un periodo extraordinario del 23 al 26 de mayo, a fin de aprobar las leyes anticorrupción, para lo cual se propone citar a las comisiones respectivas a sesionar a partir del lunes próximo, con el objetivo de elaborar los dictámenes correspondientes. Estamos convencidos, como muchos otros mexicanos y mexicanas, de que no podemos poner como pretexto las próximas elecciones locales del 5 de junio para postergar un deber constitucional y dejar para después la entrada en vigor del sistema para combatir el que quizá es el mayor flagelo social, económico y político del país: la corrupción.

Lo que el PRD propone es que en el periodo extraordinario se aborden las siete leyes vinculadas al combate a la corrupción: La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y el Código Penal Federal, en materia de delitos de corrupción.

Además, se incluye discutir y aprobar la reforma constitucional que reordenará la función policial en todos los órdenes de gobierno y la prestación de los servicios de seguridad pública, y la reforma legal que habrá de cambiar el enfoque de tratamiento al problema de las drogas en nuestro país, especialmente con relación a la marihuana. Tenemos el compromiso y el deber político de actuar con responsabilidad de cara a la Nación. XXX Twitter @SenLuisSanchez