La tortura afectará viabilidad del nuevo sistema de justicia penal, advierte de la Peña Gómez


  • Video en redes sociales denuncia la cotidianidad de la tortura
  • Instituciones de seguridad sin políticas claras de prevención

 

La senadora Angélica de la Peña condenó enérgicamente los actos de tortura cometidos por dos elementos militares y uno de la policía federal en contra de una mujer detenida en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, -cuyo video circula en redes sociales- y lamentó que una vez más quede expuesto que la tortura es una práctica común en cualquier parte del país y que ninguna de las instituciones implicadas haya informado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

Resaltó que si bien la Procuraduría Justicia Militar actuó acorde a los protocolos establecidos para los casos en que la agresión afecta a una persona civil y dio vista y el desglose de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República (PGR), “lo preocupante es que pese a las reformas legislativas, los señalamientos y denuncias de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales, la tortura se sigue ejerciendo para obtener confesiones autoinculpatorias, como se evidencia en este caso, porque no hay políticas claras de prevención de la tortura en las instituciones de seguridad”, añadió.

 

La senadora del PRD indicó que el video muestra también la complicidad no sólo entre un oficial del Ejército y su subordinada, sino que incluye a una Policía Federal, por lo que se deduce que se trató de un operativo coordinado y que tenía a un superior jerárquico y del que hasta ahora se desconoce si se le ha fincado alguna responsabilidad.

 

Se trata, explicó de la Peña Gómez, de una violación grave a los derechos humanos de esta mujer, además de una trasgresión a los principios de presunción de inocencia y al debido proceso, lo que debería invalidarse cualquier procedimiento penal al que pudiera ser sometida como presunta responsable.

 

“Si la tortura sigue siendo generalizada, como ha señalado el Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, o continúa como un método de investigación, como han denunciado organizaciones civiles, el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio enfrentará una crisis aún antes de estar vigente en todo el territorio nacional, porque este sistema se fundamenta en las pruebas aportadas por los fiscales, no en confesiones; de ese tamaño es el problema que se avizora.”

 

En el Congreso deben redoblarse esfuerzos para lograr consensos y la voluntad política para aprobar en este período de sesiones la ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de tortura, no sólo porque es una obligación derivada de tratados internacionales sino porque la ciudadanía lo exige.

 

Finalmente, la senadora Angélica de la Peña  consideró que la PGR debe actuar con prontitud y determinar la responsabilidad de todos los implicados en la evidente comisión del delito de tortura para que sean sancionados, e hizo un llamado a la CNDH para que apresure la investigación a fin de proteger los derechos de la víctima de este delito y emitir las recomendaciones correspondientes.

 

 

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