El pasado martes presenté en el pleno del Senado de la República un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, para que realice modificaciones a diversos artículos de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en esa entidad federativa, mejor conocida como Ley Eruviel o Ley Atenco.
Extendí el exhorto a la Legislatura del Estado de México para que discuta y apruebe modificaciones a la misma ley, a fin de armonizarla con la Constitución Mexicana, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos firmados por México, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la propia Constitución Política del Estado México, el Código Penal, la Ley que Crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad, todas de dicha entidad.
Al día siguiente, el Gobernador Eruviel Ávila pidió a los integrantes del Congreso Local promover un recurso de inconstitucional en contra de la Ley Atenco, recién aprobada por ellos, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine su viabilidad.
El mandatario mexiquense fue el promotor de la ley que envío al Legislativo local y también se encargó de mandarla a promulgar en la Gaceta de Gobierno del Estado apenas el pasado 18 de marzo. Ahora, el Gobernador actúa como la «Santísima Trinidad” pasando de uno a otro poder, del Ejecutivo al Legislativo, incluso al Judicial. Eso ya no funciona en las democracias actuales.
En vez de “pasar la bolita” a otro poder, lo que se requiere es abrir un espacio de diálogo en materia de Derechos Humanos y Seguridad Pública, con académicos expertos, organizaciones sociales, legisladores y sociedad civil, en una auténtico Parlamento Abierto y evitar con ello la aplicación de una «Ley Bala» como en su momento se aprobó en el Estado de Puebla.
En el informe que el 2 de marzo de 2016 emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, en particular para regular el uso de la fuerza pública con legalidad y proporcionalidad, se señaló la preocupación por la legislación que versa sobre el uso de la fuerza pública y regulariza su uso, “lo cual es contrario a estándares internacionales en la materia”. La recomendación número tres en el área de Seguridad Ciudadana es “adoptar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
La Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México no comparte la visión que la Comisión Interamericana expresa sobre la función legítima de los cuerpos de seguridad, que es “proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos (…) sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones”.
La Ley Eruviel tiene graves omisiones constitucionales, convencionales y legales, tales como el apartarse de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, instrumento adoptado por los países que integran la Asamblea General de la ONU, donde se señala que el uso intencional de armas letales sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y que las medidas menos extremas hayan resultado insuficientes.
La Ley en cuestión no atiende a estos principios, establece la posibilidad del uso de armas letales en múltiples situaciones y con tal ambigüedad que deja a los ciudadanos sin certeza jurídica y sin la debida protección de su vida, integridad y seguridad.
La ley Eruviel adolece, en su terminología, estructuración y contenido básico, de principios y elementos que permitan garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y las garantías individuales consagradas en nuestros ordenamientos constitucionales.
Por ello, el Gobernador Eruviel Ávila debiera entender que su propuesta de ley nunca estuvo bien y asumir su responsabilidad a cabalidad. La sociedad en esto no lo respalda. XXX Twitter @SenLuisSanchez
