Discurso pronunciado por el senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, durante la clausura de la Cuarta Edición de la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República.
Fernando Mayans Canabal (FMC): Bueno, ya para irnos, amigas y amigos.
Hace poco más de setenta años, la creación del Seguro Social y del sistema público de pensiones, fue una de las bases para la industrialización del país fue también, a pesar de importantes resistencias para su creación, una demanda obrera, una oferta del Estado y la subrogación de las obligaciones patronales al sector público.
El crecimiento de la economía, el empleo y los salarios sustentaron la ampliación de la cobertura y de los beneficios del Seguro Social; a su vez, el Seguro Social favoreció el crecimiento económico y la productividad.
Más que un “impuesto al trabajo”, las cuotas pagadas por los patrones pasaron a ser parte constitutiva del salario; las cuotas de los trabajadores una obligación colectiva de tradición mutualista, y las contribuciones estatales, el subsidio solidario de la sociedad con los costos de previsión social de los trabajadores de empresas privadas.
El régimen de fondos colectivos en salud y pensiones fue un mecanismo de redistribución de ingresos, favoreciendo proporcionalmente más a los trabajadores de bajos salarios, enfermos, en condición de invalidez parcial e incapacidad permanente total, cesantía en edad avanzada y vejez.
En 1959-60, con la fundación del ISSSTE, se unifican y amplían las prestaciones de seguridad social para los empleados públicos. Las Ley del ISSSTE de 1983 y la del Seguro Social de 1973, abrieron la posibilidad de incorporar, mediante convenios no obligatorios a trabajadores de entidades federativas, municipios y universidades.
No obstante lo avanzado de aquellas reformas, a la fecha, miles de empleados de los tres niveles de gobierno, y en particular, municipales, carecen de acceso a la cobertura de seguros del IMSS o del ISSSTE.
El diseño del Seguro Social también previó un tratamiento específico en relación a contratos colectivos con prestaciones inferiores, iguales o superiores, como el caso de los programas de jubilaciones y pensiones de Pemex, CFE y del propio Seguro Social en su calidad de patrón.
Igual tratamiento recibirían los programas derivados de Condiciones Generales de Trabajo como los de la Banca de Desarrollo. En el camino, el obligado tratamiento actuarial de estos programas, devino en marcadas diferencias entre las distintas generaciones de trabajadores en términos de beneficios y obligaciones.
Se diseñaron también “trajes a la medida”, discrecionales, para la jubilación anticipada y privilegiada de servidores públicos de mandos altos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno. Hasta llegar al punto en que los trabajadores de sector público de nueva contratación, son confinados al régimen de cuentas individuales y afores, profundizando con ello, la desigualdad y la inseguridad económica en la vejez.
La crisis económica de los años ochenta, el recambio hacia un patrón de acumulación secundario exportador, la acelerada apertura externa, y el ajuste estructural y presupuestal, configuraron una economía exportadora de importaciones; maquiladora; con un polo agroexportador; bajas tasas de crecimiento y de empleo, y remuneraciones al empleo formal cada vez más empobrecidas. Los salarios precarios se convirtieron en el commodity de los contados polos crecimiento industrial.
Una realidad económica desfondada de las bases estructurales para “crecer desde dentro”, como recomendaba la escuela cepalina de los años noventa. Una realidad económica que lanza a millones de jóvenes al desempleo, la informalidad, y el trabajo precario.
Millones de excluidos por las bajas tasas de crecimiento y quienes tienen un empleo en el sector privado, sobreviven con bajos salarios, de 17 millones trabajadores del sector privado afiliados al Seguro Social, 13 millones (75 por ciento) cotizan con salarios equivalentes entre uno a 5 salarios mínimos.
Bajo este modelo polarizado, excluyente y con altos niveles de desigualdad de ingresos, cercado ahora por la economía del crimen, la fisionomía social del Estado también se viene rediseñando: del “Estado Social de Derecho” al derecho a “mínimos, que prometen ser “garantizados” y “exigibles” ante la autoridad judicial.
Poco o casi nada de esta realidad estructural económica, amigos y amigas, esa realidad estructural social y política fue considerada en los diagnósticos de 1995-97 y 2007 para tener un modelo de reforma de pensiones. Su principal variable de estudio fue la transición demográfica que tanto hemos hablado en la semana, que si bien incide en los sistemas de pensiones, sobre todo en los programas “cerrados” del sector público, no es único factor que afecta el financiamiento o desempeño de los seguros sociales en pensiones.
Tampoco se exploró la posibilidad de unificar y consolidar en el ISSSTE algunos de los más de 105 regímenes pensionarios de empleados públicos de los tres niveles de gobierno, e incorporar a su cobertura a los empleados, que ahora les ponemos el dedo y señalamos mucho, de los municipios.
Por el contrario, se alinearon los consensos oficiales y de la noche a la mañana, se impuso como único camino, la reforma hacia llamado Sistema Nacional de Pensiones de capitalización individual, administración privada, con garantía del Estado de pago de pensiones mínimas.
La reforma del IMSS de 1995 y del ISSSTE 2007, han sido los “catalizadores” para continuar reformando por la misma ruta el resto de programas de trabajadores del sector público, en efecto, altamente fragmentado.
En el camino se mantuvieron, por decirlo de alguna manera, “errores de diseño”, como el SAR de 1992, cuyos recursos acumulados en las cuentas individuales no se utilizaron para mejorar y complementar la pensión por ley o por la contratación colectiva y condiciones generales de trabajo.
En el camino hacia el llamado Sistema Nacional de Pensiones, los arreglos gubernamentales son desiguales e inequitativos, por ejemplo, en los casos de Pemex y CFE, el gobierno federal asume una proporción del pago de las pensiones y jubilaciones, pero esta fórmula no la aplica para las pensiones y jubilaciones de las Universidades e Instituciones públicas de educación superior, o del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos trabajadores y jubilados, junto con el Instituto, asumen la mayor parte del costo del ajuste.
Los más recientes estudios de la Consar y la OCDE sobre la problemática del sistema de capitalización individual del IMSS y su régimen de transición, ahora se apoyan para reformar disminuyendo aún más los beneficios, no sólo en la transición demográfica, sino también en la dinámica del mercado de trabajo, inestabilidad laboral, informalidad, desempleo, las bajas tasas de cotización y el impacto de las transferencias públicas en los ingresos por pensiones, variables que no estuvieron presentes para diseñar la reforma de 1995.
Como vimos en el primer panel del pasado martes, el estudio de la OCDE plantea una agenda de reformas para apuntalar la capitalización individual y disminuir el costo fiscal de la reforma, claro está, a confesión de parte, disminuyendo beneficios y tornando más rígidos los requisitos.
Para lo cual se recomienda al gobierno mexicano un coctel explosivo de reformas estructurales y paramétricas, so pena de no hacerlo, terminar por desprestigiar el “exitoso” sistema de cuentas individuales que asegura una pensión promedio de 26 por ciento del último salario.
Entre otras medidas plantea disminuir el tope de las pensiones de la Ley 1973, de 25 a 10 veces el salario mínimo. Lo que parece alinearse a las Jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 2010 y febrero de este año.
Hemos señalado en diversas ocasiones que las reformas no atendieron centralmente la problemática de la seguridad social en la vejez, su cobertura, financiación y arreglo con equidad. Tampoco se sustentaron en auténticos y amplios diálogos laborales y sociales. Por ejemplo:
En términos actuariales y financieros, la reforma era más urgente en el ISSSTE, pero ésta se llevó a cabo 12 años después del IMSS.
En términos de sus objetivos (cerrar el sistema de reparto y aumentar la tasa de ahorro), la reforma del ISSSTE fue un fracaso: de 2 millones 72 mil trabajadores, 86% optaron por el régimen de beneficio definidos y sólo 14% por el Sistema de Cuentas Individuales con Bono de Pensión.
En cuanto a sus promesas o supuestos esperados, las tenencias del SAR evidencian su fracaso, veamos algunos datos:
- La reforma aumentará la cobertura de la fuerza de trabajo.
Entre 1997-2014, la cobertura de trabajadores asegurados al IMSS con relación a PEA se mantiene entre 28.1 y 31.6%, y como proporción de la población ocupada entre 29.3 y 33.3 por ciento.
Los períodos de crecimiento relativo de la cobertura, parecen estar más asociados con políticas fiscales de estímulo al empleo y a la formalización laboral, como las llevadas a cabo en los años 2007, 2009 y 2014.
- Un sistema de pensiones más equitativo.
En lugar de explorar diversas opciones de reforma, se optó por el sistema descapitalización individual, con esquemas de transición que profundizan la desigualdad. El SAR no mejora la situación de los trabajadores de menores ingresos y mujeres, quienes para acceder a la pensión mínima garantizada deben acreditar 25 años de cotizaciones, 15 más que en el régimen anterior. La devolución de sus recursos no es sinónimo de mayor justicia ni mayor equidad, es la constatación de que el SAR no garantiza pensión laboral. Y hemos repetido todos los años: “La pobreza en la vejez tiene rostro de mujer”.
- Pensiones dignas y con la debida sustentabilidad financiera.
El SAR es un sistema de ahorro, no de aseguramiento en la vejez, mucho menos para la mayoría de trabajadores. El modelo económico tampoco, por eso pensamos que la formulación del Banco Interamericano de Desarrollo de “Mejores trabajos, mejores pensiones”, debe reformularse en esta dirección: “Mejores y más trabajos, mejores salarios, mejores pensiones”.
- Un sistema equitativo y transparente.
El sistema privado de Afores tiene muy poco o nada de equitativo y transparente, con altas comisiones, incluido Pensionissste que cobra la comisión más baja pero muy alta en relación a sus gastos de operación. Si bien han bajado los traspasos a afores con menores rendimientos persisten las malas prácticas, ahora mismo la Cofece realiza una investigación a cuatro administradoras por realizar posibles acuerdos ilegales como manipular comisiones, repartirse el mercado o intercambiar información que afecta la competencia .
Operan afores injustificadamente ineficientes, a las que debería cancelarse la autorización, pues cobrando altas comisiones ofrecen bajos rendimientos.
- Respeto a los derechos adquiridos a través de un esquema de transición. Esto parece haber cambiado 18 años después, considerando las jurisprudencias de la Corte y la agenda de la OCDE.
Vendieron una reforma con un conjunto de expectativas que no tiene posibilidad de cumplir, sin que tenga pensión la mayoría.
Amigas y amigos todos.
Las tendencias del sistema privado de pensiones anuncian desde ahora un desastre social y fiscal. El sistema funciona bien para unos cuantos, pero no es solución para la mayoría. Es una fuente extraordinaria de recursos prestables para el gobierno y el sector privado, pero no para asegurar pensiones en la vejez.
Es indispensable sacar el saldo de una reforma que, al no cumplirse las expectativas de crecimiento y combate efectivo a la desigualdad, no va a generar pensiones, mucho menos pensiones dignas.
Si no se atiende con seriedad y responsabilidad la problemática de los distintos sistemas de pensiones se va a agudizar la crisis de los mismos, y será más difícil la construcción de acuerdos para buscarle salidas razonables en función del interés de los trabajadores y del país.
Por ello exhorto al Secretario de Hacienda, Doctor Luis Videgaray, a que cumpla con el compromiso que hizo con el Senado de integrar de inmediato un grupo multidisciplinario de especialistas para diagnosticar, evaluar, y elaborar propuestas de solución para la seguridad social en la vejez. Se requieren estudios serios, evaluaciones serias, dialogo y construcción del más amplio consenso nacional.
Y se requiere amor a México, que no se olvide, que se oiga muy lejos.
Yo agradezco profundamente la presencia de todos y cada uno de ustedes, al pueblo de México que nos están viendo a través del Canal del Congreso, a cada uno de los amigos panelistas.
En especial quiero agradecer a Beatriz Rosado, que llegó –no ha dormido, está igual que yo- llegó de España para estar con nosotros y exponer la experiencia de ese país hermano.
También quiero agradecer especialmente a los panelistas de hoy, que siempre hemos tenido la oportunidad de escuchar esa experiencia, ese conocimiento, de los temas complicados, porque no son fáciles, pero a todos y cada uno de ustedes mi afecto, mi reconocimiento y mi agradecimiento más profundo por apoyarnos siempre a la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República.
También quiero agradecer la presencia de mi amigo, el senador también por el estado de Tabasco, el senador Carlos Manuel Merino, muchas gracias Carlos, senador bienvenido.
Ya lo estamos involucrando aquí con la seguridad social, como se dan cuenta, es el único senador aquí presente junto con su servidor, pero ya lo estamos involucrando, ya lo estamos convenciendo.
Y quiero agradecer también, profundamente a una persona que sin su apoyo estas semanas no fueran una realidad.
A la maestra Odilia Ulloa, la verdad es que muchas gracias Odilia, te lo agradezco mucho de corazón, sin ti la verdad -y lo dio honestamente- esto no hubiera sido posible.
También a Erika Palma, incansable Erika que nos ayuda mucho a estar con todos ustedes; al secretario técnico de la comisión -que se esconde por ahí- Enrique Pedraza, secretario técnico, gracias enrique por todo tu esfuerzo, y ahí con él, pues vamos a estar muy atentos todos para tener las memorias de esta semana.
Y también a todo mi equipo, a todos los que trabajan en mi oficina, les quiero agradecer su apoyo, su esfuerzo, sus desvelos, su comprensión, que me aguanten, no es fácil, se los agradezco mucho.
Y la verdad es que también quiero lamentar algo. O no lamento, tal vez pena, porque el Secretario del Trabajo, Navarrete Prida, lo invitamos, quedo en estar aquí para la inauguración para dar un mensaje desde el punto de vista de la Secretaría del Trabajo, le llamé tres veces antes de que empezara la Semana de la Seguridad Social y nunca tuvo la educación de responder la llamada y por lo menos decir que no venía, aunque su gente aseguró que si venía, estaba en el programa y tampoco no mando a un representante y mucho menos llamó para disculparse.
Le dimos todo la semana para ver si…-digo porque no es que quede mal conmigo, fue una invitación del Senado de la República al señor Secretario del Trabajo y desafió y además despreció al Senado de la República.
Pero ahí nos vamos a ir viendo las caras próximamente.
Y pues en eso estamos, en eso vamos, créanme que ahora que empiece el periodo ordinario vamos a petición de ustedes, el pueblo manda, vamos a proponer un punto de acuerdo para que venga a comparecer y nos explique qué desastre trae con el desempleo en este país.
Y entonces, sin más que agregar y siendo las 14:20 horas del día 29 del mes de abril, doy por clausurado la cuarta edición de la Semana, ahora Nacional, de la Seguridad Social con el tema: Panorama de las pensiones en México, recomendaciones propuestas y otras realidades.
Por su presencia, muchísimas gracias y nos vemos el próximo año, pero además aunque yo no éste se tiene que hacer, porque ya es un decreto, pero vamos a estar insistiendo para poder evaluar que se forme este grupo de expertos, ya se lo pedimos hoy públicamente a Luis Videgaray, lo hemos platicado en corto, ya ha dicho que sí, ya debería estar funcionando desde el año pasado, queremos poder invitar a otros países.
Entonces les agradezco mucho, les mando un abrazo afectuoso y muchísimas gracias por acompañarnos.
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