Hasta Islandia, ida y vuelta, nadando… / Excélsior


La leyenda “República Bananera Nórdica”, que apareció en la protesta de la plaza central de Reikiavik, hace unos días en Islandia, obliga a reflexionar sobre cómo funciona nuestro país, cuando lo comparamos con otros.

Mientras que miles de habitantes salieron a repudiar, con el grito “¡Renuncia ya!”, el hecho de que su primer ministro esté implicado en los famosos Panama Papers, en México no ha habido grandes reacciones.

En el caso de Islandia, sin siquiera tener confirmado algún delito, y mucho menos haber sido condenado, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ocultó información a su pueblo, sobre una empresa que lo liga a un paraíso fiscal. La gente calificó esto como traición a la confianza pública; y el precio fue su cabeza.

¿Qué tan lejos estamos nosotros de Islandia, como gobierno y como sociedad? Tristemente estamos lejos. Muy lejos.

Los Panama Papers, una filtración masiva de documentos financieros sobre inversiones de políticos, empresarios, deportistas y artistas en paraísos fiscales, con el objeto de evadir impuestos o realizar lavado de dinero, nos vuelve a confirmar que la corrupción es un fenómeno mundial.

Este escándalo permite evaluar la capacidad institucional de los países involucrados, así como la madurez y participación de sus sociedades, para rechazar y castigar los actos de hipocresía en el sector público y privado.

El ejemplo más contundente y representativo, hasta ahora, es el caso de Islandia. A tan sólo 45 horas de haberse difundido la noticia sobre la implicación de su primer ministro en esta revelación histórica, más de diez mil islandeses salieron a las calles a protestar y exigir su salida. Ante fuertes presiones políticas y la severa exigencia social, el funcionario presentó su renuncia.

Algunos otros jefes de Estado involucrados en esta investigación son el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el primer ministro británico, David Cameron. En el primer caso, un fiscal ya ordenó la apertura de una investigación, mientras que en el caso del Reino Unido, tanto los miembros de su propio partido como del partido de oposición le han exigido un informe detallado sobre el manejo de sus finanzas personales, e incluso algunos ya le han exigido su renuncia.

En el caso de México, el Presidente de la República no ha sido señalado directamente. Pero sí hay 33 mexicanos involucrados, entre los cuales destaca el nombre de Juan Armando Hinojosa, el dueño de Grupo Higa, una de las principales empresas contratistas durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador, y quien se encuentra involucrado en la adquisición de la famosa Casa Blanca. A través de los Panama Papers se ha dado a conocer que el propietario de Higa transfirió 100 millones de dólares de su fortuna a tres fideicomisos en paraísos fiscales, en el mismo momento en que se publicitó su participación en la compra de la casa de siete millones de dólares de la primera dama. La pregunta es: ¿por qué en Islandia sí es posible que un primer ministro renuncie, mientras que en nuestro país estas revelaciones ameritan tan poca atención y se colocan como una más de las noticias en la agenda informativa?

La diferencia entre países como Islandia y el nuestro es, por un lado, la solidez y eficacia de sus instituciones; la amenaza creíble de que la justicia es igual para todos. Por otro lado, está una ciudadanía que es capaz de plantarse frente a sus gobernantes para exigir su renuncia cuando traicionan los principios del servicio público.

La SHCP y al SAT están obligados a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y morales, de nacionalidad mexicana que aparecen en la filtración referida, y se finquen las responsabilidades correspondientes por cualquier tipo de irregularidad o delito fiscal. También, en medio de la discusión de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, estas filtraciones evidencian que debemos dotar a las instituciones de herramientas para seguir las rutas del dinero, dentro y fuera del país.

En México necesitamos crecer mucho como clase política, pero también como ciudadanía, porque ambas somos corresponsables de nuestra realidad y ésta no será mejor sin un compromiso valiente y sostenido de ambas partes.