En UNGASS 2016 debe plantearse la necesidad de terminar la criminalización hacia las personas que usan drogas: senador Miguel Barbosa


  • Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas asegura que fracasó la guerra en el mundo contra las drogas.
  • Hay que alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen.

 

En la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (UNGASS), el gobierno mexicano debe plantear la necesidad de terminar con la criminalización, marginalización y estigmatización de las personas que usan drogas, y que la guerra global contra éstas fracasó, señaló el senador Miguel Barbosa Huerta.

 

El coordinador de los senadores del PRD recordó que desde el año 2011 el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas aseguró que la guerra en el mundo contra los estupefacientes fracasó y esto ha traído consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo.

 

Además, añade que a 50 años del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y 40 años después de que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas, se necesitan reformas urgentes fundamentales en las políticas de control  de drogas nacionales y mundiales.

 

Barbosa Huerta dijo que la sesión de UNGASS 2016 está precedida por las llevadas a cabo en 1998 y 2009, y se da en un momento donde se discute sobre la ineficacia de las actuales políticas de drogas en varios lugares del mundo, y en el que una serie de países y territorios han adoptado innovadoras políticas sobre los estupefacientes.

 

¿Qué planteará el gobierno mexicano en esta importante sesión? ¿Cómo explicará a la comunidad internacional las reticencias de su gobierno para armonizar las leyes a lo que hace unos meses resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación?, cuestionó el coordinador parlamentario.

 

¿Qué debería plantarse en esta sesión? En primer lugar, destacar que es importante terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas; desafiar los conceptos erróneos comunes acerca de los mercados de drogas, el uso de éstas y la dependencia.

 

“De ahí la importancia de alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos”, comentó.

 

El senador Miguel Barbosa dijo que esta recomendación se enfoca especialmente al cannabis, pero también se puede aplicar a otros ensayos de descriminalización y regulación legal que puedan conseguir estos objetivos y proveer modelos para otros.

 

En este sentido, consideró que el gobierno federal podría realizar acciones como: hacer compatible la Ley General de Salud con las disposiciones declaradas inconstitucionales por la SCJN; reubicar el Tetrahidrocanabidol para permitir su uso médico e investigación; reformar disposiciones que criminalizan a las y los consumidores; desarrollar un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento Especializado para Adolescentes.

 

Además, establecer los lineamientos generales para la implementación de los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica; permitir el cultivo del cannabis; clubes de Consumo Recreativo; modificaciones a la tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato; y un catálogo de derechos para las personas consumidoras.

 

Este listado mínimo es la base para reconocer la existencia de personas que tienen derechos y pueden exigir o demandar; esto es, atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas para otros y, por consiguiente, al establecimiento de mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad, es decir, derechos plenamente exigibles, explicó.

 

“Cualquier violación a los derechos humanos de las personas usuarias compromete la responsabilidad del Estado, y éstas se encuentran efectivamente facultadas – tanto en el ámbito nacional como en el internacional – para exigir al Estado que asuma dicho compromiso”, refirió.

 

El senador Miguel Barbosa dijo que el reconocimiento de las personas usuarias de drogas como sujetos plenos de derechos es imprescindible.

 

“En la Ley General de Salud debe establecerse un piso mínimo de derechos, tanto para las personas usuarias como para las personas con consumo problemático y que requieran de la atención de los servicios y centros públicos o privados para el acceso a los programas de prevención o de atención al consumo”, comentó.