Con el fin de garantizar el derecho a una alimentación nutritiva de las personas con discapacidad, la senadora Verónica González Rodríguez propuso que la Secretaría de Desarrollo Social determine programas de apoyo en la materia de acuerdo con el tipo de discapacidad y condiciones de salud que presente cada persona.
Al fundamentar una iniciativa que modifica el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la representante de Tlaxcala señaló que garantizar la inclusión social de estas personas es responsabilidad del Estado.
En este sentido, dijo, es necesario implementar políticas públicas con una visión incluyente y elemental que ponderen el respeto y la protección de los derechos humanos de grupos específicos de la población, particularmente los que tienen menores probabilidades de gozar de sus derechos.
En tribuna, la legisladora del PRD destacó que, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2010, en México existen alrededor de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad; es decir, 5 por ciento de toda la población.
“En su mayoría las personas con discapacidad son adultos mayores -51.4 por ciento- y hay mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los decíles de ingreso más bajos que en los más altos, por lo tanto, son personas que representan altas posibilidades de requerir algún tipo de apoyo social”, indicó.
Además, señaló, muchos pertenecen a comunidades rurales y no solo carecen de recursos económicos suficientes, sino que también tienen oportunidades limitadas para acceder a programas sociales en materia de alimentación y por ende a disfrutar del máximo grado de salud que se pueda lograr.
González Rodríguez reconoció que en los últimos años, distintas instancias de Gobierno han prestado interés especial en desarrollar políticas de atención a personas con discapacidad, incluso, se han establecido programas para evitar la discriminación de este sector y facilitar su accesibilidad a los espacios y funciones del Estado.
Sin embargo, enfatizó, existen retos y adversidades que les impiden gozar de muchos de sus derechos básicos para tener una vida plena, siendo el derecho a la salud permanentemente violentado cuando se carecen de programas o apoyos en materia de alimentación nutritiva y de calidad, como lo establece nuestra Constitución.
“Esta es una situación grave al considerar que en función del tipo de discapacidad que puede presentar una persona, necesita una dieta específica en consideración a su condición”, resaltó.
Por ello, explicó, su propuesta pretende ser un elemento que coadyuve a entregar a la ciudadanía, políticas de vanguardia que garanticen las mismas oportunidades para todos por igual, sin distinción alguna.
“Si nuestro país pretende reducir las brechas existentes en cuanto a discriminación y garantizar la inclusión de todos los mexicanos por igual hacia los diferentes programas sociales que actualmente se encuentran en ejecución, es importante implementar medidas como lo planteado”, concluyó.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.
0-0-0
