Para la senadora Angélica de la Peña la determinación de la Procuraduría General de la República(PGR)de no ejercer acción penal en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria en relación a la denuncia en su contra por el supuesto delito de fraude, era previsible porque a todas luces la acusación carecía de fundamento.
Dijo que la denuncia generó suspicacias desde el primer momento, incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) la calificó de infundada y parte de lo que llamó una campaña de descalificación en contra de la investigación y estadía del Grupo Interdsciplinario de Expertos Independientes(GIEI) en México.
De la Peña Gómez apuntó que quienes han acusado Emilio Álvarez de actuar siguiendo intereses personales, desconocen u omiten intencionalmente su impecable trayectoria y la inscripción dela CIDH como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de esta última y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Explicó que el desempeño del Secretario Ejecutivo ha obedecido a las instrucciones de los miembros de la CIDH, a sus funcionesinstitucionales y respetando puntualmente el acuerdo suscrito entre autoridades del gobierno mexicano, los familiares de los estudiantes desaparecidos y la propia Comisión, para conformar el GIEI y los objetivos de su misión.
No sobra decir, continuó la legisladora del PRD, que el Estado mexicano fue el solictante de la asistencia técnica de la CIDH mediante un acuerdo de colaboración y conforme a los preceptos de la OEA, para lo cual realizó una contribución financiera voluntaria a las cuentas de la Secretaría de Finanzas de la OEA y cuyo destino es designado y supervisado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la organización.
“Esperamos que con la determinación de la PGR concluyan las descalificaciones en contra de Emilio Álvarez Icaza, el GIEI y la CIDH, y se les permita cumplir sus altas responsabilidades a favor de la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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