- Debe ser un órgano público constitucionalmente autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena independencia para dictar sus informes
Los Servicios Forenses en México han permanecido tradicionalmente en un plano secundario, al margen de la asignación de presupuestos y programas prioritarios, creando con esto un gran desafío para el actuar pericial y ante la inminente implementación del sistema penal acusatorio se hace necesaria no sólo la capacitación de jueces, fiscales, defensores, sino también de los servicios periciales y, por tanto en la forma de obtener, incorporar y rendir la llamada prueba pericial, por lo que la senadora Angélica de la Peña propuso la creación del Instituto Nacional de Servicios Periciales, como Órgano Pública Autónomo.
Los Servicios Periciales son una institución fundamental en el nuevo sistema penal acusatorio y debe consolidarse como el pilar técnico científico de la investigación, por lo que en el Congreso de la Unión estamos obligados a dotar de las herramientas indispensables para que el personal que se desempeña en las actividades periciales pueda hacer frente a los retos para una mejor procuración y administración de justicia en México.
No está por demás señalar a manera de ejemplo, apuntó la senadora del PRD, que los laboratorios de criminalística, en algunos estados de la república, presentan un atraso tecnológico considerable, lo que hace que los resultados obtenidos no presenten la certeza probabilística requerida por la ciencia. Equipos fuera de uso por falta de presupuesto para el mantenimiento adecuado, y otros se encuentran en plena obsolescencia tecnológica.
Otro factor importante a destacar en la problemática actual, es la falta de unidad de criterios que existe en la profesionalización de los expertos en diversas materias, ya que los programas de formación de peritos profesionales o técnicos, no están homologados a nivel nacional, lo que genera una formación desarticulada y en ocasiones ni siquiera existen estos programas de formación y los peritos ingresan a las instituciones de procuración de justicia sin tener una formación inicial, ni programas profesionales de reclutamiento y selección; no existen, en gran parte de las instituciones, programas de carrera que los incentive a mantenerse dentro de la procuración de justicia.
Explicó que aunado a lo anterior, en la actualidad todavía no se establecen con debida claridad los programas de certificación pericial que, como está señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es de carácter obligatorio y debe ser otorgada por los Centros de Control de Confianza, con base en las normas de competencia laboral, donde el perito demuestre su aptitud para desempeñar las funciones inherentes a su cargo, es importante manifestar que a nivel federal, ya existen en el ámbito pericial normas de competencia, sin embargo “se desconoce si ya existen acuerdos a nivel nacional para que su aplicación se dé en todas las entidades federativas o bien si ya las instituciones estatales de procuración de justicia cuentan con normas de competencia profesional que permitan certificar en el corto plazo a sus peritos.”
Dijo que en relación a la acreditación de los laboratorios forenses, que garanticen la aplicación de estándares internacionales para la obtención de resultados confiables, son en la actualidad escasos los esfuerzos en esta materia y solamente podríamos mencionar que algunos laboratorios se encuentran en proceso de acreditar algunas especialidades y otros incluso desconocen los beneficios del procedimiento de acreditación, que está basado en estándares de buenas prácticas a nivel internacional y que seguramente al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, será un tema fundamental para la defensa de los dictámenes periciales y por ende el valor probatorio de la prueba científica en el sistema de justicia penal acusatorio
“En ese sentido proponemos dotar al Congreso de la Unión de las atribuciones para que pueda expedir la Ley que instituya el Instituto Nacional de Servicios Periciales, como órgano público constitucionalmente autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena independencia para dictar sus informes.”
“Contar con un organismo constitucional autónomo en materia de servicios periciales, se podrán unificar los recursos humanos, materiales y de infraestructura operativa, lo que permitirá una orientación del personal de acuerdo a las necesidades de cada entidad; la adquisición de equipo especializado y la capacitación especializada en cada una de las materias periciales y su certificación por competencias o materia de especialización, lo cual evitará discrecionalidad en el desempeño de las actividades”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y Estudios Legislativos Segunda.
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