Al unísono gritamos #VivasNosQueremos
La democracia en nuestro país no podrá consolidarse mientras se niegue o regatee a las mujeres el goce pleno de sus derechos y sean víctimas de la violencia machista ante las omisiones e indiferencia de las autoridades.
Nuestro país y su sistema político no pueden definirse como democráticos cuando toman en cuenta a las mujeres sólo cuando hay procesos electorales en puerta, mientras que el resto del tiempo las discriminan de la toma de decisiones, de los espacios de poder, del derecho de acceso a la justicia y a la mismas oportunidades que tienen los hombres para su desarrollo educativo, laboral y de elección de proyecto de vida.
No siendo suficiente esta segregación, la violencia en todas sus modalidades contra niñas, adolescentes y mujeres ha tenido un crecimiento en espiral durante la última década y es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno debido a su incapacidad y apatía para proteger los derechos de la mitad de la población de nuestro país.
Es inconcebible que las autoridades consideren un gran logro que la violencia feminicida se haya reducido 25 por ciento del año 2012 a la fecha, pero en la realidad cotidiana más de 60 de cada 100 mujeres en México, mayores de 15 años, han padecido distintos tipos de violencia, de acuerdo con cifras del mismo Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Los gobiernos federal, estatal y municipal no sólo evaden su responsabilidad para aplicar rigurosamente el marco jurídico de protección de los derechos humanos de todos y todas las mexicanas, además de la legislación especializada que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que también desalientan la denuncia y ejercicio de la acción penal en contra de los agresores y carecen de un sistema de atención integral para las víctimas de violencia de género.
Hoy la sociedad entera debiera estar indignada porque el caso de Los Porkys en Veracruz es la punta del iceberg que representa la impunidad de la violencia sexual contra las mujeres en México, pues la oficina de Naciones Unidas en nuestro país señala que cada año se presentan alrededor de 15 mil denuncias por violación, pero sólo un 20% de todas ellas recibió sentencia de 1997 a 2014.
En el mismo sentido, debemos recordar que un estudio del INEGI muestra que de cada 10 violaciones, en ocho casos el victimario es la pareja, es decir que de tres millones 540 mil mujeres mayores de 15 años que reconocieron haber sufrido violencia sexual, dos millones 886 mil dijeron haberla padecido dentro del matrimonio o las uniones de pareja; en contraste con las 654 mil mujeres que dijeron haber sido violadas por familiares, conocidos o personas desconocidas.
Debe avergonzarnos que la Ciudad de México sea señalada por el Banco Interamericano de Desarrollo como la urbe de América Latina y el Caribe con el sistema de transporte más peligroso para las mujeres, y por si fuera poco este dato, ONU-Mujeres ha denunciado que en la capital de nuestro país una de cada dos mujeres ha sido agredida sexualmente en espacios públicos, siendo las frases ofensivas, tocamientos e, incluso, la violación las formas más frecuentes.
A pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es vanguardista, en el Senado de la República será revisada para su perfeccionamiento, al igual que el mecanismo para la Alerta de Violencia Género, pues deben tomarse acciones inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, pero por muy buena que sea la ley que apruebe el Congreso, será letra muerta si las autoridades no cumplen con su responsabilidad.
El peligro que nos acecha a las mujeres en cada rincón de nuestro país ha convertido nuestro horror en valentía, nos ha llevado al hartazgo y a salir a la calle a gritar ¡basta!, no más indiferencia, no más invisibilización, no más silencio, no más condescendencia, no más violencia machista.
Miles de mujeres, de al menos 27 ciudades de todo México, nos hicimos escuchar y al unísono gritamos #VivasNosQueremos; esta movilización fue para exigir a las instituciones del Estado mexicano que reconozcan que han incumplido la ley y con ello violado los derechos humanos de las mujeres.
Es necesario que la sociedad entera y las instituciones del Estado admitan que han sido insensibles ante la muerte y desaparición de miles de niñas y adolescentes, para que acepten que han sido omisas ante las agresiones sexuales machistas en todos los ámbitos.
Las miles de mujeres, hombres solidarios y familias que se movilizaron en todo el país nos exigen respuestas y acciones que cambien urgentemente una realidad violenta que carcome el tejido social.
@angelicadelap
Presidenta de la comisión de
Derechos Humanos del
Senado de la República.
