Los 11.5 millones de documentos de una firma de abogados con sede en Panamá, Mossack-Fonseca, filtrados a un medio alemán y luego distribuidos a un amplio grupo de periodistas de todo el mundo, han dado lugar a un escándalo de proporciones todavía incalculables porque revela el modus operandi con el que muchos poderosos ocultan sus ingresos, sea por su procedencia o sea con el afán de evadir el pago de impuestos.
Centenares de empresarios, políticos, figuras con fama pública e incluso delincuentes aparecen en la lista de personajes que han hecho uso de paraísos fiscales y de empresas fantasma.
Los Papeles de Panamá provocaron un tsunami que, sin embargo, tuvo efectos diferenciados en cada país. En Islandia cayó el primer ministro; Argentina investiga a su flamante presidente, Mauricio Macri; en España propiciaron la renuncia del ministro de Industria de Mariano Rajoy; en varios países más se han registrado manifestaciones de protesta por el involucramiento de gobernantes en la trama de los paraísos fiscales.
Los Papeles de Panamá dan cuenta, al menos, de operaciones oscuras que pretenden evadir los controles impuestos por los sistemas financieros. En el mejor de los casos, muestran cómo los ricos aprovechan legislaciones laxas y sistemas de fiscalización débiles.
Como si se tratara de un coro ensayado, muchos de los involucrados han rechazado que tener sus cuentas en paraísos fiscales y empresas de pantalla sea ilegal. Del mismo modo, han evitado explicar las razones por las cuales manejan su dinero a través de mecanismos diseñados para ocultar el origen y destino de fondos que no son una bicoca: según despachos como McKinsey, en los paraísos fiscales se refugian unos 30 billones de dólares.
Además de echar luz sobre las prácticas irregulares de una parte de las élites mundiales, los Papeles de Panamá obligan a cuestionar la efectividad de los sistemas financieros internacionales para seguir la pista de capitales de dudoso origen, sobre todo porque en la trama han participado instituciones bancarias otrora acusadas e incluso castigadas por lavar dinero de organizaciones criminales.
Abrir una sociedad offshore no es delito. Eso es cierto, como lo es que muchos de quienes recurren a esos instrumentos pretenden esconder información, sea de otras personas o de las autoridades de cada país.
Pretenden, como bien revelan los reportes que describen la complicada ruta del dinero, tener prestanombres que les ayuden a borrar rastros de sus fortunas.
En México, el Servicio de Administración Tributaria ha anunciado una pesquisa para saber si en el caso existió la evasión de impuestos. Los antecedentes recientes de investigaciones que involucran a personajes ligados al poder, que invariablemente han desembocado en declaratorias de inocencia pese a las irregularidades evidentes, nos conducen a desconfiar de autoridades que en lugar de hacer su trabajo de fiscalización pretenden encubrir a quienes han realizado prácticas ilegales.
En ese sentido, poderosos empresarios lo mismo que otros personajes cercanos al primer círculo del poder y cuyos nombres figuran en los documentos revelados, pueden estar tranquilos. México es el paraíso de la impunidad.
Los Papeles de Panamá revelan la doble moral y el cinismo de élites que al mismo tiempo que aplauden recortes en los presupuestos públicos y aumentos de impuestos, buscan la manera de ser la excepción y quedar fuera del cumplimiento de sus obligaciones en cada país.
Las autoridades fiscales del país están obligadas a llevar a cabo investigaciones profundas y convincentes que lleven ante la justicia a los evasores de impuestos. A menos que pretendan que la sociedad se siga apretando el cinturón mientras una pequeña elite recibe un trato de excepción y privilegio.
La autora es senadora de la República.
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